El drama de Lampedusa

El 3 de octubre pasado, la tragedia de Lampedusa, marca un punto de inflexión en el actual debate de la crisis inmigratoria de Europa.

Ese día, 356 inmigrantes ilegales murieron víctimas del volcamiento de una barcaza que los transportaba desde Libia hacia el sur de Italia, precisamente cuando deseaban ser rescatados por fuerzas militares. Aquella, es la peor escena de una fatídica odisea que sólo en este año, hasta el 30 de septiembre, contaba con 30.100 inmigrantes llegados por mar a Italia. Un incesante flujo migratorio de aspirantes a refugiados, desplazados ambientales y migrantes económicos, que buscan incorporarse a los mercados informales surgidos en plena crisis de la eurozona. Sirios, libios, somalíes, malienses y eritreos componen la mayoría.

En tanto, otros acontecimientos develan la indefensión generada por el modelo aplicado hasta ahora, donde a la tipificación de delitos de inmigración ilegal, se unen sanciones como las expropiaciones y confiscaciones de bienes, además de penas de presidio y deportaciones —ilegítimas— de familias completas, incluso asentadas por años. Un fenómeno global que mientras en Francia tiene luchando judicialmente a una adolescente gitana, quien fue expulsada a Kosovo junto a toda su familia; en Chile, tiene a las autoridades condenando débilmente una marcha no autorizada contra colombianos en Antofagasta.

Así, una doctrina xenófoba y de mero control fronterizo, más propia de la guerra fría, se enfrenta a una perpleja visión solidaria, basada en el derecho internacional de DD.HH, pero ineficaz de solucionar los problemas de la nueva inmigración. Estos no inciden sólo en las prestaciones sociales, ni en la competencia laboral entre sectores precarios, o en la conformación de guetos étnicos. La mayor falencia es la desintegración social consentida por los Estados, que, sin embargo, toleran la economía somersa que sostienen los inmigrantes, intervienen en la gobernabilidad de sus países, y controlan su macroeconomía a través de la deuda pública y la inversión privada.

El fin de este drama exige un nuevo pacto social en los países receptores donde, más que la despenalización de ciertas figuras y la solidaridad, se incluya a los inmigrantes en la estrategia de desarrollo y no en las miserias de los extramuros de los DD.HH.

 * Publicado por Diario de Concepción, martes 22 de octubre, pág.2  (también en versión on-line)

Anuncios