La entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Etiquetado Nutricional de Alimentos, este 26 de junio, ha generado múltiples críticas sobre su contenido, jerarquía normativa y eficacia en contra de la obesidad infantil en Chile. Polémica que se suma a la provocada hace cuatro años por la Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, conocida como la ‘ley del Súper ocho’ y respecto de la cual viene a complementar varios aspectos para su aplicación efectiva. Ello, pues tanto el gobierno, los parlamentarios, como algunos expertos nutricionales y sobre todo la industria alimentaria, están enfrentados entre sí en un debate que adolece de caricaturas ideológicas capaces de velar aquello que realmente importa a la política pública: la esfera de derechos de las personas.

Dos visiones: seguridad alimentaria vs libertad alimentaria

La vigencia conjunta de la ley y su reglamento no es, como se ha querido minimizar el problema ante la prensa, el mero efecto regresivo de una medida contra la libre competencia o una arbitraria intervención del Ejecutivo en el profuso marketing de la industria. Al contrario, en juego están dos paradigmas antagónicos sobre la responsabilidad del Estado en el control de la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas, así como la regulación del mercado y de la seguridad alimentaria.

De una parte, está el modelo social de derecho alimentario, defendido con matices y de forma incipiente por ciertos expertos y senadores al inicio de la discusión de la ley, y después en la consulta abierta del reglamento, que aborda la obesidad como un problema de inseguridad alimentaria y de vulneración de derechos —más que una cuestión de autocontrol dietético —, cuya responsabilidad recae en el Estado y la industria, tal como en los países de la UE y la OCDE. En España, Francia e Italia las instituciones encargadas del tema, tienen rango ministerial o de subsecretaría y son agencias de seguridad alimentaria y obesidad. Para dicha tendencia jurídica, tanto la ley como su actual reglamento serían todavía insuficientes, pues requiere de políticas con enfoque de derechos: la tipificación de delitos alimentarios; la consagración legal o constitucional del derecho a la alimentación y nutrición saludables, la creación de planes públicos de educación alimentaria y la perspectiva colaborativa de los agentes del mercado.

De otra, está la mantención del sistema normativo vigente que, basado en una mínima regulación sobre el contenido de la publicidad y de baja jerarquía jurídica, centra su objetivo en la libertad alimentaria del consumidor. Así, deja a la ética de industriales su autorregulación en aquellos aspectos que no sean los de la información nutricional más básica, desentendiéndose del enfoque de la seguridad alimentaria, ya como objetivo de salud pública o como un derecho. Este sería el caso, por ejemplo de EE.UU., que solo a partir de 2009 tiene un programa de alimentación saludable y que se incluye en el ‘Obamacare’. Defensor de este sistema, bien diría el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich —durante el gobierno del Presidente Piñera — que “ésta era una ley de policía alimentaria con vocación izquierdista que atacaba un mercado ya consolidado”.

Obesidad, expectativas de vida y la ley

La problemática alimentaria nacional ha mutado en los últimos 35 años, pasando desde la subnutrición a altísimos niveles de obesidad en todos los rangos etarios, en especial entre los pobres. Según el informe Health at a Glance (2015) de la OCDE, Chile detenta el sexto lugar de las naciones con mayor obesidad mórbida de su conglomerado —después de EE.UU., México, Nueva Zelandia, Australia y Canadá—, lo que significa que 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso o son obesos, mientras que en los adultos dicha enfermedad alcanza a 1 de cada 4. Asimismo, una de cada 11 muertes ocurridas cada 60 minutos está asociada a alguna enfermedad derivada de la obesidad.

En tanto, la última Encuesta Nacional de Salud (2010) estimó que casi nueve millones de personas padecían exceso de peso, equivalentes al 67 % de la población y de ellos más del 10 % eran menores de 6 años. Ahora el Simce de Educación Física del 2014 aplicado a alumnos de octavo básico del país determinó que un 41 % sufría de sobrepeso u obesidad, concentrándose en los sectores más vulnerables. Finalmente, un panorama más completo y especializado lo ofrece la primera Encuesta Nacional Consumo Alimentario del Minsal, entre cuyas novedades ha elaborado un Índice de Alimentación Saludable conforme al cual solo 5% de la población tiene una alimentación saludable, 87 %, requiere cambios y un 8% tiene una dieta poco saludable.

La Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, cuyo objetivo expreso es combatir la obesidad infantil, fue un proyecto pionero. En sus orígenes, el 2007, planteaba una normativa más compleja y de mayor jerarquía a la existente que buscaba transparentar los componentes de las ‘golosinas’, la comida envasada y el marketing asociado, modernizando el derecho alimentario con un enfoque de seguridad alimentaria acorde a las tendencias globales. Ello, pues son los sectores pobres los que padecen desórdenes nutricionales, accediendo a productos hipercalóricos, de escaso contenido saludable y bajos costos. Cuestión que excede el ámbito de la libertad individual, relacionándose con la seguridad alimentaria y sus dimensiones de accesibilidad, estabilidad y uso biológico.

Críticas a la ley y su reglamento

El texto definitivo de la ley posee una técnica muy imperfecta a la luz de la fiscalización más estricta que imponen las normas del Codex Alimentarius, la FAO, la OCDE y la práctica exportadora que tanto distingue a Chile. Así, mientras la ley pretende regular toda la cadena de abastecimiento industrial, instaurando un amplio ‘deber legal de entregar información íntegra y veraz’ —sobre proporciones de energía, azúcares, sodio, grasas y otras especificaciones en casos de suplementos alimenticios para enfermos —; esto no necesariamente combate las causas de la obesidad.

Menos aún si deja en manos del reglamento —cuerpo legal que reformula el anterior reglamento sanitario de alimentos—, cuya dictación y elaboración ha dependido del Ministerio de Salud, lo relativo a rotulación, cantidades y recomendaciones al consumidor. Sin duda, lo más desaprobado, por su obviedad y simpleza, no es el uso de la tipografía o sello de un disco ‘Pare’ en color negro que expresa las calificaciones de “alto en grasa saturada, alto en azúcares totales y alto en sodio y calorías”, sino los elevados estándares permitidos en cada una de esas categorías.

Otro aspecto reprochable es que ambos cuerpos normativos pretenden desincentivar la demanda de ‘niños-sujetos consumidores’ y no de ‘niños titulares de derecho humano a la alimentación o a la seguridad alimentaria’: se restringe la publicidad de sucedáneos de leche materna, se prohíbe la venta de ciertos alimentos en establecimientos educacionales y la entrega de obsequios a menores de 14 años, lo mismo que limita los horarios de publicidad televisiva; pero no les reconoce acciones especiales y las sanciones las remite al Código Sanitario, donde las multas no son relevantes. Tampoco el articulado contiene definiciones o mención de conceptos como los de derecho alimentario o derecho a la información, ni consagra figuras delictivas con carácter civil o penal como el fraude alimentario o el delito de daño alimentario.

Con todo, la promoción de la educación alimentaria y los hábitos saludables en los establecimientos de educación pública y la medición periódica del Simce de educación física son un avance en la responsabilidad del Estado con enfoque en los derechos y no en la libertad individual.

Una ley y su reglamento no ayudarán por sí solos a reducir los índices de obesidad y sobrepeso en Chile. La mera reforma legal que varios parlamentarios proponen no es suficiente a la luz de sus propuestas. La obesidad no es únicamente una enfermedad por malos hábitos, sino el resultado de la inseguridad alimentaria. Por eso, una estrategia nacional de alimentación o de seguridad alimentaria permitiría mejorar la calidad de vida de los chilenos, haría exigibles sus derechos y fomentaría el emprendimiento y la investigación alimentaria.

La mantención democrática e informada de un modelo técnico más estricto que el actual o la definición de uno con enfoque de seguridad alimentaria exige de un debate amplio y con miras al desarrollo del país en las próximas décadas. Estamos a tiempo, en especial ante la posibilidad de su consagración en el catálogo de derechos fundamentales de nuestra próxima Constitución.

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