Síndrome respiratorio de Medio Oriente

En menos de una semana, el resfrío de un centenar de personas en Corea del Sur devino en una amenaza sanitaria global: el novísimo síndrome respiratorio de Medio Oriente o Mers migraba desde su originaria Península Arábiga, expandiéndose por Asia y parte de Europa. El riesgo de una pandemia acechaba y 25 países afectados desplegaron sus planes de contingencia, sin embargo, varios problemas incrementaron el temor en la población. Así, a la inexistencia de vacuna y de protocolos de tratamiento para evitar la confusión con la gripe común —dada la mortalidad fulminante de más del 40% de los casos de contagio— se sumaba una millonaria disputa de la propiedad intelectual de su descubrimiento y los límites de la bioseguridad como derecho humano.

Con dos años de identificación, aunque lejos de parecerse al peligroso ébola o a la gripe aviar, este coronavirus ha instalado en las redes sociales un debate marcado por las paradojas y el abuso del derecho. Todo comenzó en junio del 2012 cuando el laboratorio de la Universidad Erasmo de Rotterdam de los Países Bajos clasificó la secuencia genética de un agente patógeno individualizado en Arabia Saudita y enviado por un médico. Pronto la entidad celebró contratos de transferencia de material, solicitando la patente comercial: no era cualquier gobierno africano, sino un emirato al cual debía adelantarse en el control de la propiedad del virus.

La cuestión ha llegado hasta la OMS por la flagrante vulneración a las normas que protegen la soberanía sobre la bioseguridad, pero no ha sido zanjada. Ello determina que otros laboratorios, pese a los avances en investigación, no puedan difundir los resultados.

Nadie cede, mientras la supremacía de la realpolitik de los gobiernos involucrados desdeña vidas, aunque el virus que lo provoque sea tan débil que no sobrevive fuera del cuerpo humano más de un día.

La bioseguridad no es sólo un objetivo político o un commodity representativo del patrimonio natural de ciertas economías, es un bien jurídico de derecho internacional público, e incluso una prerrogativa fundamental en países desarrollados. Su defensa y protección amerita un debate que todos debemos difundir.

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