Kenya

El 2 de abril, la noticia de la masacre de la Universidad de Garissa (Kenia) a manos del grupo Al Shabab, marcó un punto de inflexión en la cobertura de prensa sobre el terrorismo en el Cuerno de África. Una zona afectada por las hambrunas, la pobreza extrema y una población de desplazados internos víctimas del asedio de quienes luchan contra el llamado imperialismo humanitario de la ONU y la Cruz Roja. A partir de ese día, la ciudadanía y sus redes de internet han salido de la perplejidad, tomando conciencia sobre el daño y la amenaza que los yidahistas significan en la zona.

El terror como sistema de gobierno paralelo, la aplicación autárquica de justicia a través de la Sharia (ley islámica) para instaurar un califato de ensueño, y una economía controlada por las armas, sintetizan la retórica de sus líderes. Así, asentados en Somalía, la promesa de la reconquista de Al Andalus deja de ser irrisoria en los vicarios de Al Qaeda, cuyo financiamiento proviene de Eritrea y de las remesas del tráfico de marfil, de diamantes y de órganos.

Los 149 muertos, cerca de 80 heridos graves y 500 lesionados —la mayoría estudiantes cristianos de pedagogía—, son un testimonio que llega al Vaticano y al Consejo de Seguridad de la ONU abriendo el debate sobre la legitimidad de invocar la responsabilidad internacional de proteger. Esta es la única doctrina jurídica que permitiría sancionar los crímenes de Al Sha-bab: el tráfico, explotación y abusos de mujeres y niños; uso de menores soldados; tráfico de órganos; ejecuciones y torturas; e incluso el genocidio. Tanto la Convención de Kampala de 2009, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tienen normas explícitas para iniciar investigaciones sin que ello implique una intervención militar. El antecedente lo ofrece Mali en el 2013 contra Al Qaeda del Magreb Islámico

Será el Consejo de Seguridad la instancia donde veremos la caída o el poder de impunidad de Al Shabab. Allí Chile —pionero en la justicia transicional sobre crímenes de lesa humanidad— tiene un escaño desde el cual defender el derecho penal internacional. Veremos cuál es la posición del Gobierno, y si aporta a un nuevo modelo de gobernanza garantizada.

http://www.diarioconcepcion.cl/2015/04/07/index.html#2/z

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