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Giovanna Flores Medina

Política internacional, derecho humanitario y seguridad alimentaria

AL ASSAD Y LA HAMBRUNA DE MADAYA

Niña de Madaya

Estremecedor e inhumano, un video con el doloroso relato sobre la agonía de una familia siria víctima del hambre y del terror se difunde en todos los medios, y es apenas una muestra del averno en Madaya. Antes fueron Homs y el campo de refugiados de Yarmouk las ciudades que acapararon la prensa por las atrocidades que uno y otro bando han cometido en esta guerra de media década.

Sin embargo, la tragedia de hoy es una hambruna profusamente documentada que evoca las deplorables imágenes del holocausto. Niños y adultos famélicos, centenares de muertos que a diario ocupan las calles y ruinas, y una pestilencia que se cierne sobre la otrora ciudad de lujos y hortalizas veraniegas como la mayor indignidad para los civiles y su fe.

Infames 175 días de asedio, devastación y carestía que han dado el golpe final de la famosa serie de Los Juegos del Hambre o de alguna megaproducción holywoodense. Mas, esto no es ficción ni propaganda política, y no cabe otra calificación para ello que el de crimen de guerra, cuyos responsables debieren ser investigados y sancionados. Una justicia penal internacional que parece ilusoria ante el poder de los aliados de Bashar Al Assad. China y Rusia —interesadas en la reconstrucción y el control energético— apoyan el cierre total de fronteras a la ayuda humanitaria, pese a que no existe amenaza terrorista alguna, ni fuerzas de Estado Islámico y menos presencia de militares, mercenarios o sicarios occidentales. Un discurso que se torna vergonzante e ilegítimo, pues hace gala de las miserias del negacionismo y cuyo vocero, el gobernante sirio, llega a afirmar que las bajas de Madaya son las propias de un conflicto; mientras los activistas de derechos humanos denuncian —parangón del nazismo— los crímenes de su triunfo de la voluntad.

Los sobrevivientes, más de 40 mil habitantes y mayoría suní, claman por una verdadera paz —junto a los millones de víctimas— y no el limbo de indefensión de la hoja de ruta pactada entre las naciones amigas de Siria y validada ante el Consejo de Seguridad de la ONU a fines del 2015.

La reparación, la memoria y la verdad procesal son derechos humanos universales y Madaya, aunque tarde décadas su justicia, necesita de nuestro debate y atención.

Save Madaya

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/11/madaya-more-starvation-deaths-as-aid-convoys-head-to-besieged-syrian-town

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EL GENOCIDIO DE RUANDA: JUSTICIA Y UNIVERSALIDAD

Ruanda

800.000 muertos reconoce la justicia penal internacional como la cifra infame del odio y las atrocidades que avergüenza a la ONU y enluta a Ruanda desde 1994: el primer genocidio que conoció el mundo tras el holocausto. Entre el 6 de abril de ese año y agosto, sistemáticamente, la histórica violencia tribal devino en una guerra civil y en la implementación de un plan de exterminio de la minoría tutsi por los gobernantes de la población hutu.

Aquella tarde, el magnicidio del presidente ruandés y su par de Burundí, quienes viajaban juntos en un avión derribado por misiles —cuya autoría jamás ha sido investigada—, abrió la puerta al terrorismo de Estado, disponiéndose ilegítimamente de las ayudas humanitarias para el pago de mercenarios que ejecutaran ‘la solución final’.

De inmediato la prensa extranjera dejó testimonio del averno que se extendía por aquel país sumido en la extrema pobreza del 70% de su población —de un total de 8 millones—, cuya esperanza de vida promediaba los 44 años y cerca de 250.000 adultos padecían los efectos del SIDA. En cuestión de semanas, las iglesias y escuelas se convirtieron en centros de esclavitud y tortura, incluyendo mutilaciones, violaciones colectivas y ejecuciones. Todo ello ante el inmovilismo y el debate vacuo de Naciones Unidas sobre el derecho o no a intervenir militarmente y la urgencia de otros conflictos post-soviéticos.

Meses después, la única salida fue la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene amplias atribuciones para perseguir a los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho humanitario cometidas en 1994. Una instancia criticada por el reducido número de condenas, la escasa independencia de sus jueces y fiscales al compartir funcionarios con el Tribunal para la Ex Yugoslavia, y un supuesto secretismo con otras jurisdicciones nacionales, como la francesa que en virtud del principio de la universalidad ha logrado condenar a varios criminales excluidos por la corte.

Este 31 de diciembre cierra su funcionamiento y, pese a la deuda con el derecho a la memoria de las víctimas, constituye un hito que legitima el imperio de la justicia penal internacional y la responsabilidad de proteger.

Infografía Ruanda
Infografía, Fuente: INFOBAE.COM

PARÍS: REALPOLITIK Y JUSTICIA CLIMÁTICA GLOBAL

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Ante las crisis humanitarias que está provocando el cambio climático, hoy Francia es considerada la cuna de una nueva doctrina: la incipiente justicia climática internacional y de los Derechos Humanos.

Por primera vez, desde la Conferencia de Rio 92 y tras varios fracasos, los 195 estados miembros de la Convención Marco contra el Cambio climático logran un pacto de mínimos, sometiéndose a deberes de autorrestricción de emisiones contaminantes y su revisión quinquenal, además de aprobar un fondo común de inversiones para el desarrollo de energías limpias.

Todo ello, considerando prerrogativas y bienes jurídicos colectivos de última generación: seguridad alimentaria, bioseguridad, salud y agua.

El Acuerdo de París del pasado 12 de diciembre y su escueta mención al concepto de justicia climática fijan entonces un punto de no retorno en el limbo de indefensión que durante dos décadas ha creado una geopolítica del abuso sobre la soberanía de los recursos naturales, dentro y fuera de los límites nacionales.

El apocalipsis chino de nubes tóxicas que acechan a Beijing; el Leviatán de las mafias pesqueras que asedian el patrimonio marítimo de ciertos países; la debacle de la fauna marina por el deshielo de los glaciares; la crítica deforestación del Amazonas; el uso indiscriminado y sin medidas de mitigación de la economía de los combustibles fósiles; la agonía de la soberanía alimentaria de etnias de Centroamérica y del Sudeste Asiático, así como las crisis de desplazamiento de centenares de miles en Bangladesh y Medio Oriente, son todas resultado de un mismo fenómeno que atenta contra la vida humana y perpetúa la pobreza.

Más allá de la realpolitik de los conversos climáticos –EE.UU, Rusia, China, India, y Canadá, entre otros–, preocupados como nunca antes del cambio hacia la matriz de energías limpias y su control, lo relevante es que se ha abierto la puerta a una justicia climática centrada en los derechos humanos.

La tipificación de crímenes medioambientales como figuras de lesa humanidad y la creación de una corte internacional sobre la materia son parte de una lucha de reconocimiento que recién comienza.

Chile es uno de sus suscriptores y está obligado a asumir una posición que vele por su derecho al desarrollo y una justicia climática propia.

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node/3444

PINOCHET Y EL EFECTO GARZÓN: JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y EL DEBER DE LA MEMORIA

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No es el testimonio historiográfico ni la recreación del modus operandi de los crímenes aún impunes de la guerra civil lo que develan las vivencias del adolescente sargento Rafael de Los Cobos, sino una mirada comprensiva sobre la debacle ética y cultural que traería consigo el triunfo del Generalísimo sobre la sociedad española.

Nada podría, entonces, borrar los vestigios del festín de muerte y desaparición celebrado por los franquistas en un mundo agrario precarizado y bullente de expectativas por mayor democracia y derechos. Nada podría aplacar el retroceso moral que pensaban implementar como herencia, modelo caracterizado por la impunidad, donde los pobres y opositores no tendrían cabida, salvo como peones, y los aristócratas se moverían bajo el concupiscente péndulo de la realpolitik.

Así, enfrentado a las miserias de la sistemática del fusilamiento, los juicios sumarios y la tortura —cuando todavía no existían para la justicia las nociones de atrocidades ni se aspiraba a la vigencia de pactos internaciones sobre derechos humanos—, su relato sobre las traiciones de sus superiores hacia ciertos falangistas, o el abuso y la brutalidad contra sacerdotes, campesinos rojos y niños, constituye una memoria que es derecho y deber, incluso hoy, casi 80 años después.

Aquella fatídica mañana del invierno de 1937, mientras Rafael, duque de Barcelona, dejaba el destacamento rumbo a Madrid, hundido en las cavilaciones del viaje que probablemente lo conduciría hacia su destino de elite y su propio festín de guerra, el coronel Masagual —apodado La Horca por la arbitrariedad y excesos de sus condenas— lo despide con una reflexión que destila una ambigua humanidad:

«A ese pequeño aristócrata idealista lo extrañarás. Aprenderá muchas cosas ahí.

Si sobrevive, tendrá una larga vida. Una vida que yo no quisiera.

Esta guerra, que ganaremos, traerá un mundo sórdido… cuando llegue la paz, los Sancho Panza de España matarán a Don Quijote y tomarán el poder.

Nuestros Sancho Panza serán notarios, sacerdotes, comerciantes, duques, pero no poetas. Con ellos la belleza será un insulto, la inteligencia una provocación, y el amor un pecado.

La oscuridad caerá sobre España».

Fueron estas palabras, parte de la escena de clausura de la película Fiesta (Pierre Boutron, 1995), basada en la novela autobiográfica y homónima de José Luis de Vilallonga —uno de los mayores exponentes de la literatura sobre la memoria en España— las que retumbaron en la conciencia de varios juristas, entre ellos, Joan Garcés y Baltazar Garzón.

En pleno debate sobre el fracaso de la transición y la legítima expectativa de verdad y tardía reconciliación, se exhibía una nueva clave sobre los crímenes de la guerra civil y los 40 años de régimen de Franco: la memoria de las víctimas como bien colectivo e imprescindible de la cultura, una prerrogativa fundamental que merecía ser respetada y protegida. Así, los atributos de universalidad e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra adquirieron otra justificación: la de ser herramientas de la reparación de una identidad cultural fracturada, sometida a la impunidad histórica, y siempre limitada para los casos más emblemáticos por el fantasma de una precaria justicia transicional. Sin esta consideración, base del derecho a la verdad y del deber de la memoria, España seguiría atesorando la oscuridad y la vulneración de las víctimas antes que la justicia.

La relación, por tanto, entre derecho/deber de la memoria y justicia universal, resulta inescindible. De esta forma lo ha explicado en diversas ocasiones quien diera cuerpo a la doctrina de la jurisdicción universal de los derechos humanos e inaugurara la justicia penal internacional, ya no radicada en tribunales ad hoc, sino en la judicatura establecida. Es decir, ejercer lo que era propio de los tribunales ordinarios y para lo cual todo juez estaba preparado sin necesidad de mandatos de organismos internacionales ni mediando crisis humanitarias inminentes. Un hecho fundacional que tiene a Chile y a Augusto Pinochet por protagonistas, evidenciando las espurias similitudes pretendidas por el general chileno respecto de Franco y su dictadura, misma admiración que le llevó a la anecdótica participación de su funeral en 1975.

Fue así que el 16 de octubre de 1998 en Londres, día de la detención de Pinochet por el Scotland Yard, se abrió la puerta a la extraterritorialidad de la persecución penal y se marcó un punto de inflexión para la doctrina y la dogmática jurídicas: el fundamentalismo del respeto y protección imprescriptible de los derechos humanos por primera vez se hacía realidad sin abusar de la tergiversación del discurso.

La revolucionaria y personalista Declaración Universal de DD.HH.

El 10 de diciembre de 1948 es una punta de lanza contra los totalitarismos y atrocidades de los primeros cuarenta años del siglo XX, pero cuya vocación universal aún no logra asentarse en una sociedad global desconocedora de los mecanismos de justicia internacional. En efecto, mientras Eric Hobsbawm afirmaba que era el tiempo de los genocidios, Albert Camus la describía como la época del miedo, el terror y la violencia.

Ambos autores fueron testigos del ejercicio de lo que después conoceríamos como terrorismo de Estado. Violencia y represión que se erige en un valor político de los aparatos de gobierno y encarna el desprecio por la dignidad humana que detentan quienes participan en el ejercicio del poder, eligiendo con total responsabilidad la vía de la deshumanización y su criminalidad asociada. Aquel era un mundo que, atribulado tras los horrores del triunfo de la voluntad del Tercer Reich y los efectos de la bomba atómica, encontró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos un instrumento revolucionario: el personalismo y la doctrina de la universalidad de tales prerrogativas. Un pacto de mínimos entre los Estados en que —más allá de la moral religiosa y la ley natural— sería la dignidad de las personas el único bien jurídico protegido para frenar lo que incipientemente se llamaba crímenes contra la humanidad.

De manera tal que los albores de la creación del actual sistema de justicia de derechos humanos comienzan el 10 de diciembre de 1948. Ese día se aprobó en la tercera Asamblea General de la ONU por un total de 48 votos —de un universo de 58— el primer catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Su articulado fue redactado por una comisión permanente de derechos humanos designada por el Consejo Económico y Social, en cuyo seno se reunieron afamados filósofos, juristas y activistas de la época. La presidencia encargada a una socialité y millonaria Eleanor Roosevelt permitió disponer de recursos para asegurar la participación de su variado elenco. Entre sus redactores, los aportes más relevantes provinieron de René Cassin, Peng Ch. Chang y Charles Malik —asimismo del chileno Hernán Santa Cruz—, quienes convirtieron en mayoría las tesis sobre la universalidad planteadas por Jacques Maritain, cabeza de un panel de expertos de la Unesco. Todos eran coincidentes: tanto las distintas religiones como las teocracias, incluido el Vaticano, deberían ceder a un orden jurídico universal.

Aquel texto significó un nuevo horizonte normativo cuyo contenido, si bien no es vinculante, constituye una hoja de ruta y una piedra angular para evitar los excesos de los Estados y aplicar justicia cuando son vulnerados.

La detención de Pinochet y el efecto Garzón: los albores de la jurisdicción universal

El mismo año que es detenido el dictador chileno se conmemoraba medio siglo de vigencia de la Declaración Universal y se acordaba el primer texto de Justicia Penal Internacional: el Estatuto de Roma. Quizá por eso, pese a la larga lista de dictadores y tiranos investigados en la época, el rostro de la criminalidad y terrorismo de Estado fue el de Pinochet. Toda la prensa mundial estaba pendiente de su suerte a lo largo de sus 503 días de detención domiciliaria. La suya no era solo la responsabilidad material en los delitos que se le imputaban y eran investigados, sino una responsabilidad ideológica y política que encontraba su fundamento en la universalidad de la persecución penal y en el derecho a la memoria de las víctimas.

Aunque las querellas presentadas por Joan Garcés comenzaron a ser sustanciadas por otros magistrados, el turno hubo de caer en Baltasar Garzón y es él quien logra la emblemática detención. Primero con una orden simple de interrogatorio en calidad de testigo y en la cual solicitaba su extradición, y tres días más tarde ampliando el requerimiento en una orden de detención por autoría de los delitos de tortura y genocidio. La novedad era la aplicación extraterritorial de la ley: los crímenes de lesa humanidad habían sido cometidos en Chile contra ciudadanos españoles y él se encontraba de viaje no oficial en Inglaterra. La extradición a España era necesaria, pero se inició el debate sobre la calidad de Pinochet: ¿gozaba o no de inmunidad diplomática?, ¿eran o no delitos extraditables?, y ¿era más competente y preparada la justicia española o la chilena? Pasaron 16 meses en que el ‘affaire Pinochet’ sentó jurisprudencia y criterios interpretativos nunca antes valorados hasta que la Cámara de los Lores resolvió que no gozaba de inmunidad y que debía ser juzgado. No obstante, nunca salió de Londres, pues se terminó fallando en contra de la extradición.

Los cargos consistentes en 94 denuncias de tortura contra civiles españoles, incluidos el homicidio (ejecución) del diplomático español Carmelo Soria en 1975 y una serie de conspiraciones para cometer tortura, tampoco terminaron siendo juzgados en España. Sin embargo, en Chile se cerró la brecha de negación del Poder Judicial y a su regreso el 3 de marzo del año 2000 varias querellas ya habían sido presentadas, las que sumaron más de 300, alcanzando además 14 desafueros.

La literatura especializada y de ficción, el cine y el teatro convirtieron esa estancia en The London Clinic en un presagio de la caída de su poder y la impunidad histórica e ideológica —que no penal—, de la cual había gozado bajo la justicia transicional. La propaganda en torno a su senectud, su demencia senil, su amistad con una anciana y demodé Margaret Thatcher, dieron paso a la lejanía de la derecha más liberal, y los estertores de los últimos golpistas, síntomas irreductibles de su declive y de que la memoria podría ser reconstruida en Chile.

A su muerte, precisamente el 10 de diciembre del 2006, a la edad de 91 años y sin haber sido condenado por ningún crimen, ya en Chile estaba asentada de forma primigenia la doctrina del derecho a la verdad y el deber de la memoria como derechos humanos. Hoy resultaría, al menos, políticamente incorrecto, asumir el negacionismo de las atrocidades cometidas bajo su mandato y disminuir los efectos perniciosos que generó en la identidad cultural de Chile.

La degradación de la colmena versus la universalidad del deber de la memoria

Una de las expresiones más neorrealistas y críticas, por ausencia de un discurso en contra del dictador chileno, es el premiado documental nacional La muerte de Pinochet (Perut, Osnovikoff; 2011). Un trabajo experimental que muestra en planos lineales los testimonios de cuatro personas afectadas por su fallecimiento y que, sin belleza en el lenguaje ni épica patriótica, demostraban la enajenación y desdén por la cultura de los derechos humanos.

Es esa figura de disminución personal, de expresiva inhumanidad moral ante la evidencia de la responsabilidad criminal e ideológica del dictador y los agentes del Estado, la que da pie a una valoración mayor de la memoria. La razón: la memoria es un bien jurídico colectivo que ha devenido en una categoría ética, política y jurídica, que convierte al recuerdo en un legítimo deber moral, en un antídoto contra la barbarie y el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de la represión. La memoria no es solo derecho a la verdad procesal para el individuo, sino un derecho de última generación que detenta el colectivo y, por tanto, un deber del Estado y de la comunidad.

Una forma de ilustrar ese peligro del olvido cultural se representa con una gran belleza, en opinión del mismo juez Garzón, en El Espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1974). Considerada la más poética película española, su guión es una joya del lenguaje más imaginativo y prístino contra el efecto devastador del olvido e impunidad impuesto por el franquismo. Su protagonista hará célebre la reflexión sobre la pérdida de identidad cultural, el abatimiento de la pérdida ideológica y la degradación progresiva de la memoria en la dictadura:

«En la colmena, el individuo no es nada, no tiene más que una existencia condicional, no es más que un momento indiferente, un órgano alado de la especie.

Toda la vida es un sacrificio total al ser innumerable y perpetuo del que forma parte (…) la sociedad casi perfecta, pero despiadada, de nuestras colmenas, en que el individuo es enteramente absorbido por la república, y en que la república, a su vez, es regularmente sacrificada a la colectividad abstracta e inmortal del porvenir (…) las abejas adoran a su reina, no tanto a la reina misma como el provenir infinito de su raza».

Nuestro 10 de diciembre, ese que evoca la muerte de Pinochet, es también una oportunidad para conmemorar los derechos humanos y la posibilidad de reconocer la necesidad cultural y vocación de justicia universal que detenta el deber de la memoria.

En efecto, la creación del Instituto de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, fueron iniciativas pioneras en nuestro país, aunque insuficientes. Nuestro sistema normativo y judicial ha evolucionado incorporando doctrina comparada y judicial donde se reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional (2009) y existen ministros de dedicación exclusiva a causas de lesa humanidad (2013).

Aunque se avanza lento hacia su positivización en el ámbito de Naciones Unidas, bien vale pensar que una nueva Constitución, un articulado que borre la ilegitimidad de la Carta del 80 firmada por Pinochet y reescrita por Ricardo Lagos, pudiere consagrar su reconocimiento como un derecho fundamental.

Chile merece reconstruir su memoria y las nuevas generaciones que no vivieron en la colmena de la dictadura tienen la oportunidad para hacerlo.

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/12/10/pinochet-y-el-efecto-garzon-jurisdiccion-universal-y-el-deber-de-la-memoria/

MODELO SOCIAL DE COMPETENCIA DESLEAL

Dolor y engaño han sido las expresiones que más se critican del discurso desplegado por Eliodoro Matte —Presidente de CMPC y multimillonario Forbes— en su defensa respecto a los efectos del cartel del papel tissue que tanto rechazo despierta en la ciudadanía.

Justificaciones que apelan a una emotividad elemental y que desdeñan la crítica al abuso del derecho y la práctica sistemática de los ilícitos en contra de las libertades económicas por parte del gran empresariado, en particular, los delitos de la competencia desleal.

Una visión del mercado que dista de los estándares vigentes en la UE y la OCDE, donde la autorregulación y las políticas correctivas de la economía son una vía hacia la justicia social y el derecho al desarrollo. Algunos países aplican el modelo social de competencia desleal, donde la justicia administrativa y penal investigan delitos que protegen los intereses de los consumidores y no solo de los competidores, incluso restringen precios en aquellos servicios vinculados al ejercicio de derechos como la seguridad alimentaria, la educación o la salud.

Los detalles de la delación compensada, mecanismo especialísimo de la justicia de libre competencia consistente en la autodenuncia de la participación de un delito, develaron que las ganancias por el acuerdo de precios entre competidores alcanzaron a unos US$ 400 millones. Es decir, durante una década ningún organismo económico fiscalizó un evidente ilícito, afectando tanto a competidores, proveedores y consumidores. Una negligencia de responsabilidad pública del todo criticable en un país de la OCDE cuyas primeras normas de adaptación a dicho foro internacional se dieron en esta área. A ello se suma la apariencia de impunidad que persiste en la sanción, pues sólo se aplicó una multa, ya que no existen en el derecho vigente penas de presidio para estos casos, y la defensa del Fiscal Nacional Económico en la prensa sobre la decencia de la confesión de los ejecutivos de Matte y sus socios.

El debate hoy debiera apuntar, más que a imponer penas de cárcel, al rol del Estado en la economía: mantener el statu quo y las precarias campañas de los consumidores indignados o aplicar derechamente el modelo social de competencia desleal de la OCDE.

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node/3045

LA PARADOJA DE NETANYAHU

 

El Mufti de Jerusalén y Hitler, Berlín 1941
El Mufti de Jerusalén y Hitler, Berlín 1941

 

La derecha israelí hoy está en la encrucijada de su propia estrategia de la tensión. Una disyuntiva donde se juegan tanto intereses económicos sobre la matriz energética del África como la fidelidad y el crecimiento electoral de la alianza de gobierno. En este sentido, no solo importa perpetuar el control de los asentamientos y su crecimiento en Gaza, sino legalizar la propiedad de los yacimientos gasíferos que aún no son explotados en la zona y que tanto interesan a Qatar y Arabia Saudita.

Asistimos entonces, en los últimos días, ante un paradójico despliegue discursivo por parte del premier Benjamin Netanyahu: ha hecho del negacionismo una nueva herramienta que explicaría la naturaleza cultural del odio de los palestinos hacia el pueblo judío y un flanco de ataque de la raíz del mal.

Ad portas de su visita oficial a Alemania, rememora sus denuncias de hace 20 años, sobre la instigación palestina al holocausto, generando controversia y rechazo. No sólo porque desdeña el derecho y deber de protección de la memoria de las víctimas del Tercer Reich, sino porque destruye la legitimidad de los inicios de la justicia penal internacional.

El origen de tal criminalidad sería Amin al Hussein, Mufti de Jerusalén, quien en sus encuentros con Hitler en 1941 lo habría convencido de la necesidad de la desaparición de la raza judía. Es decir, niega que haya sido un plan sistemático de limpieza étnica diseñado e implementado por vía jurídica y administrativa por parte de la Cancillería alemana, lo que alcanzaría sus máximos réditos desde la reunión de Wansee de 1942 y la adopción de la ‘solución final’: los campos de exterminio en base a las cámaras de gas.

Justamente cuando se celebran 70 años de existencia de Naciones Unidas y se conmemoran dos décadas desde el magnicidio de Isaac Rabin, a causa de los Acuerdos de Oslo —plan diseñado junto a Arafat, donde se reconocía un Estado Palestino y que se vio truncado—, sus declaraciones sólo contribuyen al descrédito y a la reaparición del fantasma del negacionismo.

Netanyahu ha propuesto erigirse en el líder que derribe la figura del bulldozer Sharon y en la lumbrera de una nueva derecha que imponga su ‘paz económica’ por sobre la justicia de la ONU. Y lo ha logrado.

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node%2F22

http://www.diarioconcepcion.cl/2015/11/03/#2/z

 

EURABIA

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Portada de The Economist: Eurabia, el mito y la realidad del Islam en Europa (año 2006).

El derecho a la legítima defensa y Eurabia son las tesis que demuestran el retroceso de la Justicia Penal Internacional en el discurso europeo y, de paso, el restablecimiento del criticado derecho a la intervención de países en conflicto. El cuadrienio de guerra en Siria, tras varios fracasos del Consejo de Seguridad para intervenir políticamente ―donde Rusia y China han vetado cualquier plan acorde con la responsabilidad internacional de proteger―, hoy rememora la arbitrariedad con la cual se desactivaron las guerras del Golfo y la de Los Balcanes. Una involución de la política de Defensa y del derecho internacional que insiste en las caricaturas contra la OTAN, el servilismo de la ONU con EE.UU y los estertores de la caída del bloque soviético.

Eurabia es el neologismo que denuncia la islamización de Europa y que cada cierto tiempo emerge en el discurso de derechas. Una conspiración contra la cristiandad sostenida en la alianza de grupos subversivos e inmigrantes con vocación expansionista, quienes destruirían su cultura y el Estado de Bienestar con anuencia de una complaciente izquierda, son sus características más fundamentales. Concepto usado en la prensa desde los años 70’, remite su origen al nombre de una revista y sus visos conspirativos a la autora inglesa Giselle Littman, adquiriendo su mayor publicidad gracias a Oriana Fallaci en el 2006, tras los anuncios de la Alianza de las Civilizaciones.

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Eurabia: Islam y Dhimmitude. Libro de Giselle Littman.

Una década después, el mito o el riesgo de Eurabia, emerge como un instrumento transversal contra Estado Islámico y su propaganda, justificando la defensa extraterritorial de los intereses nacionales. Así lo plantean Francia e Inglaterra, paradójicamente precursoras de propuestas de paz para la zona, e incluso Alemania, la nueva cuna de los migrantes, cuando justifican sus ataques selectivos en las fronteras sirias y contraviniendo la normativa vigente, pues evitarían el retorno de los yidahistas y su influencia ideológica.

Socavar el régimen del terror de Estado Islámico en Siria e Irak o sostener el gobierno de Bashar Al Assad, con miras a una transición pactada, son los bienes jurídicos de la balanza que teme a Eurabia. Una y otra estrategia son construcciones jurídicas de una lacerante ilegitimidad.

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node/1751

http://www.diarioconcepcion.cl/2015/10/13/#2

TESTIGO DEL SILENCIO

Desde los primeros días de la Junta Militar, se sucedieron cambios en la judicatura a los cuales ningún juez y menos la Corte Suprema opusieron resistencia alguna: esas modificaciones incluyeron desde Consejos de Guerra hasta tribunales laborales especiales, en lo que fue todo un nuevo orden paralelo para tiempos de excepción constitucional permanente en el país.

Actualmente, ciertos abogados, a medida que reconstruyen la memoria de la época, han revelado que esa vinculación con el gobierno de facto radicaba -más que en la cooptación y el tráfico de influencias-, en un precario equilibrio del silencio que cedía al desmantelamiento institucional y los crímenes del régimen.

¿Qué fue lo que rompió esa atmósfera de connivencia?

¡Sí, en Chile se tortura¡ titulaba el 19 de septiembre de 1988 el semanario Análisis, provocando un remezón en el poder Judicial y cuyo eco aún retumba, pese al pálido recuerdo que ha dejado en nuestra sociedad la justicia transicional. Su autor, el polémico juez René García Villegas, del Vigésimo Juzgado del Crimen de San Miguel.

Era la primera vez que un magistrado acusaba abiertamente un crimen de lesa humanidad contra los aparatos policiales de Pinochet. Como consecuencia, ese día se abrió la puerta para que nunca más la prisión política y los apremios ilegítimos fueran denominados bajo el eufema de las lesiones graves y sus autores fueran sobreseídos y amnistiados gracias a los instrumentos de la impunidad.

Hasta ese entonces, ni el cine ni la narrativa habían dado cuenta del discurso oculto entre los jueces so pena de la barbarie de la dictadura. Una cita que relevó la legitimidad y viabilidad de la aplicación directa de las normas que sancionan las atrocidades, y que hoy, con reforma constitucional incluida y varias convenciones internacionales vigentes, resulta innegable.

Hacia 1990, ya retirado, su documental y sus libros Soy testigo: Dictadura, tortura, injusticia y Pisagua: Caín, qué has hecho de tu hermano se convertían en best seller, mientras Carlos Cerda, José Benquis, Hugo Dolmetsh y Alejandro Solís sometían a proceso y explicaban al mundo el rol de los jerarcas de la CNI.

Casi olvidado por la transición, no alcanzó a ver que la tortura que se vivió sería débilmente abordada -y sin aún tipificarse- por las Comisiones Valech I y II. Murió en 1998, el mismo día que Pinochet era detenido en Londres.

Publicado en Diario Concepcion http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node%2F851

DERECHOS HUMANOS: EL JUEZ GARCÍA VILLEGAS Y EL TRIUNFO DE LA MEMORIA

El 12 de septiembre de 1988 marcó un punto de no retorno en la historia de la Justicia penal en Chile y la pétrea muralla de silencio que había levantado la Corte Suprema junto al gobierno militar: la censura a René García Villegas en la franja televisiva de la campaña del No. Una punzante advertencia contra el discurso de aquellos jueces que hablaban soterradamente de crímenes de lesa humanidad y que, en voz del magistrado del Vigésimo Juzgado de San Miguel, por primera vez se calificaban ante la prensa bajo ese concepto. Nunca antes hubo un juez o ministro de Corte que, dentro o fuera de Chile, pronunciara dichas palabras.

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Aquella tarde ―hoy rememorada por su propia versión fílmica candidata a los Óscar― el spot fue cuestionado por el Consejo de Televisión, aludiendo a que García Villegas aparecía entrevistado y sus dichos faltaban seriamente a su deber de preservación del secreto del sumario en las causas que sustanciaba, oficiándose de inmediato y en horario extraordinario a la Corte Suprema, muy presta a tales menesteres en la época. La justificación final: su testimonio injuriaba de manera flagrante a un poder del Estado y debía ser borrado. No pasaron muchos minutos para que, en su programación nocturna, una vez comunicada la noticia de la no emisión de la franja, las cacerolas, bocinazos y arengas de los simpatizantes del No se tomaran las esquinas y pequeñas plazas de varias ciudades, solidarizando con el juez, aunque se desconociera qué había dicho.

Las especulaciones en torno a que habría explicitado acusaciones contra la policía de Pinochet y sus vejámenes contra la dignidad de los detenidos inundaron la escasa y precarizada prensa de oposición circulante. Mientras, la derecha denunciaba una revuelta de los jueces marxistas y robesperiana, si es que ese sincretismo moralista pudiera existir.

En efecto, ninguna autoridad de la judicatura podía siquiera haber pretendido investigar la responsabilidad ideológica de los altos funcionarios de la dictadura como clamaban las víctimas y que, desconocidas instancias ―de justicia penal internacional ad hoc, en el contexto de la solidaridad política―, como el Tribunal Russel o el Tribunal de Bruselas, sí investigaban, preservando la memoria de las víctimas. Colaborar a ello, desde ámbitos judiciales nacionales, representaba no solo una extralimitación jurisdiccional sino un heroísmo que ninguno estaba obligado a asumir.

No obstante ello, lo que sí era propio de su función era rectificar, al menos, la carátula del expediente y los autos de procesamiento contra los partícipes, aunque fuera una medida de incierto futuro.

¡Sí, en Chile se tortura!

Días después, el 19 de septiembre, se publicarían los detalles de la censura, la reacción del pleno de la Corte que decide no sancionarlo, las notas de la prensa internacional, las cartas de apoyo de líderes europeos y el temerario titular de la revista Análisis: “¡Sí, en Chile se tortura!”.

Una cita que provocó un remezón en todo el Poder Judicial, pues acusaba derechamente ―expresión de estilo en el lenguaje forense― a los agentes de la CNI, quienes usaban cuarteles y campos militares o inmuebles adaptados para el ejercicio de la tortura de manera sistemática, obedeciendo a un plan financiado tanto por el Estado como por donaciones privadas, que se valía de implementos tecnológicos y del uso de sustancias químicas, y de cuya práctica se manejaban minuciosos registros documentales y contables. Terrorismo de Estado y de privados en conjunción, y que conectaba con atentados en el extranjero y redes de acción, que hoy llamaríamos, globales. En efecto, junto a las imágenes de los amigos y familiares del emblemático Sebastián Acevedo estaba el desenfocado y oblicuo plano de García Villegas, que se explicaría como un registro privado expresando:

“Pasan de 50 personas. Todas ellas fueron torturadas en la CNI, está debidamente establecido en los procesos que han sido detenidas por agentes de la CNI, en cuarteles de la CNI. Hay personas que pasan sesiones de tortura inacabables, que duran un día entero, continúan toda la noche, hasta las tres o cuatro de la madrugada, hora en que tiran al hombre como un trasto inútil en un camastro en su celda. Lo dejan descansar unas cuantas horas para volver otra vez”.

Luego agregaba que era posible distinguir varios tipos de torturadores: “(…) los hay sádicos, otros creen servir a una causa patriótica ―eliminando izquierdistas― y otros son vulgares y siniestros mercaderes de la muerte, aunque todos ellos tienen un rasgo común: muestran una gran crueldad y amoralidad”.

Verdadera punta de lanza en la atmósfera de connivencia entre la jerarquía militar, su justicia paralela, y la Corte Suprema, su afirmación adquirió entonces un sentido fundacional e indiciario.

Por una parte, nunca más podrían aceptarse en los procesos criminales que la prisión política, la violencia y los apremios ilegítimos fueran calificados bajo el eufemismo de un delito como las lesiones graves e, incluso, las mutilaciones. No era admisible moral ni penalmente la anuencia a los instrumentos normativos de impunidad hasta ese momento provistos por el régimen. Mantener la tesis de que se trataba de crímenes beneficiados por la amnistía; que ya estaban prescritos; que correspondían a crímenes comunes que de ningún modo podría esperarse resultaran en una condena de presidio efectivo; que sin más se dictaran los sobreseimientos o que la Corte los derivara hacia la competencia militar; no sólo significaba abandono de deberes, sino que rebajaba el rol de la Justicia y le implicaba como un partícipe más en el iter criminis de tales atrocidades.

En ese mismo sentido, su valor estaba en abrir otra puerta: la de la legitimidad y viabilidad de la aplicación inmediata de normas internacionales que sancionan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el genocidio, aunque tales figuras no estuvieran tipificadas en nuestro ordenamiento ni se hubieran firmado aún las convenciones que los reconocían. Era la universalidad de tales prerrogativas en plenitud. Así, antes que el polémico Juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón iniciara su cruzada para detener a Augusto Pinochet en Londres ―persiguiendo la muerte y tortura de ciudadanos españoles a manos de la DINA y la CNI, además de crímenes contra la humanidad―, en la década del 90, ya García Villegas había propuesto esa argumentación.

En entrevistas posteriores, llegaría a comparar al gobierno de Pinochet y su Estado de Derecho con el del Tercer Reich, aduciendo que podrían configurarse ciertos crímenes de guerra y de genocidio por hechos cometidos los primeros días que siguieron al golpe. Razonaba bajo la perspectiva de las declaraciones de la Junta Militar y la Corte Suprema que aludían a un ambiente de ‘guerra’ y a la acción estratégica del Gobierno para combatirla.

Se refería, por tanto, a varias masacres y ejecuciones ilegítimas cometidas por fuerzas especializadas, o por conscriptos militares y civiles armados, contra campesinos y obreros de reconocida militancia izquierdista. La razia que llamaron algunos hechores, la limpieza o la purga que denominaron otros, son formas de indicar a las fuentes del genocidio. Los casos de Santa Bárbara y Quilaco, Laja y San Rosendo, Antuco y, más al sur, Neltume, siguen siendo paradigmáticos. Dicha calificación se ha discutido también respecto de la Caravana de la Muerte, proceso sustanciado por el Juez Guzmán, sin embargo no ha alcanzado apoyo en la doctrina ni en la jurisprudencia por las exigencias del tipo penal.

soy-testigo

Las constantes apariciones en la prensa extranjera y sus denuncias contra una cooptada Corte Suprema, le valieron su exoneración en enero de 1990, pocos meses antes del arribo de la democracia. Ese mismo año protagonizó el documental Soy Testigo, con una estética y fotografía muy similares a varios filmes españoles, exitoso en la efervescencia de principios de la transición, pero de escasísima difusión actual; además de publicar su libro, el primero y último de un miembro del Poder Judicial, titulado Soy testigo: Dictadura, tortura, injusticia. En él se explaya en la reconstrucción de la memoria, diseccionando con precisión forense los métodos y resultados del modelo de tortura en Chile, una adaptación de las prácticas de la guerra de Argel y de ciertos mercenarios cosmopolitas.

Los albores de la justicia transicional

En la doctrina internacional de derechos humanos, Chile ha devenido en uno de los paradigmas más exitosos de la justicia transicional: un sistema de ‘justicia en la medida de lo posible’ que se vale de comisiones civiles y de la judicatura para recopilar antecedentes y aplicar justicia, no con fines sancionatorios, sino reparatorios y de preservación de la memoria.

Hacia 1992, la instalación de este discurso encuentra su máxima expresión en el Informe Rettig y la Comisión de Verdad y Reconciliación, lo que terminó por provocar la total desafección de García Villegas con la política de defensa de la memoria y la verdad que promovía el gobierno. En el documento final se refirieron 3.550 denuncias de violaciones a los derechos humanos, de las cuales 2296 fueron consideradas como simples homicidios calificados, es decir, acciones individuales y no propias de un complejo entramado de criminalidad amparado en el Estado policial, reduciendo a solamente 164 el número de víctimas de violencia política.

Fue entonces que publicó su segundo libro Pisagua: Caín, qué has hecho de tu hermano, en el cual reflexionaba sobre las osamentas humanas, las desapariciones forzosas y la figura del secuestro permanente, única vía y figura tipificada que usaban los tribunales para investigar dichos casos. Su mayor crítica: la exclusión de las víctimas de la tortura, la prisión política y la violencia sexual ejercida por agentes policiales y civiles relacionados.

Murió en octubre de 1998 alejado de la coyuntura política, justo cuando Augusto Pinochet era detenido en Londres a petición del Juez Garzón. Nadie en el Poder Judicial le ofreció honores de manera oficial y pocos recordaron su aporte, salvo aquellos que como Carlos Cerda, Alejandro Solís, José Benquis y José Cánovas, fueron pioneros en la invocación del derecho internacional de DD.HH. en tiempos de excepción constitucional y represión.

La tortura y la inacabada memoria

No fue sino hasta el año 2003 que la justicia transicional amplió su competencia hacia la prisión política y la tortura a través de la Comisión Valech, entregando un informe en el 2004, y una segunda versión de la entidad en el 2011, que incluía además la calificación de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

En la actualidad, se discute la legitimidad y funcionalidad de mantener el secreto, que por disposición legal es de 50 años, para los testimonios de las víctimas. Ya el gobierno de Michelle Bachelet en el 2014 defendió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reserva de la información como garantía de protección de la dignidad de las víctimas. Aunque el Instituto Nacional de Derechos Humanos y varios juristas solicitan que se derogue esa normativa a fin de dar cumplimiento efectivo al derecho a la memoria, la verdad y la reparación, levantándose la prohibición que bordea la vulneración a la doctrina de la misma Corte. De otro modo, será muy difícil que los tribunales puedan recopilar dichos antecedentes profundizando la impunidad.

Pese a los avances respecto de la determinación de las víctimas y su reparación, siguen pendientes varias acciones legislativas esenciales para el respeto efectivo de los derechos humanos, más aún desde que Chile le reconoce competencia a la Corte Penal Internacional, por medio de la incorporación del Estatuto de Roma: la tipificación de figuras criminales graves, como la desaparición forzada de personas y la tortura; la creación de una política nacional de prevención de crímenes de lesa humanidad; y, la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.

El secretismo del testimonio contraría la incipiente voluntad del Poder Judicial, al menos de sus integrantes más comprometidos, con la construcción de la memoria. Hace un bienio dos noticias aparecían dando un nuevo impulso a esta memoria inacabada: mientras el pleno de la Corte Suprema, con motivo de los 40 años del golpe militar, acordaba la dedicación absoluta de los ministros que conocían causas de lesa humanidad, la Asociación Nacional de Magistrados emitía una sentida declaración pública asumiendo que el Poder Judicial no había aplicado la justicia de derechos humanos con la celeridad requerida y que ello seguiría enlutando por generaciones a Chile.

Una disposición ética muy distinta a la de hace dos o tres décadas que se devela a diario por la prensa. Existen avances y se reabren casos emblemáticos, se comunican resoluciones y sentencias que implican a civiles y militares, y se argumenta con vocación jurídica universal sobre los pactos de silencio como una figura delictiva de obstrucción a la justicia, complicidad y encubrimiento.

Incluso, se avanza en decisiones antes insospechadas, más por desdén que por descrédito jurídico, como la de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de plantear la posibilidad de acusar constitucionalmente a Rosa Egnem, la ministra de la Corte Suprema involucrada en el ocultamiento de antecedentes y documentos en la masacre de Laja, precisamente cuando era secretaria del tribunal de Yumbel. Ella, según su propia confesión, guardó en un cajón el parte que daba cuenta de la inhumación ilegal de varios cadáveres, los que correspondían a trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de la ciudad de Laja. Hechos narrados con impecable estilo por el joven escritor Javier Rebolledo en su libro A la sombra de los cuervos, los cómplices civiles de la dictadura.

Sin duda, a 42 años de aquel fatídico 11 de septiembre, resulta innegable el valor jurídico de la memoria como un derecho de las víctimas de la represión, una prerrogativa que se extiende a toda la sociedad y que no sólo se expresa en la búsqueda de la verdad judicial, sino en la determinación de las responsabilidades criminales sin límite de tiempo y sin aceptación de amnistías o, en caso de los condenados, sin indultos.

René García Villegas, pese a la palidez de su recuerdo por el peso de la justicia  transicional, ha podido sentar las bases de una memoria emergente entre las nuevas generaciones de jueces. Hoy, bien podemos ver dialogando a jueces liberales que vienen de la derecha más pro mercado compartiendo con aquellos que disfrutan de la formación en justicia humanitaria en Chiapas o Ginebra, y no parecen entrar en una colisión ideológica que nos lleve a la debacle o al averno. Al contrario, unos y otros son capaces de asumir que su rol es no retroceder a esos oscuros tiempos en que el Presidente de la Corte Suprema se burlaba de las causas de violaciones a los derechos humanos diciendo que ‘lo tenían curco’, o que se jactaba de llamar cuando quisiera a Manuel Contreras. Y claro, para ninguno de ellos Soy Testigo es una ficción, sino un antecedente que es necesario convertir en memoria, en derecho a la memoria.

(Análisis publicado en El Mostrador, 11 de Septiembre de 2015, Chile)

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/11/derechos-humanos-el-juez-garcia-villegas-y-el-triunfo-de-la-memoria/

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