RECONSTRUCCIÓN Y DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA

Hace dos años, la visita de Raquel Rolnik, relatora especial del derecho a la vivienda adecuada de la ONU, abrió un nuevo debate sobre la reconstrucción y los derechos sociales en Chile. Nunca antes un organismo internacional había evaluado la política habitacional y de desarrollo urbano, menos desde el enfoque de las prerrogativas de última generación. La catástrofe del 27/F del 2010 puso en evidencia lo que las organizaciones comunitarias llevaban una década denunciando: las brechas para el acceso a una vivienda digna en un país de la OCDE.

Hasta ahora, la reinstalación de escuelas, la reparación de casas y edificios, el desplazamiento de campamentos y el programa de subsidios especiales, han sido expuestos como un gran plan de reactivación económica. Todo ello, sin observar las recomendaciones y estándares internacionales sobre este derecho humano. En efecto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cifra, al 31 de enero del presente, los subsidios asignados en 222.418, las obras iniciadas en 221.425 y las obras terminadas en 194.856. No obstante, las manifestaciones ciudadanas de los damnificados en Tomé y Dichato —en pleno invierno—, los estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre la aparición de nuevas extensiones de campamentos o viviendas precarias, y los informes de algunas universidades, se han encargado de evidenciar que la reconstrucción tiene dos caras.

Una exitosa, conforme a parámetros del Banco Mundial y a las normas de libre competencia que rigen las licitaciones públicas —entre países desarrollados— en materia de infraestructura vial, conectividad y mitigación costera. Otra, una debilitada responsabilidad del Estado hacia los sectores más pobres, que apunta al mero restablecimiento de viviendas, a los desplazamientos o erradicaciones y que, en vez de buscar la equidad, tiene efectos regresivos como la segregación urbana. Una realidad histórica de vulneración de derechos derivada de la pobreza y una escasa difusión de la titularidad de tal prerrogativa, ya en instancias políticas, ya en el sistema de justicia.

En el quinquenio precedente, la doctrina jurídica internacional, ha confluido hacia una mayor preocupación por la esfera de derechos sociales y económicos de las víctimas de estos desastres naturales. Los terremotos de Italia en el 2009, Haití en el 2010 y Japón en el 2011, han abierto la discusión interna sobre el derecho a la vivienda digna y la viabilidad de su cumplimiento, justiciabilidad y garantía. Una experiencia de derecho comparado que bien vale observar.

Derecho a la vivienda adecuada  

Reconocido en términos genéricos por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, su contenido y dimensiones han sido definidos posteriormente. Así, la Relatoría lo describe como el “derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad”. En tanto, su ejercicio tendría siete atributos: i) seguridad de la tenencia, ii) disponibilidad de servicios e infraestructura, iii) gastos soportables, iv) habitabilidad, v) accesibilidad, vi) ubicación, y vii) adecuación cultural.

Fueron estas dimensiones las que evaluó en terreno la relatora especial. Las mismas que aplicó el INDH en sus informes anuales de 2012 y 2013. Ello porque, si bien no existe un reconocimiento expreso en la Constitución, o en alguna norma legal, se entiende que el pacto está vigente desde su ratificación en 1989. Luego, es importante constatar que, de acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada en 2013 por el Instituto, un 57,5% de la población considera que tener acceso a una vivienda es un derecho humano, un 65,5% estima que garantizarlo es responsabilidad del Estado, y un 77,1% cree que este derecho no está lo suficientemente amparado.

Según estudios de la misma entidad, en la zona del terremoto surgieron una decena de microcampamentos, a lo que se sumó una agudización de la pobreza en los asentamientos irregulares preexistentes de Talca, Tomé y Dichato, y en las poblaciones de Chiguayante y Talcahuano. En todos, la vulneración al derecho a la vivienda es casi sistémica. Ello afectaría principalmente a mujeres jefas de hogar, a adultos mayores y a jóvenes sin capacidad de ahorro ni educación superior. Al respecto, es categórico el diagnóstico de la Comisión Asesora Presidencial sobre Desarrollo Urbano del 2013: “Las políticas que permitieron disminuir el déficit habitacional descuidaron la localización, generaron concentración de pobreza, inseguridad, hacinamiento, mala conectividad y falta de acceso a bienes públicos urbanos”.

Por su parte, la relatora en su informe continental (2012), presentado ante el Consejo de DD.HH de la ONU, advierte los peligros del paradigma chileno de subsidios, tanto respecto de la reconstrucción como de la liberalización del mercado inmobiliario. Ello podría arrastrar al sistema a una crisis con doble identidad: en los estratos altos, una debacle similar a la ‘subprime’ que afectó a EE.UU. en el 2008; en los bajos, un ciclo como el de los desahucios masivos que ha quebrantado a los españoles. Igualmente, califica de asistencialista a nuestro modelo, debido a su variada oferta pública de subsidios para la compra y arriendo de inmuebles, pero que desatiende las dimensiones esenciales como la seguridad, la cobertura, la calidad o la identidad cultural, entre otras. Es decir, un bien comercial o una prestación social básica, pero no un derecho.

Los otros terremotos

Otras catástrofes similares han movilizado la acción humanitaria de la ONU y el apoyo financiero del Banco Mundial, el G8 o el G20. Cada Estado con expectativas y bienes jurídicos protegidos en juego muy diversos, pero donde el cumplimiento del derecho a la vivienda ha abierto un debate público. El terremoto de Haití en el 2010 y el de Japón el 2011 muestran los extremos de la devastación más preocupante para la protección de los DD.HH. Mientras en Haití, la magnitud del sismo no fue tan alta, los efectos aún persisten. A la crisis económica y de infraestructura generalizada, se agrega la desarticulación de varias iniciativas para erradicar campamentos y cumplir con el derecho a una vivienda digna. Del otro lado, Japón es el símbolo de la modernidad y riqueza asiática, pero cuyo terremoto y posterior ‘tsunami’ no sólo destruyó miles de inmuebles, sino provocó casi un millar de víctimas y una grave crisis atómica en Fukushima.

En cuanto a L’Aquila, Italia, el 2009, no sólo arruinó patrimonio arquitectónico y edificios relevantes de la red de salud, universidades y cárceles, sino que motivó una intervención multisectorial inédita para el sistema europeo: seguridad alimentaria, protección y reparación medioambiental, bienestar, y viviendas dignas. Sin embargo, sus resultados han sido cuestionados, enfrentando la crítica de la UE y la población por las redes de corrupción involucradas en la reconstrucción.

En el caso de Chile, de cara al debate sobre una nueva Constitución y la propuesta de un Estado Social de Derecho, el derecho a la vivienda adecuada no debiera ser una mera expectativa. Al contrario, todavía estamos a tiempo de dignificar la vida de quienes habitan las viviendas sociales y contribuyen al desarrollo del país. Los subsidios son un instrumento, no el contenido de una prerrogativa fundamental. Si nuestro Estado es pionero en la aplicación de restrictivas normas de licitaciones, con mayor razón debiera serlo en el reconocimiento progresivo de este derecho.

* Diario de Concepción, viernes 28 de febrero del 2014

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