PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y DD.HH

Mucho antes de la actual doctrina del enfoque de derechos, hace ya medio siglo, en Chile existían políticas públicas preocupadas de la protección preferente de la maternidad. El gobierno democratacristiano de Eduardo Frei M. fue pionero en establecer mínimas garantías en la salud primaria —que hoy llamaríamos explícitas— para cumplir con la Declaración Universal de DD.HH.

Desde la gestación hasta la lactancia, distintos instrumentos y beneficios reconocidos como prerrogativas fundamentales, ya por vía administrativa o legal, estaban destinados a enfrentar los riesgos contra la vida materna e infantil. Programas de anticoncepción y control de natalidad; la despenalización de la interrupción terapéutica del embarazo; la asistencia especializada pre y post parto con alimentos funcionales; el control médico gratuito en todas las postas urbanas y la instalación de las primeras postas rurales con dependencias maternas; así como la construcción de hogares para la madre campesina, fundaron un nuevo orden. Sin contar además la instauración de la Oficina de la Mujer y la dictación de un estatuto de adopción y protección de la infancia a través de la Junji y la Junaeb, o la inversión millonaria en instituciones de acogida de menores en riesgo social.

El desarrollo económico de los años 80 y 90 fue acompañado por la baja de los indicadores de mortalidad materno-infantil y de las enfermedades asociadas a la atención deficitaria del embarazo. Sin embargo, el actual debate sobre la despenalización —únicamente— del denominado aborto terapéutico devela una persistente paradoja: el avance científico en materia de fertilidad y maternidad es un privilegio o una libertad en el mercado de la salud, pero no un derecho. Nos hemos retrotraído a tiempos en que el imperio de las mínimas garantías constitucionales era irrelevante.

En un país desarrollado, centrar la discusión en la prevalencia de los derechos reproductivos frente a las convicciones religiosas y éticas que arguyen sus detractores, o viceversa, resulta inconcebible para la dogmática de los DD.HH. Más que una promesa sobre laicicidad del Estado, la política criminal o de salud, lo que está en juego es el restablecimiento de una efectiva protección a la maternidad, que incluye, entre sus varios instrumentos, la práctica de la interrupción del embarazo. La maternidad no consentida producto de un crimen como la violación, la maternidad consciente de la inviabilidad médica de la criatura o el riesgo vital de la madre, son todos estados de emergencia penal. No intervenir en dichos casos, cuando la madre y el padre están de acuerdo, y la lex artis del profesional de salud lo aconseja, implica una flagrante vulneración al derecho a la vida y la protección preferente de la maternidad.

http://www.diarioconcepcion.cl/2014/06/03/#2/z

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