La huella de Bangladesh en Chile: la precariedad laboral como modelo productivo

Hace poco más de seis meses, el derrumbe de un taller textil en Bangladesh y las miles de víctimas que provocó, evidenció ante el mundo la peor cara de la precariedad laboral: la esclavitud como método productivo legitimado por el Estado. En pleno Siglo XXI, la reminiscencia de los relatos trágicos de la revolución industrial —cuando las nociones dogmáticas de persona y derechos humanos no estaban presentes en el debate político—, persiste aún en nuestra realidad.

Lo grave, es que casos como el de las costureras bangladesíes ya casi no nos sorprenden, replicándose en otras áreas del mercado global, fenómeno del cual Chile no está ajeno. El derrumbe de la mina San José hace tres años, que mantuvo encerrados en sus profundidades a 33 mineros por 70 días, es paradigmático. No sólo porque demuestra cómo el empleo precario ha devenido en elemento estructural de la economía —sin generar ningún cambio legal relevante—, sino por la tolerancia de la justicia que resolvió la causa como un mero accidente.

Así, ya no se trata de un crimen de lesa humanidad ejecutado por asociaciones ilícitas, propio de la economía ‘sommersa’, con tráfico de personas o secuestro de nacionales. Dos décadas atrás, éstas eran las denuncias ante la ONU, respecto de la minería clandestina en Bolivia, Brasil y el Congo, o en el rubro textil y tecnológico en China y la India. Tampoco se reprocha la migración laboral bajo constante vulneración de checos, polacos y búlgaros que prestan servicios medianamente calificados en países avanzados como Holanda o Suecia. Al contrario, hoy esta precarización es condición de rentabilidad y un objetivo de las políticas públicas destinadas al crecimiento y pleno empleo. Sin duda, un modo abusivo de entender la libertad de trabajo y la flexibilidad laboral tan recomendadas por el FMI y la OCDE.

Bangladesh y el retorno del capitalismo temprano

La huella de Bangladesh nos retrotrae a los tiempos del capitalismo temprano, cuando el estado de necesidad de los trabajadores los aguijoneaba a aceptar condiciones miserables de venta de mano de obra. Ese modelo de explotación industrial usado por los colonizadores anglosajones —denunciado por Marx y por la Encíclica Rerum Novarum (1891) —, donde los riesgos eran de cuenta del trabajador y ni el empleador ni el Estado se hacían responsables de sus derechos fundamentales, se ha reinstaurado. Se trata de ‘la economía política de la precariedad’ —como le ha llamado la OIT—, que con distintos niveles de erosión de las políticas sociales de protección del trabajador, acepta la precarización del empleo como parte de su estructura macroeconómica.

Lo paradójico es que mientras las sociedades se enriquecen, la inversión real desaparece, pues el crecimiento es financiero y no productivo, y la brecha de desigualdad y concentración de la riqueza aumenta. Esa es la realidad de países como Chile, Irlanda, Singapur o Vietnam, todos con modelos económicos idénticos, alabados por su liberalización y competitividad post década del 90, pero donde los sueldos de los trabajadores más pobres no experimentan aumentos reales y el acceso a bienes se logra sólo a través del microcrédito. Aquí la precarización se torna un estado permanente y no de transición, como debiera ser para países desarrollados. Por ejemplo, si antes miles de chinos construían las líneas férreas de las colonias inglesas, ahora —en sede nacional— ensamblan carcasas de modernísimos celulares norteamericanos bajo el mismo sistema esclavo de hace dos siglos.

Desde esta perspectiva, el drama de Bangladesh, es haber seguido las directrices del FMI, abandonando la agricultura y la industria productiva para centrarse en la exportación de ropa y el trabajo a maquila. Así fue que alcanzó el ideal de la gran industria de la moda: la conjunción del ‘low cost’ (bajísimo costo) y el ‘prestige’ (prestigio). Es decir, confección de calidad para marcas extranjeras, que imita el trabajo de alta costura, en manos de finas bordadoras, pero a precio de supermercado y financiable en su compra a través del crédito. Esta reducción de costes se logra sometiendo a los trabajadores a largas jornadas sin incentivos ni pago de horas extras, con nulas medidas de seguridad e higiene, además de restricciones ilegales a sus derechos laborales más básicos. Una ventaja competitiva ilegítima que le ha convertido en el segundo mayor exportador de vestuario del mundo, detrás de China. Un sector que da trabajo a más del 40% de la población activa, dentro del cual el 80% son mujeres menores de 30 años, y que reciben el sueldo mínimo más bajo del mundo: 28 euros mensuales que fueron aumentados a 35 tras la tragedia. Dicha maquinaria de explotación posee un PIB que se expande a un nivel superior al 6%, es decir unos 15.000 millones de euros que reditúan a polémicas sociedades de inversiones controladas por parlamentarios y políticos locales.

Medio año después del derrumbe del Rana Plaza en las afueras de Dacca, el paraíso de la ropa ‘trendy’ —la misma que repleta las vitrinas de las tiendas que en Chile causan furor con la idea del ‘masstige’ (prestigio y exclusividad para las masas)—, la cifra final de muertos alcanza a 1130 personas, mientras los heridos llegan a 2438, cientos de ellos mutilados y sin posibilidad de rehabilitación.

La precariedad chilena confundida con flexibilidad

En Chile, la huella de Bangladesh, excede el ámbito de comercialización del vestuario y alcanza a todo el mercado laboral. Precisamente, la temporada de navidad es la de mayor exhibicionismo del empleo precario confundido con flexibilidad. Los centros comerciales se llenan de promotores y vendedores captados por empresas de ‘enganche’ que, sin control de riesgos, les obligan a permanecer de pie toda la jornada y restringen el uso de servicios higiénicos, transformando en ilusoria la humilde ley de la silla de 1906.

La flexibilidad horaria del trabajo, que tanto se recomienda, es un mecanismo jurídico que nada tiene que ver con la liberalidad de aplicar causales de despido, con la carencia de contrato de trabajo, la negativa del empleador a pagar las cotizaciones de salud y previsión, o los apremios contra la sindicalización. Es así que subcontratación, inestabilidad, desprotección e informalidad definen parte importante del mercado del trabajo chileno.

Según la Fundación Sol, sólo el 39% de los ocupados tiene empleo protegido, es decir contrato de trabajo cumplido a cabalidad por el empleador. Por su parte, el gobierno ha reconocido que el 45,5% de los 825.840 empleos creados desde el 2010 son tercerizados, es decir, subcontratados con mínimas protecciones. Además, a nivel nacional conforme a la encuesta Casen del 2011, el 50% de los trabajadores gana menos de $ 251.620 y son ellos quienes ubican al país en el tercer lugar del ‘ranking’ de la OCDE de las naciones con mayores jornadas, superando las dos mil horas anuales.

En octubre pasado, el secretario general de la OCDE estuvo en nuestro país recalcando que era necesaria mayor flexibilidad laboral dado el crecimiento a la baja proyectado para Chile. El punto es que las políticas de austeridad y empleo, disfrazadas de flexibilidad, ya no son tolerables. Ha emergido una nueva cuestión social con una ciudadanía más educada que exige un debate profundo sobre la desigualdad y el ejercicio de sus derechos. Será tarea del Parlamento y del próximo Gobierno proponer una nueva estrategia de desarrollo que erradique la huella de Bangladesh en Chile.

* Publicado por Diario de Concepción, martes 3 de diciembre, págs. 8 y 9 (también en versión on-line)

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