LA DETERMINACIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE EL NUEVO DERECHO DEL MAR

La resolución del diferendo marítimo entre Perú y Chile, y su cumplimiento, generan dos consecuencias críticas sobre el modelo de política del mar que ha seguido nuestro país en las últimas décadas. Primero, se constata la premisa reiterada por el agente nacional Alberto van Klaveren respecto de que no basta la sola costumbre jurídica en materia de límites territoriales cuando ya existe todo un nuevo sistema internacional de protección y gobernanza sobre los océanos. Precisamente, fue este derecho el que primó en la CIJ. Ergo, si bien reconoce la tesis chilena como el legítimo límite marítimo hasta las 80 millas, redefine —a favor de Perú— el límite respecto del resto de la zona económica exclusiva a través de la línea equidistante.

Segundo, la historia de este proceso ha puesto de relieve las desigualdades manifiestas entre los pesqueros industriales y los artesanales de la Región de Arica y Parinacota. Problema que se repite a lo largo de las costas chilenas y que incluye a todo el capital y recursos marítimos de las aguas, suelo y subsuelo. Por eso, considerando las propuestas de una nueva Constitución y de reestructuración del Ministerio de Agricultura y Alimentación, bien puede el próximo gobierno y el Parlamento abrir el debate en torno a los desafíos del actual derecho del mar.

La cuestión no debiera ser complicada en el ámbito de la doctrina jurídica, ampliamente divulgada en ordenamientos de países pertenecientes a la OCDE y con presencia de agencias de la ONU —como es el caso chileno—, pero sí en el plano económico y comercial. Bástenos recordar tres situaciones que muestran la extensión del problema marítimo: las críticas a la última Ley de Pesca y Acuicultura que mantiene un orden preferente hacia los industriales, la inexistencia de una institucionalidad permanente de vigilancia del medioambiente marino y la escasa inversión pública en investigación científica de recursos genéticos y minerales del mar.

Así, un conflicto que se inició como una demanda por límites marítimos, puede evolucionar desde una cuestión propia del derecho de los tratados y la diplomacia a configurar un problema político interno sobre el paradigma de derecho del mar que debe regirnos en las próximas décadas. Esto, porque mientras los países desarrollados y organismos internacionales avanzan en el reconocimiento multilateral o legal de conceptos como los de gobernanza de los océanos y gobernanza pesquera, o en la elaboración de políticas públicas multidisciplinarias contra el agotamiento de los recursos marinos y los efectos del cambio climático, eso no ha ocurrido en Chile.

Derecho del mar: el caso chileno

Chile, Perú y Ecuador fueron pioneros en la creación del nuevo derecho del mar. En 1952 firmaron la ‘Declaración sobre Zona Marítima de Santiago’, creando además del Comité Permanente del Pacífico Sur, la figura de las 200 millas marítimas que sería recogida en la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar (Convemar) en 1982, la Carta Magna que rige los derechos sobre los océanos y las relaciones entre los estados.

Desde el año 1997, nuestro país es signatario de ella y está sujeto a todos los deberes y obligaciones de derecho internacional que impone su texto —incluyendo las normas de DD.HH y derecho internacional humanitario—, así como detenta los derechos y libertades que reconoce a las partes, sometiéndose a la jurisdicción del Tribunal Internacional del Mar y a la fiscalización de sus órganos administrativos.

Asimismo, ha suscrito el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces y el Código de conducta de la FAO para la pesca responsable (ambos de 1995), como también convenios de seguridad marítima y otros acuerdos bilaterales. Sin embargo, si bien tales normas son vinculantes para Chile —su población, sus órganos públicos, las empresas nacionales y las Fuerzas Armadas—, falta una estrategia nacional de protección y derecho del mar.

Nuevo Derecho del Mar

Lo interesante de las modernas tesis del derecho del mar, más allá de regular todos los aspectos de la soberanía, jurisdicción, derechos y obligaciones entre los Estados costeros, es que se extienden a los deberes del Estado hacia su población. En especial, al cumplimiento de prerrogativas de última generación como el medioambiente marino libre de contaminación, la seguridad alimentaria y la pesca artesanal protegida.

Un verdadero desafío constituyen otros temas incipientes, cuyo reconocimiento jurídico a nivel constitucional o legal ya es necesario debatir: la explotación de recursos energéticos, minerales y alimenticios del fondo marino o su protección patrimonial; la implementación de royalties sobre esos productos; la fiscalización efectiva a la piratería internacional; la protección medioambiental de las aguas más allá de la zona económica exclusiva; la investigación sobre la acidificación de los océanos y protección del capital marino del mar presencial; e, incluso la recuperación de la plataforma continental que emerge por efecto del cambio climático.

Si Chile antes fue pionero en la defensa de sus recursos naturales, hoy puede retomar esa senda y siempre legitimado por el derecho vigente. Tras este fallo, las inequidades de la pesca de arrastre y la acuicultura, debieran servir para abrir un debate sobre el capital de nuestras costas y la definición de una estrategia que enfrente los desafíos del derecho del mar, antes que se lamente la dilapidación de un patrimonio tan codiciado.

* Diario de Concepcion, martes 28 de enero de 2014

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