infografía Escocia

Dos décadas de intenso debate político en torno al derecho a secesión de Escocia y las vías pactadas hacia su independencia de Reino Unido precedieron el referéndum del pasado 18 de septiembre. En esa jornada, en que 4,6 millones de ciudadanos votaron ──incluidos por primera vez en un proceso electoral menores de 16 años──, no sólo se jugaba la mantención del statu quo, sino la oportunidad de constituir un poder político que presionara la definición de una nueva democracia, tanto al interior de la nación como respecto de Inglaterra y Europa.

Una hoja de ruta de neoconstitucionalismo que se desentiende de los tres siglos de anexión y riqueza compartida, junto a Gales e Irlanda del Norte, que han determinado el centralismo de Westminster y la corona, pero cuyo paradigma también puede alcanzar a toda la Unión Europea. Ello debido a la crisis económica de la zona y la consolidación de los movimientos autonomistas que no creen en el método de la reciente guerra de Crimea.

Es así que los independentistas, vinculados a las provincias más desiguales, pese a obtener un 45% de los votos ──mientras los unionistas vencieron con el 55%──, no le consideran una derrota. Alex Salmond, Primer Ministro y líder del Partido Nacionalista Escocés, ha anunciado su pronta dimisión, sin embargo la respuesta de Londres ha sido inmediata: la promesa de un nuevo Estatuto de Autonomía de Escocia a votarse por la Cámara de los Comunes a fines de enero. Asimismo, David Cameron ha anunciado el nombramiento de un delegado especial que supervise el proceso de devolución de competencias en materia de impuestos, gasto público y políticas propias de un Estado de Bienestar. La propuesta constitucional ha sido criticada de populista, pues no sólo se ejecutaría antes de las próximas elecciones generales de mayo, sino que asume las reivindicaciones de la sociedad de derechos garantizados que ha desdeñado el conservadurismo imperante.

La idea de una Gran Bretaña Federal con base en las prerrogativas de última generación de sus naciones es un referente para el diálogo democrático. En especial, en aquellos casos de lucha de reconocimiento donde el derecho a la memoria ancestral y las minorías étnicas aún no logran un rango constitucional.

http://www.diarioconcepcion.cl/2014/09/23/#2/z

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