Mosén Millán, el cura, y ‘Paco el del molino’, su antiguo monaguillo, quizá sean las figuras literarias más emblemáticas de las atrocidades que se cometieron contra los campesinos en la España de Franco. Cada uno, en su precariedad rural, simboliza los albores de la lucha de ideas −tiempos de una reforma agraria que la Falange vería traicionada− y que sería aplacada por las armas fascistas y su dictadura, la más larga de Europa.

En ese caserío aragonés, Réquiem por un campesino español (R.J. Sender), describe la masacre de labradores cometida por una caravana falangista y los terratenientes que clamaban el fin del comunismo. La guerra civil y su justicia de los vencedores cimentaron la abdicación moral de quien buscara la redención o la verdad de tales delitos. Aún no se avizoraba el holocausto, pero el humanismo cristiano y el derecho humanitario ya planteaban la doctrina de los crímenes contra la humanidad.

Mientras prepara la misa del fusilado Paco, en sus cavilaciones se suceden la legitimidad de la amnistía y del olvido para reconciliar a un pueblo fracturado; pero también el imperativo ético de preservar la memoria de las víctimas. Nadie llega a la parroquia; salvo los hacendados, los dueños de los muertos. Él no lo sabría, pero las cuatro décadas de tiranía y los años de impunidad en democracia que le siguieron, resultaron en más de 100.000 desaparecidos y ejecutados políticos, y cerca de 20.000 fosas comunes de obreros agrarios sin identificar fehacientemente. Las leyes de jurisdicción universal de los crímenes de lesa humanidad y de memoria histórica serían las únicas herramientas de una opaca justicia transicional, cuya discriminación del campesinado constituye el mayor reclamo del derecho penal global contra España.

Desde el 2006, cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU propuso el concepto de la memoria como un derecho imprescriptible e inalienable, su aceptación ha progresado gracias a la Corte Interamericana de DD.HH. De una parte, es el derecho individual de las víctimas de violaciones de lesa humanidad y de sus familias de conocer la identidad de los autores y de las circunstancias relacionadas, sin límite de tiempo ni consideración a la jerarquía militar o no de los hechores. De otra, es el derecho colectivo que se manifiesta en un deber de la memoria para evitar la reproducción de dicha criminalidad, como parte de su patrimonio cultural. Paul Ricoeur, llama a ésta la memoria obligada, que representa la obligación de recordar los horrores y las injusticias cometidas contra un colectivo de personas, y de recordárselas a los que no formaron parte de ese tiempo, como un disuasivo penal y una reparación a la dignidad.

España es un espejo ante el cual Latinoamérica exhibe vergonzantes similitudes. Mientras las dictaduras militares ponían en marcha los genocidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones ilegítimas y la tortura por agentes del Estado; los hacendados aplicaban la misma justicia contra sus trabajadores amparados en la autodefensa que franquea ser el señor, ser el propietario. Guatemala, El Salvador, Brasil, Uruguay y Argentina han sustanciado procesos emblemáticos más allá del revanchismo y de la propaganda.

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Marcha de obreros campesinos en Santiago de Chile, agosto de 1970.

En Chile, el infame 13 de septiembre de 1973, marca el inicio del festín de los crímenes contra el inquilinaje y los obreros campesinos. Lonquén y sus hornos; Paine y Neltume; y la topografía de la criminalidad de Bío Bío, con Santa Bárbara-Quilaco, Laja-Yumbel, Mulchén, Chacayal y Negrete, son casos donde la reforma agraria cobró a sus víctimas en sangre y a manos de civiles: los patrones. Hoy, se discute si se trata de crímenes de lesa humanidad, pero la aceptación del derecho a la memoria y del deber de protegerla, disipan cualquier duda: esos crímenes no prescriben. Sus autores y partícipes los cometieron en el contexto de operaciones planificadas y ejecutadas por agentes del Estado, y esa conexión de criminalidad es la que construía su impunidad.

Réquiem por un campesino chileno, en tiempos de bullentes cambios sociales, exige más de nuestra generación que de las pasadas y, tal vez, ya sea tiempo de asumir el desafío de su reconocimiento constitucional: la memoria como derecho humano y el fin de la justicia transicional.

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