MALI Y LA LEGITIMIDAD DE LA GUERRA DE FRANCIA

François Hollande, Presidente de Francia, es recibido por tropas de Mali

Durante las últimas tres semanas la intervención francesa en Mali ha sorprendido a la comunidad internacional desinformada y conmovida por la represión en Medio Oriente, en especial por una guerra sin fin en Siria. Mientras en las redes sociales abunda la suspicacia en torno a que los verdaderos intereses en juego serían energéticos o financieros, y no humanitarios, las tropas francófonas continúan arribando al Sahara occidental. En este punto debemos ser precisos: el de Francia no es un acto unilateral contra la autonomía de Mali. Estos soldados no son colonizadores ni adversarios de la soberanía maliense. Por el contrario, actúan bajo el amparo legal del Consejo de Seguridad de la ONU que, tras varios meses de indefinición, autoriza una operación permanente de reconstrucción de la sociedad civil de Mali.

En efecto, Mali y sus vecinos en crisis —Mauritania, Senegal, Argelia, Níger y Somalía— libraban este conflicto en la más absoluta soledad. Después de un golpe de Estado y la escisión del norte como la República de Azawad, el gobierno de Bamako estuvo un año solicitando ayuda. Primero a Francia, y luego a la ONU, invocando la responsabilidad internacional de proteger. En ese tiempo no cesaron las denuncias contra las redes criminales que quebrantaban su seguridad interna. No obstante, para la prensa estos hechos eran trivializados como una revuelta más de los tuareg, ahora que se les privaba de la diversión del Rally Dakar. Allí ningún líder o instancia de gobernanza mundial se pronunció a favor de las miles de víctimas en Mali y sus fronteras. Sea por razones económicas o geopolíticas, no se formaron grupos del estilo “Amigos de Libia” o “Amigos de Siria”. Tampoco hubo conferencias dirigidas por la ostentosa Liga Árabe. Menos aún alcanzó a tener figuración en la atribulada agenda de los Hermanos Musulmanes de Egipto y Túnez. El Sahel parecía pertenecer a los extramuros de Occidente y del Islam.

En ese contexto, los esfuerzos por la democracia alcanzada en el último quinquenio se habían esfumado. Aunque entre los rebeldes no existe equipamiento militar de última generación, el listado de flagrantes atentados a los derechos humanos es un triste catálogo de doctrina penal. Más de 300.000 desplazados internos, violencia sistemática contra las minorías étnicas y las mujeres, la imposición de barreras a las ayudas humanitarias contra la hambruna y la falta de agua; las ejecuciones sumarias, los tratos inhumanos y crueles, gracias a la particular imposición de la Sharia (ley islámica); el secuestro de niños para la conformación de milicias; o el secuestro y desaparición forzada de personas, incluyendo extranjeros.

Todo esto a manos de cuatro facciones violentistas que controlan los gobiernos locales del norte. De ellas, Al Qaeda del Magreb Islámico, ha alcanzado notoriedad debido a dos hechos recientes profusamente difundidos en los noticiarios: la ejecución el día 11 de enero de un informante francés secuestrado en Somalía —motivando una dura respuesta de Francia— y, seis días después, el secuestro durante 72 horas de más de 800 trabajadores en la planta de gas de Tiguentourine, en Argelia, donde resultaron muertas casi 40 personas. En ambos delitos el autor intelectual sería su líder, un antiguo miembro de la socialité argelina, el salafista Mojtar Belmojtar, conocido en las crónicas de internet como “El tuerto de El Sahel”.

Mali, en estas condiciones de inestabilidad, carece de medios para autogobernarse. No pueden las fuerzas políticas de gobierno asegurar la soberanía de su población, y menos el desarrollo, aunque esté vigente una moderna Constitución que reconoce diversos derechos humanos, admita la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y su población –90 % practicante del Islam– crea en la laicidad del Estado. Tampoco pueden dar garantías los grupos insurrectos y las milicias paramilitares que ejercen el terror en una población que vive en la extrema pobreza. Aun cuando pronuncien un discurso que reivindique la propiedad del Estado sobre la inmensa riqueza en hidrocarburos de El Sahel, la misma que sustenta las billonarias cuentas bancarias de inversionistas de Japón, Inglaterra o Francia.

Así, no existía más alternativa que la intervención humanitaria con la obediencia del gobierno maliense y con el solo objeto de recomponer la gobernabilidad y estabilidad social. Aunque sea a costa de una guerra contra paramilitares que hacen del terrorismo internacional su profesión. La sola idea de continuar dando apoyo a la población afectada a través de enviados de la Media Luna Roja, con mera asistencia médica y enfermeros, era irrisorio

Precisamente, junto a la acción de la diplomacia humanitaria, lo que pone fin a ese indigno statu quo es el lobby ejercido por el gobierno socialista de François Hollande. Si bien liderar la operación fue una decisión impopular, porque abre un frente de guerra, logró fijar una posición de “máxima justicia”, ante las flagrantes atrocidades por años ignoradas y ante la intromisión ilegítima de los grupos violentistas en un Estado tan debilitado como el de Mali. Al fin y al cabo, contrariando la antigua visión del respeto por la autonomía de los pueblos, él es responsable de un cambio de la política exterior francesa —durante las últimas dos décadas neutral y alejada de la OTAN, neoliberal, e incluso xenófoba—. Es su gobierno el que defiende la noción de la responsabilidad residual de Francia en el terrorismo que afecta a sus ex colonias y la aplicación de la responsabilidad internacional de proteger. Esta tesis plantea que todos los Estados del mundo tienen una responsabilidad inexcusable para intervenir y asistir a otros Estados que, por falta de capacidad o por falta de voluntad, no pueden proteger a su población ante atrocidades como el genocidio, las limpiezas étnicas, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es una forma de prevenir desastres genocidas como los ocurridos en la década del 90’ en la ex Yugoslavia, Rwanda o El Congo.

Hollande, basado en este planteamiento y teniendo un nuevo casus bellis, logra la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU a través de dos instrumentos. Se trata de las resoluciones N° 2071 y N° 2085 del 15 de octubre y del 20 de diciembre del 2012, respectivamente. Ambas constituyen el marco jurídico de la intervención, cuyo mandato es ayudar a la nación a recuperar “la soberanía y la integridad territorial”. Para tales efectos se decretan tres medidas. Primero, la entrega de 50 millones de dólares a la CEDAO (Comunidad Económica de África Occidental) para la implementación de la Misión Internacional de Apoyo a Mali (MISMA, por sus siglas en francés), a cargo del observador italiano Romano Prodi. Además se crea un fondo de rescate soberano por un máximo de 250 millones de euros en un plazo de 3 meses, que será administrado por Mali. Finalmente, ordena el despliegue inmediato de fuerzas militares internacionales, con integrantes galos, belgas, senegaleses y bajo comando nigeriano. Todo ello limitado a tres zonas específicas: Gao, Kidal y Timbuctú. Cualquier exceso que cometan las tropas con los habitantes de Mali cae en la esfera de los crímenes de guerra.

En este sentido, no es menor la crítica que ha generado el voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, con la anuencia de China y Rusia sin imponer condiciones. La razón: se trata del mismo tipo de resolución que tras 20 meses de negociaciones aún no logra conciliarse en contra de Al Assad, desangrando a los sirios, cuyos muertos ya suman más de 50 mil y millones de civiles son víctimas de una aguda crisis alimentaria.

En cuanto a sus resultados, a medida que van pasando los días, se incorporan nuevas fuerzas, y se difunden imágenes de los territorios reconquistados. Por ejemplo, se conoce del reciente apoyo de EE.UU. e Inglaterra con misiles drones ubicados en Níger y del restablecimiento gubernamental en Gao. Sin embargo, persiste la idea que así como Mali estuvo sola, también lo está Francia. Sus aliados de la UE, España e Italia, están en crisis política y casi en el default; la OTAN está preocupada de otros frentes; y la UE, considera que enviando dinero para la intervención es ya suficiente.

La suerte que tenga esta intervención dependerá de la voluntad de seguir consolidando la responsabilidad internacional de proteger. Ya no parece justa ni eficiente la tesis antibélica del estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el abandono de la estabilidad política a la suerte de las milicias islamistas foráneas, tal y como había sido hasta ahora. Este inmovilismo resultaría perverso e intolerable, más todavía como única respuesta al terrorismo transnacional del que han hecho gala figuras como “El Tuerto”.

Por eso, más allá del real estado de la balanza de pagos y de la matriz energética francesa, es gracias a François Hollande que El Sahel ha sido puesto en la vitrina del mundo, y quizá por ello su heterogéneo pueblo esté más próximo a las luces de Occidente y del Islam. De no ser así, la comunidad internacional seguiría consintiendo de forma negligente y cómplice a la debacle de un pueblo a expensas del terrorismo y la pobreza extrema.

 

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