El camino jurídico-político de la nueva Constitución de Bachelet

La nueva Constitución propuesta por Michelle Bachelet pretende ser la viga maestra de un sistema pionero de derechos fundamentales garantizados, donde el Estado adquiera la categoría de un Estado Social de Derecho, a similitud de España o Alemania. Esto rompe con la tradición liberal de la Constitución de 1980 a fin de instaurar una serie de reformas al texto vigente, entre las cuales son esenciales: i) la ampliación del catálogo de derechos fundamentales y sus proteccioness; y, ii) la democratización del sistema político y la administración del Estado

El tema ha generado un nutrido debate sobre la viabilidad de una reforma global y los efectos que su instauración tendrían sobre la responsabilidad financiera del Estado. Bachelet y el programa únicamente han planteado la “vía institucional” para una nueva Constitución sin detallar un mecanismo o articulado preliminar. De esta forma, mientras algunos activistas y académicos abogan por una Asamblea Constituyente o la reforma elaborada por el mismo Congreso y refrendada por los electores, sus detractores insisten en que es un despropósito —más cercano al socialismo de Chávez— que una necesidad de una democracia liberal.

Las fórmulas para aprobar una enmienda total

Bachelet ha anunciado que enviará en el segundo semestre del 2014 un gran proyecto de reforma constitucional, la cual no sólo es compleja en su contenido sino respecto de la viabilidad política de su aprobación.

Ahora la Cámara de Diputados contará con 67 representantes de la Nueva Mayoría y 49 de la Alianza, además de 4 independientes: Vlado Mirosevic (PL), Giorgio Jackson (RD), Alejandra Sepúlveda (PRI) y Gabriel Boric, quienes probablemente voten a favor de tales propuestas. En tanto, el Senado contará con 21 miembros de la Nueva Mayoría y 16 de la Alianza, a los que se agrega el independiente, Carlos Bianchi, quien ha votado indistintamente a favor de la Alianza o la Concertación, según el caso.

Ergo, las reformas que necesitan el quórum más alto de aprobación, correspondiente a los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio, son aquellas que versan sobre los capítulos más importantes para la propuesta: I Bases de la Institucionalidad, III Derechos y Deberes Constitucionales, VIII Tribunal Constitucional, XI Fuerzas Armadas, XII del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y XV de Reforma Constitucional. Es decir, el Ejecutivo tiene la alternativa de modificar todo en su conjunto de manera directa, o bien modificar primero el mecanismo de reforma o enmienda constitucional, rebajando los quórums para luego avanzar en otras materias.

 Así necesita del voto favorable de 80 diputados y de 25 senadores para consagrar precisamente sus propuestas claves: el Estado Social de Derecho; los derechos fundamentales nuevos (educación, vivienda, trabajo, los derechos colectivos de las etnias y derecho a la multiculturalidad, los derechos de los niños y adolescentes, los derechos a la identidad sexual y derechos reproductivos —podría incluir la autorización del aborto—;  las nuevas prerrogativas políticas (derecho a la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas y asociación a movimientos sociales con vocación política); el derecho del Estado a regalías (royalties) por la explotación de sus recursos naturales; la creación de la Defensoría del ciudadano; la reforma al Tribunal Constitucional; y, la simplificación del mecanismo de reforma constitucional.

 Por tanto, le faltan 13 diputados, aunque podrían sumarse los 4 independientes, y así fijar la línea en 71. Al mismo tiempo, le restan 4 senadores, con un solo independiente que eventualmente votaría a su favor, sumando 22. En todos estos casos, existe aún la posibilidad que se agreguen parlamentarios de la Alianza.

 Asimismo otras reformas, que pueden seguir la vía simplemente legal, como la despenalización del aborto en ciertos casos, el matrimonio igualitario y el derecho de parejas del mismo sexo a la adopción de menores, si bien pueden ser modificados a través de la mayoría simple (50% más un voto de los parlamentarios presentes), avanzar hacia su constitucionalización se torna complejo.

 Otras reformas

No obstante, hay modificaciones que sí pueden implementarse a través de la adecuación de las leyes orgánicas constitucionales vigentes. Ello, significa que requiere la aprobación de 4/7 de cada cámara en ejercicio, es decir 69 diputados y 22 senadores. Así, en la Cámara Baja necesita sumar dos votos de independientes, que corresponderían a los ex líderes universitarios Boric y Jackson, mientras en el Senado, la falta de un voto podría ser suplida con la aprobación del independiente Bianchi. Por tanto, propuestas como la reforma educacional, la del Tribunal Constitucional, de Gobierno y Administración Regional podrían ser alcanzadas por esta vía sin agotar el debate constitucional.

 También la sustitución del régimen binominal por el sistema electoral proporcional puede ser viable. Esto mediante la aprobación de una ley que necesitaría el quórum de 3/5, es decir, la aprobación de 72 diputados y 23 senadores. Y si bien la Nueva Mayoría no cuenta con esta cifra, puede sumar a los cuatro independientes, faltando un solo voto para los diputados y dos para los senadores, los cuales pueden ser de la Alianza, según han manifestado varios de sus miembros.

De avanzar la reforma de Bachelet no se desmantela el derecho constitucional vigente. Al contrario, implica una adecuación de nuestra normativa y justicia a los estándares de países con altos índices de desarrollo humano y respeto por las libertades económicas. Lo interesante es el reequilibrio de fuerzas en la vía hacia ese nuevo orden constitucional, que augura un horizonte político con enfoque de derechos, uno propio para una sociedad de derechos garantizados y en la cual todas las visiones tengan espacio.

La nueva Constitución no será únicamente de la Nueva Mayoría, sino de un nuevo Chile.

* Publicado por Diario de Concepción, martes 17 de Diciembre, págs. 8 y 9 (también en versión on-line).

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