MERCOSUR Y TABACO

Paraguay es el mayor centro de producción ilegal de cigarrillos del Mercosur y punto de inicio de largas cadenas de distribución ilícita

La economía de control del tabaco encuentra en el Mercosur uno de sus principales desafíos. Mientras la OMS ha avanzado en la regulación del mercado tabacalero con miras a reducir su oferta, en nuestro continente el heterogéneo derecho vigente ha agudizado problemas de fuerte incidencia en las finanzas y en la salud pública. Así, a los abusos derivados de la integración vertical de la industria y la competencia desleal entre los estados miembros y asociados, se suman el incremento del tabaquismo en los sectores más pobres y longevos de la población, y una amenazante criminalidad asociada al tráfico ilícito de cigarrillos. Desde los delitos económicos de contrabando, fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de licencias de propiedad industrial, hasta nuevos conflictos de bioseguridad: uso de semillas transgénicas, toxicidad de aditivos y contaminación química de envoltorios y embalajes.

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (2005), imperante en casi toda Latinoamérica, determinó que el Mercosur elaborara —por primera vez— una estrategia regional siguiendo sus preceptos. Aunque todavía no existe una normativa o una institucionalidad común que vele por este derecho internacional, y sólo hay dos tribunales arbitrales dentro de la zona de comercio para resolver cuestiones de libre competencia. Luego, la persecución criminal y civil de las responsabilidades en torno al tráfico ilícito puede únicamente resolverse en instancia nacional. Por ello, si bien algunos países han modificado sus leyes sobre consumo de tabaco y su tributación específica, el desincentivo a la demanda es insuficiente.

El Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del Tabaco (2012) y los alarmantes informes de la OCDE y la UE sobre el ‘boom’ del tabaco ilegal sudamericano, hacen urgente el debate sobre qué modelo normativo debe regir esta industria. En Chile, las propuestas de nuevos impuestos y tipificación de delitos, deben atacar la epidemia y corregir las fallas del mercado, colaborando a un proceso de integración jurídica-política más que comercial. A nivel nacional y regional, lo que están en juego son derechos fundamentales y no sólo libertades económicas.

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