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Mientras este 16 de octubre se celebra el “Día Mundial del Derecho a la Alimentación” y diversos países avanzan en su reconocimiento, en Chile aún no se abre el debate sobre qué modelo de derecho alimentario necesitamos para el futuro. Proclamada en 1979 por la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas), la fecha busca concientizar sobre las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir este derecho de última generación. Una prerrogativa que ha evolucionado desde el mínimo exigible del “derecho fundamental a no padecer hambre” —que evoca las miserias del hurto famélico o la criminal inanición del holocausto—, hasta el complejo “derecho a un nivel adecuado de alimentación para sí y su familia”. Éste, también denominado “derecho a la seguridad alimentaria y nutricional”, se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Ambos niveles están reconocidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) como en otras convenciones internacionales vigentes para nuestro país.

Finanzas globales y derecho a la seguridad alimentaria

Durante décadas la cuestión sobre la inseguridad alimentaria estuvo circunscrita al África subsahariana. Actualmente, la geopolítica del hambre se ha diversificado y, pese a los esfuerzos, la padecen más de 842 millones de personas en el mundo, de las cuales 16 millones viven en países desarrollados. Citemos algunos ejemplos. Cuando el 2011, en Egipto, la Primavera Árabe derrocaba a Mubarak tras la peor crisis alimentaria en 40 años; en España, —sumergida en la recesión—, el arroz comercializado para mantención de mascotas aumentaba sus niveles de venta, ahora para consumo humano. Asimismo, este 2013, el trabajo esclavo con altos niveles de subnutrición de la mano de obra ha unido a Bangladesh y Qatar. En el primero, el 80 % de las mujeres empleadas en la industria de la moda padece subnutrición. En el segundo, decenas de obreros extranjeros han muerto debido a la intensa subnutrición a la que han sido sometidos durante la construcción de la infraestructura del Mundial de Futbol del 2022.

Por ello, en el último quinquenio la tendencia doctrinaria ha cambiando de eje. La globalización de ciertos riesgos sociales y los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, han determinado que la seguridad alimentaria, en los países del primer mundo, se transforme en pilar de las políticas macroeconómicas. A las naciones que han abordado el tema como parte del Estado de Bienestar en la U.E, se han sumado agrupaciones pioneras del libre mercado como la OCDE y el G-20, o instituciones como el FMI. Todas han puesto de manifiesto que el problema alimentario está en el centro del Estado y su rol en la conducción de las crisis financieras y agrícolas que nos aquejan. Bajo esta tesis, no es sólo la economía o la esfera individual de derechos la que está siendo vulnerada cuando se desprotege a la seguridad alimentaria como derecho humano, sino la sostenibilidad completa del sistema de alimentos. Propuestas como la regulación de los mercados de futuros sobre derivados financieros (alimentos) a fin de limitar —e incluso penalizar— la especulación ilegítima sobre estos, la reforma a los Bancos Centrales para otorgarles facultades e instrumentos fiscalizadores que incidan sobre los precios de los alimentos y la negociación del Convenio de Basilea III, apuntan en esa dirección.

El modelo chileno y sus falencias

Más allá de los reconocimientos de la FAO y del ranking global de seguridad alimentaria de The Economist —que lo sitúa en el lugar 26, el top de Latinoamérica—, hay una serie de flancos abiertos que comienzan a hacer crisis.

Si bien desde los años ’80 no existen indicadores relacionados al hambre, sino a la obesidad, y el abastecimiento de alimentos es superavitario, nuestro derecho alimentario está muy lejos del modelo esperado para una economía de la OCDE y con un ingreso per cápita de US$ 20.000. Nos regimos por un marco jurídico de menor jerarquía (reglamentos y decretos), para el cual la alimentación no es un derecho humano, sino un producto exportable y donde el Estado es sólo un garante de la libertad de empresa y de ciertos aspectos fitosanitarios o de inocuidad. Un enfoque técnico que ya ha develado sus deficiencias y que carece, entre otras, de tipificaciones penales como el fraude nutricional o el daño alimentario. De ello dan cuenta casos emblemáticos, como la crisis del virus ISA que afectó a los salmones, provocando el cierre de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo; las carnes de cerdos con dioxinas; o, la fatídica comercialización de suplementos lácteos contaminados que causaron daños neurológicos en sus consumidores. Todos fueron resueltos sin valorar la seguridad alimentaria individual, el daño sobre el sistema y menos determinaron la responsabilidad del Estado.

Segundo, la ineficiente institucionalidad pública en materia de vigilancia y prevención riesgos que afectan a nuestro sistema alimentario. La presente crisis agrícola del secano costero, causada por las heladas caídas entre la cuarta y la octava región, ha afectado a más del 70 % de cultivos de carozos tempranos, hortalizas y viñas. Una pérdida que superaría los US$ 1.200 millones y cuyo origen está en la inadecuada adaptación del patrón productivo de la pequeña y mediana agricultura, sin consideración a los efectos del cambio climático y la escasez de recursos hídricos. Por otra parte, la carencia de financiamiento público permanente a los seguros agrícolas involucrados en toda la línea de producción, o de una banca con participación fiscal, también reducen las posibilidades de protección agrícola. Incluso hasta la propuesta de creación de una Onemi del agro, se ha desentendido de este enfoque de la seguridad alimentaria.

Tercero, estamos inmersos en un precario debate legislativo para materias de alto interés ciudadano en las cuales la seguridad alimentaria es fundamental. Por ejemplo, ni el proyecto de ley de obtentores vegetales y la regulación de los alimentos transgénicos, ni la polémica Ley de Etiquetado de Alimentos y su reglamento, aún no aprobado, aplican esta perspectiva de derecho humano. Así, conceptos como la soberanía alimentaria que poseen los pueblos originarios, o la tesis de que la obesidad es un problema de inseguridad alimentaria por falta de acceso y disponibilidad de alimentos adecuados, tampoco son valorados.

Quizás lo más cercano a las nuevas tendencias hayan sido los programas de ‘Alimentación Escolar’ de la Junaeb y ‘Chile potencia agroalimentaria’, durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, respectivamente. Por eso, la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura y Alimentos, otorgándole mayores facultades fiscalizadoras y normativas, es la oportunidad vital para discutir sobre el modelo de derecho alimentario que queremos. La sola mantención del statu quo entraña una peligrosa y flagrante indefensión. En cambio, la opción por un modelo social de derecho alimentario con la seguridad alimentaria como derecho humano, definirá el destino de nuevas políticas públicas que cumplan y garanticen su ejercicio, en un Chile más democrático y consciente de su titularidad. Tal y como los países del primer mundo.

* Publicado por Diario de Concepción, miércoles 16 de octubre, págs. 6 y 7 (también en versión on-line)

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