La tragedia de Lampedusa y la crisis inmigratoria

Desde hace tres semanas, Lampedusa ha sido el escenario de la actual tragedia migratoria y de derechos humanos del África. Un éxodo continental que conmueve a las redes sociales y a la prensa, porque devela una paradoja intolerable para las sociedades desarrolladas: mientras más se avanza en el reconocimiento de las prerrogativas de última generación en sede nacional, más regresivos son, en cambio, los estándares mínimos de protección de la persona y el principio de universalidad de los DD.HH respecto de inmigrantes y extranjeros. En efecto, como nunca antes, en estos días, han llegado a Italia grupos de hasta 700 personas en una sola barcaza. Aquella isla es ahora la única puerta de ingreso a Europa, una ruta de viaje controlada por asociaciones ilícitas, cuyo incesante flujo —junto a otros hechos de persecución a inmigrantes—, ha generado una crisis política que divide a Europa, la cuna del Estado de bienestar y el garantismo humanitario. Además, mientras esos miles de indocumentados se refugian entre Milán y Sicilia sin posibilidad de transitar hacia otros países que han cerrado sus fronteras, se abre un debate internacional sobre la precariedad de la inmigración clandestina y sus consecuencias globales. Fenómeno del cual Chile no está exento, más aún ante una América cada vez más afectada por el cambio climático, la concentración de la riqueza y la desregulación del mercado del trabajo.

La esperanza de ‘terraferma’

La fatídica jornada del 3 de octubre recién pasado en Lampedusa es un caso emblemático de indefensión derivada de la guerra y la crisis alimentaria durante el último bienio. Respecto de tales vulneraciones ni los gobiernos de origen ni la ONU, y menos los países de destino, se hacen responsables. Tras permanecer a la deriva entre Malta y Lampedusa, el volcamiento de una embarcación artesanal proveniente de Libia cobró la vida de más de 370 personas. Todo a vista de los equipos de rescate italiano cuya dotación era insuficiente para un salvataje de esas proporciones: víctimas sin salvavidas ni instrucción para emergencias, exhaustas, desnutridas y sin conocimiento del idioma, salvo las palabras más básicas para pedir ayuda. En su mayoría eran sirios y somalíes, muchos de ellos jóvenes y niños sin identificación alguna ni familiares a bordo, quienes tenían en esta odisea una promisoria vía de escape para un permanente estado de necesidad. Drama que evidencia toda su inhumanidad y miseria en documentales y films que desde el 2011 denuncian, como en la premiada ‘Terraferma’, que el colapso inmigratorio se produciría y que la burocracia europea no tendría una respuesta estratégica, tal como ahora.

La isla enfrenta una emergencia humanitaria, pues ya no tiene espacio ni para refugiar ni para enterrar muertos. Los funerales de Estado y la pompa fúnebre con que se elogió a las víctimas, en un gran evento en Sicilia —al cual asistieron desde jefes de Estado hasta príncipes, pero sin anunciar medidas de contención y reparación—, fueron profusamente criticados. De hecho, hace casi dos décadas que la zona fue sometida a planes de reconversión económica, de escaso éxito, transformando a los pescadores de Lampedusa en microempresarios turísticos, quienes han devenido en receptores y auxiliares del proceso inmigratorio: reciben a los clandestinos y se sospecha que muchos son “facilitadores de la inmigración ilegal”. Se estima que en ese periodo se han recibido a más de veinte mil inmigrantes, al punto que desde el año 2009, no sólo se penaliza la inmigración clandestina, sino que se persigue la figura del favorecimiento, además del encubrimiento y la complicidad. Sin embargo, esto es insuficiente y arbitrario: sancionar a los clandestinos es un despropósito. Ellos aspiran a convertirse en refugiados, son desplazados ambientales, políticos o étnicos, e incluso víctimas de un crimen de lesa humanidad como la trata de personas. Su funcionalidad, sin embargo, es muy apetecida para ciertos mercados europeos: laborar en la economía ‘sommersa’, fortalecida tras el contagio financiero, donde la industria de la moda y del diseño, especialmente “made in Italy”, ha sido la principal favorecida.

El modelo inmigratorio en crisis

La reacción del gobierno italiano —apoyado por las naciones del Mediterráneo como España, Francia y Marruecos—, ha sido frenada por los intereses de las potencias de la UE. Una inconsecuencia del discurso de DD.HH, que mientras sí admite la responsabilidad internacional de proteger, a través de la intervención en la gobernabilidad de los países de los inmigrantes, de control de sus políticas macroeconómicas y de inversiones, no es capaz, sin embargo, de siquiera asegurar la vida de tales víctimas y bajo su propia jurisdicción territorial. Es así que en la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre, la propuesta de un cambio total de enfoque de la política migratoria, que considere una reforma al modelo asistencialista con instrumentos de corto y largo plazo, y la inclusión de los inmigrantes en la estrategia de desarrollo de las naciones receptoras ha sido desechada. La única mención a la crisis fue la declaración de que éste era un problema de responsabilidad de toda la UE y no sólo de los países del sur. Sólo en la reunión de fines de diciembre se recibirán planteamientos al respecto, de parte de un grupo de trabajo especial, postergando la votación de medidas urgentes como un “pasillo humanitario” —que permitiría a los inmigrantes circular hacia ciertos países que les reciban por un periodo acotado—, y la celebración de “acuerdos migratorios y de cooperación” con los países de origen —como el vigente con Marruecos— que controlarían la vorágine de estos meses.

Los gobiernos de Alemania, Suiza y Austria han cerrado sus fronteras, incluso desconociendo temporalmente el espacio de Schengen, que desde 1995 reconoce la libre circulación entre los 28 países y sus asociados. A eso se suma la ineficacia de la normativa del Acuerdo y Reglamento de Dublín II, que establecen un detallado sistema de asignación de responsabilidad y territorialidad de la jurisdicción administrativa para quienes solicitan refugio en la UE, pero cuya vigencia y eficacia ha sido cuestionada pues no contempla la exigibilidad de los DD.HH. A su vez, la institucionalidad de control fronterizo se reduce al sistema integrado de cédulas de identidad y el Frontex (entidad con mermados recursos de la Unión) que se encarga de la protección de las fronteras exteriores, visando documentos, pero sin funciones de contención y asistencia.

Los otros casos de un modelo fallido

La xenofobia y las políticas de cierre de fronteras no son los únicos casos contra inmigrantes. La política de expulsión de indocumentados, por lo general, gitanos en Francia, o afganos en Bélgica, que nunca obtuvieron su reconocimiento como refugiados, también genera controversia. El caso de una adolescente deportada por Francia entraña una visión celosa de la justicia que denigra su esfera de derechos. Tanto que las marchas de apoyo y declaraciones de defensa de importantes juristas presagian un resultado adverso para el gobierno de Hollande en tribunales.

En Chile, el problema migratorio es incipiente y no existe una estrategia que aborde el tema de forma integral. Colombianos, ecuatorianos, paraguayos, argentinos, bolivianos y peruanos forman parte de todo el espectro productivo nacional. No obstante, las autoridades han condenado muy débilmente actos discriminatorios, como el de la marcha no autorizada contra colombianos en Antofagasta. Por lo mismo, el debate debe centrarse en la inclusión del tema como parte de un nuevo pacto social, propio de un país desarrollado y que prevenga la crisis que vive Europa.

* Publicado por Diario de Concepción, martes 29 de octubre, pág.7 (también en versión on-line)

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