Vista de sala de sesiones del Consejo de DD.HH en el Palacio de la ONU, Ginebra
Vista de sala Francisco de Vitoria, lugar donde sesiona el Consejo de DD.HH en el Palacio de la ONU, Ginebra.

En Chile, la evolución de la doctrina de los derechos fundamentales ha estado marcada por la conquista de la democracia y la inserción del Estado en el sistema de Naciones Unidas.

En su primigenie, hace medio siglo, la presidencia de Eduardo Frei Montalva fue pionera en la implementación de políticas públicas y leyes que reconocieran las prerrogativas de la Declaración Universal de DD.HH. Un paradigma de gobierno y de participación comunitaria innovador en Latinoamérica, donde las reformas en educación, agricultura, salud y superación de la pobreza, son equiparables a las nociones de sociedad de derechos garantizados y derecho humano al desarrollo de países de la OECD y la UE.

Hoy la discusión política exige estándares más altos de compromiso estatal: una definición sobre el modelo de DD.HH que necesita el país y el rol de la sociedad y el empresariado. Superadas las pugnas entre el predominio de los derechos sociales sobre las libertades o viceversa, lo interesante es abordar las dimensiones del cumplimiento de las prerrogativas fundamentales.

Derechos de última generación se unen al clásico catálogo de derechos civiles y sociales, que incluso no están en la Constitución, pero respecto de los cuales la exigibilidad, la justiciabilidad e institucionalidad son atributos esenciales de su contenido. No basta el mero reconocimiento de un derecho en un cuerpo legal, sino su protección efectiva y su garantía. El programa AUGE, en materia de derecho a la salud, ha sido fundacional, pero insuficiente.

La reciente crítica del Comité de DD.HH de la ONU al sexto informe chileno sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha reafirmado las falencias del sistema. La reforma a la ley antiterrorista, la regulación del aborto, la protección constitucional de los pueblos originarios y de los derechos de las minorías sexuales, son todas recomendaciones que buscan mayor igualdad y justicia. Un camino donde la ciudadanía y los tribunales también deben adoptar un rol activo, pues no sólo los índices de competitividad y de transparencia de los mercados determinan el desarrollo de las sociedades. Lo contrario, el statu quo, implicaría retroceder décadas de lucha de reconocimiento.

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