«Mi sangre es un puente arruinado para siempre, y desde su alto escombro me siento liberado, por fin, de esa vergüenza… Por eso me he fugado del retrato apacible de la tierra; en su óleo está el veneno de la pervivencia… Y este mapa roto que pugna en mis genes como un rezo que atora a los pájaros». Estos son versos del libro ‘El Mapa Roto’ de Wenuan Escalona, joven poeta mapuche, cuya mirada crítica nos sitúa en las fronteras de una cartografía escindida de la memoria y la palabra: la de los herederos de la cuestión indígena en Chile.

Su voz –al igual que la de otros intelectuales menores de 40 años–, convierte a esta época en un punto de inflexión en la lucha de reconocimiento de las minorías étnicas, incluso de aquellas ya extintas. En juego están una estética política y una justicia universal que antes parecían ilusorias. Ello, porque el derecho a la memoria de los indígenas chilenos tiene el mismo valor de las prerrogativas de las víctimas del genocidio armenio, del desplazamiento de los saharauis o de la ocupación del pueblo palestino. Y es aquí donde emerge el rescate de la memoria y la revalorización de los antiguos genocidios como categorías culturales y jurídicas esenciales para los derechos humanos y la democracia, precisamente en tiempos de globalización y movimientos de indignados.

La diferencia con las últimas dos décadas de políticas del Estado radica en el agotamiento de las tesis de la multiculturalidad y la superación de la pobreza, elementos propios de la responsabilidad social empresarial y que el Convenio 169 de la OIT intenta mitigar. Entonces, las mayores vulneraciones en contra de los pueblos originarios, no serían de clase, sino de raza. Atentados contra la memoria, el lenguaje y la ética que impiden la reconstrucción del tejido social, de su imaginario y de su cultura, renegando del patrimonio de Chile. Así lo explica el jurista Jorge Aillapán, quien afirma que ha sido la retórica paternalista de nuestra izquierda la que más ha contribuido a la caricatura del indio subordinado y al desdén por su pretensión autonomista, sin entender que es la justicia de raza y no la justicia de clase la que ha perpetuado las brechas sociales y atentados contra los pueblos originarios.

No puede ser solo un dato histórico o un amargo recuerdo el genocidio contra los Selk’nam y la extinción de los Kawésqar. La expectativa que entraña para cada persona el derecho a la memoria ancestral –más allá de ser indígena– es la mínima garantía de derechos humanos que es necesario contemplar en nuestra próxima Constitución.

El debate está abierto y la promesa de una sociedad de derechos garantizados exige que reflexionemos sobre la democracia que queremos.

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