Mariano Rajoy es la cara visible de una cúpula partidaria que se resquebraja en sus cimientos por la pérdida ineludible del poder y las venalidades que éste entraña. La otrora fortaleza de su implacable discurso de oposición a Rodríguez Zapatero y su deficiente manejo macreconómico entre el 2005 y 2008, o su éxitoso arribo a La Moncloa en época de crisis el 2010, son imágenes de una gracia perdida. Hoy, la mayoría, le mira con incertidumbre y le compadecen: nunca antes un político estuvo más solo y más mal acompañado. No es su culpa, es la realidad de su Partido Popular.

Así, mientras su investidura por el rey se ve cada vez más lejana, dos mujeres son sus peores enemigas internas: Esperanza Aguirre y Rita Barberá. Ambas erigidas desde muy jóvenes en íconos de la centroderecha que creció bajo el molde de Fraga y cuyas operaciones precipitan la debacle, arrastrando a todos en su paso.

En efecto, no puede haber carismas y discursos más enemistados entre sí, pero Rajoy es el que más pierde: logra pálidos y tibios triunfos morales.

Al tiempo que Aguirre, presidenta del partido en Madrid, renuncia por las investigaciones parlamentarias y el allanamiento de la sede por una orden judicial que responsabiliza a la estructura corporativa y no a un individuo, pudiendo conducir los procesos hacia su directa imputación; Barberá, en cambio, sumida en las denuncias por delitos económicos, se hace la desentendida, perjudicando la escasa credibilidad  de sus pretensiones electorales futuras y acrecentando la deslegitimación del partido.

El descalabro popular y la cleptocracia

Nunca antes la coyuntura fue peor: el camino al descalabro del Partido Popular español vuelve a tener un capítulo que enfrenta a su dirigencia con su militancia más fiel. Pareciera que este nuevo escándalo abrirá definitivamente la puerta a la hecatombe: cleptocracia debiere ser su calificativo más vergonzante. Una crisis que, sumada a la imposibilidad de un acuerdo de investidura de gobierno, amenaza con liquidar las pocas reservas morales de sus liderazgos y dilapida la confianza de un electorado que aún cree en la centroderecha.

Desde el año 2009, los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica, han expuesto con detalle forense la maquinaria para defraudar y enriquecerse ilícitamente, montada por sus autoridades −en diversos cargos de elección popular− y ejecutada bajo el alero de las estructuras jurídicas y administrativas del partido.

Delitos electorales y económicos, se funden en un modus operandi que funcionaba con precisión suiza, prevaliéndose sus partícipes de las relaciones de poder gubernamental para manejar el Estado construyendo su propio mercado político. Más de 300 políticos cuyos actos reiterados se interceptan y cruzan entre sí, asumiendo los mismos roles y los mismos grados de ejecución criminal: la lista delictual es larguísima. Desde otorgar boletas falsas por servicios no prestados hasta blanqueo de dineros, negociaciones incompatibles y con personas expuestas políticamente, tráfico de influencias, coimas no registradas, fraudes fiscales, apropiaciones indebidas, simulación de empresas, facilitamiento de delitos económicos, etc.

No era lobby, eran cohecho y lavado de activos ha sentenciado la justicia principalmente en una serie de concesiones públicas para infraestructura social y de turismo que se rifaban, emulando Tangentópolis. No era financiamiento irregular de actos de campaña por empresarios dadivosos, sino corruptelas y delitos económicos agravados por la jerarquía de sus hechores y la evasión de impuestos subyacente, pues han traspasado las arcas del partido a sus propias cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo esto, mientras España se repletaba de indignados, de miles de víctimas de la inseguridad alimentaria y de la nueva pobreza de la eurozona.

Cada caso ha sido paradigmático. Gürtel es la corrupción de los regalos lujosos a concejales y alcaldes. Bárcenas es la contabilidad perfecta: la legal, por una parte, y la sumergida, por otra: dos décadas de enriquecimiento criminal y clientelismo de alto nivel. Púnica es el modelo de negocios de los estertores: publicidad falsa, prensa a sueldo, empresas de papel y los mayores fraudes por concesiones arregladas en Europa, lo que incluso se replica en Latinoamérica.

La ética de la probidad versus la maquinaria de la elite

Cuando hace medio año se conoció la detención, solo por unas pocas horas, de Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y militante activo del PP −el único español en llegar a tan importante testera en el sistema de la ONU− por corrupción y lavado de activos, las redes de internet se volcaron a un solo objetivo: demostrar la falta de ética en los equipos de José María Aznar. La peor señal vino de una crónica que se repitió profusamente: de los 14 ministros que tuvo en su primer gabinete, 11 estaban siendo investigados por corruptelas documentadas y de escasa pulcritud en sus operaciones. Incluso, la aprobación en el 2012 de una amnistía fiscal elaborada a medida de varios de esos personeros le ha valido un descrédito tal a Rajoy y sus cercanos, que pocas posibilidades quedan para el PP de repuntar o mantener su piso histórico.

La renuncia de Aguirre, más allá de la creencia popular de que es ella ‘la madrina’, o ‘la madre’ de los jugadores que controlan las piezas delictivas del ajedrez, no es solo una venganza contra Rajoy por las pugnas de la última década, sino una oportunidad para retomar el discurso de la ética de la probidad que dejara instalado para los sectores de centro, en 1994, Adolfo Suárez. Ello tras la caída de González y el PSOE en los primeros escándalos de la transición.

¿Será toda la militancia parte de la maquinaria de la cleptocracia? No, pero la incipiente doctrina jurisprudencial de que la responsabilidad penal sea de entidades jurídicas políticas ha cambiado el eje del debate sobre los límites del mercado político, los alcances de los deberes de probidad, los niveles de vinculación de personas expuestas políticamente a la corrupción y la creación de una justicia preventiva mucho más eficiente.

Y si bien no fue Fuenteovejuna la que recorrió todo el iter criminis en los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica, las ‘Nuevas generaciones del PP’ asumen un riesgo: pedir justicia y aceptar que esa carga corporativa sea el mejor catalizador para su refundación.

No habrá un manos limpias en España, si no hay una gran voluntad por rearticular el tejido político dañado por una transición que se embebió de tanta Tercera Vía y democracia liberal.

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