NÚREMBERG Y RUSSELL

Realizados entre el 20 de Noviembre de 1945 y el 1 de Agosto de 1946, en el Palacio de Justicia de Núremberg, su instauración ad-hoc por los Aliados aún despierta críticas. Se trata del primer caso masivo de aplicación de justicia criminal internacional y un punto de inflexión en la historia de los DD.HH. De 4850 peticiones de procesamientos individuales sólo 600 derivaron en acusaciones admitidas a tramitación y un tercio fue sancionado con pena efectiva: ejecución en la horca o presidio. En tales procesamientos los delitos imputados fueron pioneros en su interpretación y argumentación doctrinaria: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y guerra de agresión.

Noviembre de 1945 no fue sólo el comienzo de los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en contra de la cúpula Nazi, sino un hecho fundacional para la justicia de derechos humanos. Largo camino que, sólo a partir del Estatuto de Roma de 1998, estableció un sistema permanente radicado en la Corte Penal Internacional y un extenso catálogo de delitos que incluye los crímenes de guerra. Una jurisdicción que debiere proceder cada vez que el Estado y los gobiernos procuren una lacerante impunidad a quienes transgreden las mínimas prerrogativas fundamentales. Precisamente, su legitimidad impera allí donde la política y la judicatura han anulado al derecho.

Hoy, pese a la ratificación masiva del tratado, la aplicación de dicha justicia parece débil. Las atrocidades de la guerra en Siria, el terrorismo de Estado Islámico, el asedio de Israel sobre Gaza, o la represión política en China, son ejemplos de atentados flagrantes que nos dejan en la perplejidad y la indefensión.

Por eso, algunos líderes de la diplomacia humanitaria plantean una reforma basada en los principios más aceptados de los juicios de Núremberg y de los procesos del Tribunal Russell. Primero, respecto a integrar las normas de reparación efectiva de las víctimas y el derecho a la memoria con las de sanción criminal y el seguimiento especializado de sus efectos en el Estado involucrado. Segundo, en cuanto a proceder con mayor inmediatez a través de informes prejudiciales, y, tercero, integrando un jurado compuesto por intelectuales y defensores de los DD.HH. que no pertenezcan a la judicatura oficial.

En efecto, Núremberg —criticada como la justicia de los vencedores—, pese a mostrar los vicios de una solución política, abrió el debate mundial sobre la tipificación de los horrores de la guerra antisemita y el totalitarismo. En tanto, el Tribunal Russell-Sartré, conformado en 1966 para investigar y denunciar los crímenes de EE.UU contra Vietnam —y las sucesivas versiones— fue una instancia pionera de integración de jurados no especializados en derecho, pero sí en filosofía, sociología y otras ramas auxiliares, que sentaron las bases de una nueva mirada: la justicia transicional.

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BACHELET Y LA APEC

El arribo de la presidenta Bachelet a la Cumbre de la APEC no sólo ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones exteriores de nuestro país, sino que ha fortalecido la imagen internacional de las reformas emprendidas por su gobierno. Un camino donde las contradicciones ideológicas hace décadas que nuestras autoridades políticas han decidido supeditar a la apertura comercial. Así, a un primer objetivo estratégico, como es una alianza macrofinanciera inmediata con las Brics, en especial con Rusia y China, se suma otro propósito: consolidar el ‘modelo Bachelet’. Para ello, la propuesta de ‘una política de cooperación y derecho al desarrollo’—coadyuvante de las transformaciones impulsadas por la Nueva Mayoría—, pese a las críticas de la derecha nacional, exige de los aplausos en el mundo de las grandes inversiones internacionales. Y lo ha logrado con éxito.

Los compromisos de patrocinio del FMI, manifestados desde junio por Christine Lagarde y sus subdirectores; o la reciente defensa del ‘capital reformista’ conquistado por la mandataria, según palabras de Angela Merkel, son signos inequívocos de que su sociedad de derechos garantizados no implica temeridad marxista alguna. En nada afectan el ‘modelo Bachelet’ los artículos de la prensa neoliberal que en Chile tanto asustan y se sobrevaloran. Ni el párrafo del Financial Times denunciando la ‘nueva mediocridad’ de la economía local, ni las columnas de opinión en la Forbes sobre ‘la destrucción de las libertades económicas’ o ‘la regresividad y arbitrariedad de la reforma educacional’ publicada por The Wall Street Journal hacen mella en el programa.

Si durante su primer mandato el ingreso a la OCDE coronó un quinquenio de esfuerzos legislativos por alcanzar los estándares de Canadá y la UE, ahora lidera el apoyo a la iniciativa china de una ‘zona de librecomercio de la APEC’. Allí, en Pekín donde se celebran los 25 años del foro —análogos a la caída del Muro de Berlín— Bachelet obtiene el criticable beneplácito del revisionismo de una tiranía, cuyas inversiones en Venezuela, Cuba e incluso Chile, abren las puertas de otro orden global: la institucionalidad paralela al Banco Mundial y al FMI que tanto prometen las Brics.

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