FEMINISMO HUMANITARIO PARTE 2: EL PACTO DE ADRIANA Y LAS MUJERES CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD

Michael Townley y Mariana Callejas, la ex agente de la DINA

Michael Townley y Mariana Callejas, la ex agente de la DINA

El 18 de febrero del 2017 es la fecha en que los destinos de Brunhilde Pomsel y Adriana Rivas han quedado enmarcados bajo la misma categoría jurídica: secretarias y criminales de lesa humanidad. Ese día la magnánima ovación de «El pacto de Adriana», documental chileno estrenado en la Berlinale, y premiado por su jurado, inauguró un periplo de éxitos para el primer filme sobre una agente de la DINA —policía secreta de la dictadura— quien permanece aún prófuga. De entonces en más, la exhibición de esa parte de la historia chilena protagonizada por mujeres, reclutadas como agentes de inteligencia y represión del Estado, quedó al descubierto en su impunidad: colaboracionismo, terror, atrocidades y autoindulgencias, serán los conceptos cardinales del relato. Dos años antes, la aclamación en el mismo escenario de «Una vida alemana» (Austria, 2015) sobre la secretaria de J. Goebbels y sus servicios en el bunker de Hitler, anticipaba esa mirada aún perpleja sobre la responsabilidad penal de ellas. Y esto, porque durante décadas la participación punible en actos deleznables ha sido únicamente campo de hombres.

Por eso, un hilo invisible, el de Adriana, conduce desde Chile hacia Alemania la actual doctrina de la antropología cinematográfica de la memoria. Ello tiene dos significados. Primero, poner de relieve que el feminismo humanitario, como resistencia y estética política, comienza a ser considerado por ser la contracara de las mujeres criminales de lesa humanidad y de guerra. Segundo, porque han sido las mujeres en las últimas tres décadas quienes han liderado las iniciativas de defensa del derecho y deber de la memoria en el sistema de la OEA y de Naciones Unidas: las madres y abuelas de Plaza de Mayo han sido las pioneras a nivel global y, desde nuestro país, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Así, en primera persona, sus protagonistas se develan en los extremos de un mismo paradigma. Ambas son el fiel espejo donde la banalidad del mal, de dos momentos históricos distintos, se representa en féminas jóvenes y pobres que transitan desde un ideal romántico de la edad de la inocencia a un mundo, según ellas, en vertiginosa crisis moral. Lo abyecto, entonces, se habría de convertir en algo normal e incluso —con vergonzante sinceridad— dirían que habrían correspondido a los mejores años de sus vidas. Al principio, un estado de necesidad que las enfrentó a la sobrevivencia entre hombres poderosos; porque más allá de la opción por seguir la ideología del odio, o la avidez de conquistar el mundo, solo eran unas corrientes taquígrafas. Una y otra hicieron de la realpolitik, de su mayor o menor belleza, y de su concupiscente relación con las venalidades al interior de ese círculo perverso, un modus vivendi: «No pudimos ir contracorriente»; o, «lo hice por ropa, plata… viajes». Y, tras la rutinización del horror y la aplicación de la escasa justicia penal de la época, vinieron la reinserción y la abdicación moral propia del olvido. En un caso, la desnazificación liderada por Konrad Adenauer; en el otro, la transición a la democracia en manos de Patricio Aylwin.

Por cierto, el éxito de ambos filmes en la época de las redes de Internet y la inteligencia artificial aplicada al uso de armamento pesado (que asegurará la impunidad de muchos de los futuros conflictos humanitarios que conozcamos), ha abierto el debate sobre el derecho a la memoria —con una perspectiva de justicia universal—, incluso sobre genocidios antiguos: desde el Selk’nam hasta el de las tribus herero o de los armenios, y también sobre otros más recientes, como los de Cambodia, Guatemala, Ruanda, Bosnia o Siria.

La memoria, como bien jurídico protegido, está muy lejos de la mera venganza y de la justicia de los vencedores, como suelen acusar los involucrados en crímenes de regímenes totalitarios. Al contrario, las generaciones más jóvenes han dado un salto de conciencia que las lleva a creer más en el deber de la memoria, entendiéndolo como una prerrogativa colectiva, que en la efectiva justicia penal de derechos humanos, que es la perspectiva individual. Sobre todo, cuando los victimarios son mujeres y sus víctimas son otras mujeres o adolescentes y niños: seres inermes ante el Leviatán del poder político omnímodo. Y esto revela una paradoja: la misericordia laica que subyace en la solidaridad con las víctimas, más allá de la justicia transicional (‘en la medida de lo posible’) no está acompañada, sin embargo, de un pleno convencimiento de que la memoria sea un interés valioso que pertenezca a todos.

Surgen hoy las interrogantes: ¿Ha valorado la clase política chilena que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y, antes, el Tribunal Internacional de La Haya, ya habían declarado a finales de la década del 80’ que es un trato cruel e inhumano para las familias directas de las víctimas de desaparición forzada y de tortura con resultado de muerte, y no solo un sentimiento de pérdida, que no se determine la verdad de los hechos, incluso en casos de justicia transicional? No, no lo ha hecho. No en los términos excepcionales en que parte de la judicatura sí lo ha intentando aplicar. Menos se ha considerado importante darle rápida tramitación en el Parlamento a proyectos de ley sobre memoria histórica, sanción del negacionismo y reconocimiento expreso del derecho a la memoria, ya en una ley o en una nueva Constitución. ¿Qué es lo que puede legitimar el interés de aquellos más jóvenes, incluso perteneciendo a las filas de la derecha liberal y que no son víctimas, en el establecimiento de la verdad y la reparación?

La empatía que despierta el trabajo de los cineastas o algunos destellos de humanidad de las protagonistas, sitúan a la sociedad civil en una encrucijada: delimitar la participación punible de tales criminales es un imperativo. Más aún cuando la automatización de los conflictos bélicos seguirá anulando el vínculo entre una persona y los hechos que tienen por resultado un crimen.

Perfil de una sencilla secretaria del mal

Siempre he estado en los márgenes del poder. Siempre fui irrelevante. Hoy no rompo el silencio para limpiar mi conciencia. Nada es tan horrible ni tan bello. Incluso la fealdad puede tener un lado brillante y luminoso. Las cosas no son blancas o negras… Nadie me cree, pero yo no sabía nada. Jamás hice otra cosa que no fuera el simple trabajo de mecanografiar y ordenar papeles. En aquellos años no me veía como culpable. Tampoco ahora. A menos que se culpe a toda la población alemana por permitir que hayan tomado el control. Entonces, lo fuimos todos. Incluyéndome a mí— relata una mujer frente a la cámara con una voz nítida y gutural. Es un plano cerrado con un fondo negro que prescinde de música u otras intervenciones. Una imagen minimalista e implacable que exhibe el rostro de una anciana de 105 años, cuya elocuencia y lucidez desfilan —sin pretensiones intelectuales― entre los distintos niveles de «la culpa alemana» descritos por Karl Jaspers. Su nombre: Brunhilde Pomsel, «la secretaria del mal» o, simplemente, la secretaria de J. Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del III Reich. Testimonio documental que bajo el título de «Una vida alemana» (Austria, 2015) nos exhibe a la última sobreviviente que presenció el hundimiento del búnker de Hitler.

La polémica fue inmediata: ¿Por qué interesarse en el testimonio de una asistente de confianza que permaneció 70 años en silencio y que jamás fue citada, investigada o procesada por crímenes del nazismo, salvo por sus cinco interminables años en una cárcel controlada por rusos? ¿Cuántas otras mujeres, como ella misma denuncia, que fueron madres, cónyuges, amantes, hijas, parientes, secretarias, empleadas o asistentes de criminales, habrían tenido participación punible en crímenes de lesa humanidad y de guerra? ¿Cuántas de ellas habían vivido y muerto en la impunidad tutelada por la transición y los vencedores? ¿Cuántas de aquellas dignas y decentes alemanas habían reintegrado sus vidas en la política y la judicatura por décadas?

Las respuestas eran simples: centenares de ellas, con mayor o menor, e incluso ninguna convicción nacionalsocialista, aún siendo centenarias, resguardaban la confidencialidad de aquello que el fiscal Fritz Bauer llamó en 1958 la conspiración del silencio. No era, en efecto, una mera renuncia moral ocultar información y obstruir las investigaciones, sino que era un acto conspirativo en contra del Estado que provocaba una flagrante denegación de justicia de derechos humanos. No obstante, dicha tesis —cuya crítica y férrea oposición fue liderada en el parlamento por un joven Helmuth Kohl, hoy devenido ícono de la justicia transicional alemana— tuvo una escuálida aplicación, siendo uno de los pocos procesos exitosos el sustanciado contra las guardianas de Auschwitz. Tras ese proceso y el manto de la Guerra Fría, hubo de pasar más de medio siglo para que la política de la memoria y el salto de conciencia moral de las nuevas generaciones reabrieran el debate: ¿Es legítima la imprescriptibilidad del derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de las atrocidades de la «solución final», que es la esencia del derecho a la memoria? ¿Es legítima la sanción en contra de mujeres que permanecieron ocultas frente a casos emblemáticos escudadas, con plausible razón para muchos, en su categoría accesoria de solo ser mujer en un plan genocida comandado por hombres?

Pomsel se transformó —en la virtualidad de Facebook y Twitter— en la hija pródiga que regresaba desde Austria, donde se exilió voluntariamente, hasta su natal Alemania para participar en matinales de TV, conferencias con expertos, microfilmes, comerciales y actos de memoria. Mientras más aparecía en las noticias, los críticos disminuían y los empáticos aumentaban: el lobby digital en torno al filme jugaba a su favor. En la prensa, un día estaba junto a las notas sobre Amal Clooney, Julian Assage, o Edward Snowden; y otro, al lado de las fotografías y crónicas sobre la Reina Máxima de Holanda y el oscuro pasado de su padre en la dictadura argentina. Una stella cadente la glorificaba cierto diario italiano de derechas, titulares y más titulares durante un bienio, hasta que se conoció aquello que la transformó en «su último trending topic mundial»: había muerto, no tenía familiar alguno que le sobreviviera y las indagatorias judiciales recientemente abiertas no le habían rozado un cabello siquiera.

Ese mismo día se confirmaba la sentencia condenatoria a presidio efectivo y sin beneficio alguno del llamado «contador de Auschwitz»: Oskar Gröning. El anciano de 96 años había admitido su participación como cómplice en 300 mil homicidios agravados y había pedido perdón en múltiples ocasiones. La decisión de la Justicia era clara: el deber de la memoria y el derecho a ella no prescribían ni admitían beneficios carcelarios en un sistema democrático.

Nuevamente la imagen de la longeva Brunhilde se instalaba, entre otros lugares, en los preparativos de la Berlinale. Eso, hasta que apenas una quincena más tarde la bandera de Chile irrumpiera en la puesta en escena: «El Pacto de Adriana», de Lissette Orozco, se estrenaba mundialmente en dicho festival, reemplazándole en premios y ovaciones. Y así, se comenzaron a sublimar las enmarañadas intervenciones de «la Chany», su protagonista, y la mirada perpleja de su directora. Testimonios que niegan y asumen la barbarie casi por igual, o exponen la fragmentaria idea de justicia que hoy trasunta a la burbuja de Internet… Hay verdugos inmisericordes y hay píos contemporizadores en todos lados.

«La Chany» y su pacto de silencio

«Cuando llegué a la DINA fue otro mundo para mí. ‘Ropa’ —dice Adriana Rivas, con cierta solemne vanidad de quien gusta del vestuario e idealiza el lujo, como si hablara de ‘haute couture’ en tiempos de escasez y bajísima producción—: nos vestían de pies a cabeza, cuatro veces al año. Una tenida completa. ¡¡¡La que nosotras quisiéramos¡¡¡ y en las mejores casas del país… o sea, todas andábamos de punta en blanco. Nos vestían cuando teníamos (una) gala, por ejemplo… Una cabra como yo, de clase media, con una educación media, ¿tú crees que habría tenido la oportunidad de ir a cenar a las embajadas en Chile; o, de andar en una limusina de allá para acá.  De ir a los mejores hoteles de Chile, estar una semana en Portillo con todo pagado. Viajar gratis sin pagar ni uno… todas esas cosas. Viajar, fuera de Chile… ir a España, estar entre Presidentes y ver la coronación de un rey» (que sería, por cierto, Juan Carlos de Borbón).

De ese modo, se  va confesando «la Chany» en una entrevista del año 2013 difundida por Radio SBS de Australia, país donde permanece prófuga. Expresiones que son ungidas en su propia indignidad —que desfila hacia lo basto— cuando reconoce que en Chile se torturaba, que todos lo hacían, y que su admiración por la humanidad (e injusto martirio) de Manuel Contreras, su amigo, estaba intacta. Escasos minutos de material audiovisual que no hacían más que ofrecernos un adelanto de lo que conoceríamos un trienio después en «El Pacto de Adriana».

De manera previa, el perfil criminal de «la Chany» se difundió a través de las investigaciones del periodista Javier Rebolledo, consagrado hoy gracias a una trilogía que en «La danza de los Cuervos» describe el modus operandi de dicha secretaria y otras mujeres en funciones de la DINA: torturas, tratos crueles e inhumanos, secuestros, ejecuciones y desapariciones forzadas. Luego, el exitoso documental con sus videos, postales y fotogramas solo consolidarían el nombre de Rivas, deviniendo en una figura de la cultura pop del desembozo: es muy difícil que un millennial de izquierdas desconozca su historia. Bastaría, por ejemplo, prestar atención a otra de sus citas memorables: «Como yo, gracias a Dios, era bonita, tenía un buen cuerpo, un buen trato, buena modulación, entonces yo tenía clase. Sabía tratar, sabía comer, podía ir a cualquier parte e iba a pasar por uno de ellos… ¿Por qué te digo que son los mejores días de mi vida? Porque esa parte estaba vetada para nosotros. Esa parte de la vida de los ricos estaba vetada para mí. ¿Tú crees que yo habría podido si hubiese sido secretaria ejecutiva, haber ido a almorzar al Palacio Cousiño? Pero yo la viví, yo estuve ahí»… En otro pasaje admite la comisión reiterada de tortura y desapariciones: «Tenían que quebrar a las personas. Ha pasado alrededor de todo el mundo no sólo en Chile”… “Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe”. “¿Y tú crees que los Estados Unidos no hacen lo mismo, el mundo entero lo hace, silencioso, subterráneo, pero lo hacen, es la única manera de romper la gente, porque psicológicamente no hay método como una inyección para hacerte decir la verdad, no existe…»

En dichas tomas no hay belleza, a diferencia del documental de Pomsel, ni tampoco manifestaciones de la estética del horror político. Es la imagen cotidiana y precaria de las videollamadas de Skype. No hay una ambientación particular, y la protagonista pareciera ser una dueña de casa que evoca la nostalgia de una gracia imaginaria y perdida. La suya sería una juventud que merecería ser filmada en cinemascope y musicalizada por Maurice Jarré: un romanzo evanescente como la misma «Sabrina» de Audrey Hepburn.

Un mensaje que interpela al espectador a preguntarse si acaso esa frivolidad no es una herramienta para enmascarar su propia conciencia moral: ¿Entiende que no hay justificación alguna basada en su juventud o en su gusto arribista por la socialité que la exima de su responsabilidad penal de derechos humanos, o que esa participación punible, por muy accesoria que hubiera sido en conjunto con otros 70 agentes del Estado, fue parte de un hecho criminal colectivo tan deleznable que no hay escuela de derecho de prestigio mundial que no estudie el paradigma de la represión, las atrocidades y la impunidad del gobierno de Pinochet, así como lo que ha sido el sistema de justicia transicional que se ha creado?

Adriana, la dueña del hilo del enfoque de género en este análisis, no era una simple asistente: con veinte años de edad pasó a integrar la Brigada Lautaro y a desempeñarse como la  secretaria personal del temible general Manuel Contreras, jefe de la DINA y hombre de confianza de Pinochet. Entre 1974 y 1978 fue una más en la jerarquía del terror que gobernó al cuartel secreto Simón Bolívar de Santiago hasta convertirlo en el más sanguinario del país: no hubo sobreviviente alguno entre quienes permanecieron allí detenidos.

El gas sarín, la sobredosis de medicamentos, los vejámenes con perros, las torturas colectivas y con electricidad, y la visita de ciertas víctimas de otros centros que se convirtieron en delatores, transformaron a ese lugar en un escenario del que gustaban perversos militares y civiles. Un día se creían parte de la familia millonaria de «La Caída de los Dioses», con Michael Townley y Felipe Berríos merodeando; otro, eran el elenco de Represalia o de El Portero de noche con más de algún torturador jactándose de galatuomo con las más bellas de Londres 38. Tres filmes estrenados por esos años y que desbordan el drama desatado por civiles al servicio de un régimen policial y, para no pocos, en una falsa guerra contra el marxismo. Títulos cinematográficos que pasaron a integrar el lenguaje habitual del modus operandi de ciertos hechores con ínfulas intelectuales, siendo capaces de trivializar sus propios crímenes.

La acompañaron en ese cuartel otras damas de funesta honorabilidad. Ingrid Olderock, que imitaba a las guardianas nazis y violentaba sexualmente a sus víctimas con ratones y perros, llegando a ser la directora de la escuela de inteligencia de mujeres y parte de la Operación Cóndor, pero que murió sin ser jamás procesada. Ema Ceballos, «la flaca Cecilia», la más fiel servidora de la DINA y la CNI, hoy única mujer cumpliendo condena efectiva por crímenes de lesa humanidad en Chile y en una cárcel común. Gladys Calderón, la enfermera que se enorgullecía de que le apodaran «el ángel del cianuro», y que aplicaba letales inyecciones durante las sesiones de tortura, quien aún está esperando condena. A veces, les visitaba Teresa Osorio, conocida por actuar siempre sola entre hombres: lo suyo eran los operativos que denominaban enfrentamientos entre extremistas. El que terminó con Miguel Enríquez ha sido su primera condena efectiva hace solo unas semanas.

Mención aparte pueden tener Mariana Callejas y Marcia Merino, figuras más cosmopolitas y cercanas a las historias atribuidas al terrorismo de «Carlos, el chacal», que a las agentes de clases bajas de Manuel Contreras y Álvaro Corbalán. Ellas pasaron de ser las fieles parejas de hombres conectados con grupos internacionales a ser las que detentaron el dominio final de la acción tipo, como se dice en materia penal. Cada una, ya en la derecha, ya en la izquierda, se transformó en autora y en cómplice de crímenes, así como en delatoras. Callejas, cónyuge en aquellos tiempos de Michael Townley y anfitriona de la casa de Lo Curro, fue siempre una aspirante a escritora que negó su participación punible en el atentado contra el general Prats, entre otros. Fue condenada a 20 años y luego se le rebajó la condena a 5 años, siendo remitida con prontitud. Muere en el 2016 sin haberse determinado su participación en otros atentados. Merino, por su parte, apodada «la Flaca Alejandra» peregrinaría desde la dirigencia del MIR en la clandestinidad, y víctima de la persecución, al rol de informadora y torturadora de sus propios compañeros de infortunio. Una espiral invertida de sordidez que sería coronada por su vinculación sentimental con agentes de la DINA en pleno cautiverio. Su relato en una entrevista/documental dirigido por Carmen Castillo en 1993, nos muestra el arrepentimiento y las confesiones de sus colaboraciones en torturas de activistas emblemáticos, pero sin aportar jamás de manera eficiente en las investigaciones judiciales. Todavía vive enclaustrada en Isla de Pascua.

El pesado velo de la criminalidad de las mujeres en el mundo

En 1978 la tía Chany se fue a vivir a Australia, al igual que otros agentes del régimen, y cada tanto regresó al país hasta el último viaje en diciembre del 2006. En ese momento, la justicia transicional había logrado avances de fuentes testimoniales coincidentes, confesiones y desclasificación de documentos, además de la aceptación doctrinaria —que no expresa en la normativa nacional— del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Ello, especialmente, porque se ha consolidado la tesis de que esta prerrogativa es una norma de Ius Cogens, es decir, de jerarquía superior, imperativa e inderogable por representar valores inclaudicables en la comunidad global. Ningún miembro de la judicatura chilena actual, entonces, podría desconocer, por ejemplo, la normativa y las interpretaciones oficiales emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, so pena de cometer una denegación de justicia. De manera tal, que esa fecha establece un punto de no retorno para ella y muchos otros criminales de lesa humanidad. En efecto, detenida por el Caso Conferencia, operación que «exterminó» con gran frenesí la dirección clandestina del Partido Comunista, y procesada por la muerte del dirigente Víctor Díaz, logra huir tan pronto se le concede la libertad condicional, quebrantando su orden de arraigo para nunca más volver. La historia, por tanto, de «su pacto» es siempre el resultado de una comunicación virtual con su sobrina.

Paralelamente, el contexto internacional comenzaba a fijar los límites de la tesis de la igualdad de las mujeres con los hombres criminales de lesa humanidad. Ruanda, la Ex Yugoslavia, y Cambodia ofrecen casos paradigmáticos de esa perversa equivalencia de género. Primero, el megaproceso de «las madres de Ruanda» es una experiencia pionera: centenares de dueñas de casa que colaboraron en el genocidio de su país en 1994 en calidad de autoras, cómplices y encubridoras fueron procesadas como agentes auxiliares y sentenciadas tanto por la justicia local como por el tribunal penal internacional especial. Ninguna podía justificarse en ser solo una mujer sometida a circunstancias de dominación masculina. Segundo, la guerra de la ex Yugoslavia también derivó en procesos contra mujeres de jerarquía política involucradas en masacres, tortura y violencia sexual contra otras mujeres. Sin embargo, el tribunal penal internacional especial condenó solo a una, en tanto la jurisdicción nacional en Bosnia ha reabierto casos emblemáticos por la particular violencia hacia niños y mujeres musulmanas. Y, tercero, «las abuelas de Cambodia», que a partir del 2016 comenzaron a ser condenadas por los crímenes del Khmer Rouge, pues su participación en hechos deleznables era de particular crueldad y amparados en la convicción y la violencia política.

En cuanto a mujeres de peso político global, no meros accesorios de la realpolitik, en el lustro que nos precede hay dos nombres que están unidos por el otro extremo del hilo de Adriana: Hillary Clinton y Aung San Suu Kyi. Ambas pasaron de ser íconos de la moralidad en política a desatar la ira de las redes de Internet y de la prensa digital. Mientras la ex Secretaria de Estado del gobierno de Obama en EE.UU sigue siendo criticada por los excesos cometidos en Libia tras el breve paso de la Primavera Árabe, así como del abastecimiento permanente de mercenarios a Irak y Afganistán; la segunda es responsabilizada por el drama del pueblo rohingya en Myannmar, el que no solo ha generado una crisis de refugiados sino que ha abierto el debate sobre si se está o no ante un genocidio. Y eso que ella era el símbolo del pacifismo en el Asia y del feminismo humanitario, llegando a recibir el Premio Nobel de la Paz (1991), en tanto la norteamericana ha sido postulada al mismo.

La banalidad de Brunhilde y la de Chany, expuestas al espejo de la memoria gracias a sus documentales, desnudan la precariedad de la ética en este tipo de mujeres, sobre todo en sociedades donde es muy poco lo que se espera de ellas. Ni intelectualidad, ni poder, ni perversión o maldad que conduzca la acción o la omisión de un tipo penal. Ellas saben escudarse en eso y los hombres se lo han permitido. No obstante, el feminismo humanitario y la lucha de reconocimiento del derecho a la memoria han establecido claras líneas de separación entre el colaboracionismo, la mera ayuda administrativa y la responsabilidad penal efectiva en los crímenes de agentes del Estado y sus conexiones con civiles, se trate de hombres o de mujeres.

Brunhilde y Chany, o el pacto imaginario con esa ética perdida en la política y la inaceptable justificación de la juventud del victimario en la comisión de sus crímenes, es un lastre que las nuevas generaciones deben conocer a cabalidad. Hoy, además, la memoria es un bien cultural que se hace feble, ya no ante el olvido de las transiciones, sino ante el paso arrollador de la automatización de la guerra. A mayor inteligencia artificial aplicada al uso de armamento, mayores condiciones de impunidad de los pocos hombres y mujeres que pueden ser identificados y responsabilizados de las atrocidades tipificadas por el derecho internacional que siguen asolando al mundo.

Y tal como admitiría Traudl Junge, la última secretaria personal de Hitler, en una entrevista que inspiró a los guionistas de «El Hundimiento», película sobre las últimas 48 horas de vida del Führer: «Con los años me di cuenta que no podía autoeximirme por mi juventud. Vi a niños cometer crímenes que luego les pesaron una vida entera. No puedo admitir que mi responsabilidad era menor por el solo hecho de ser mujer, joven y secretaria. Conocí muchos detalles e información que nadie quiso escuchar una vez acabada la guerra. Y creo, sin embargo, que mi memoria servirá a la justicia y a las nuevas generaciones».

Por cierto, Traudl, sin llevar nombre de heroína que salva al superhombre que reestablecerá la moral escindida de un pueblo quebrantado, resultó ser más noble que Brunhilde y Adriana. Mas, todas son la misma representación de la banalidad que el feminismo de estos tiempos aún no consigue develar del todo.

El Mostrador

 

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Feminismo Humanitario parte 1: Mujeres bellas, estética política y memoria del Holocausto

Leonard Cohen

Leonard Cohen

La imagen de un violín que pende solitario y arde entre las llamas de un inmenso crematorio es el ícono más representativo de la lírica de la memoria que Leonard Cohen consagró a las mujeres víctimas del Holocausto. Profundamente conmovido por los testimonios de las prisioneras en el megaproceso de Frankfurt (1963-1964) contra las guardianas de Auschwitz-Birkenau, y las primeras historias que allí se conocían sobre la orquesta femenina conformada en el centro, hubo un episodio en particular que lo marcó por años: el del cuarteto de cuerdas y sus bailarinas. Protagonistas de una puesta en escena perversa, aquellas compañeras de infortunio amenizaron y fueron espectadoras del camino hacia el averno que condenó a las checas más socialité que aún permanecían indemnes de las leyes raciales: la represalia fue implacable con ellas tras la muerte de Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga y líder de la Solución Final. Días horrorosos y sin descanso en que ingresaban a los crematorios un mayor número (que el ya normalizado) de madres con sus hijos, embarazadas y ancianas sin registrar, y vestidas con sus propias ropas. Todos directamente transportados desde sus hogares. Todos engañados con la posterior liberación o traslado que nunca llegó.

De esta forma, entre el ritual que acompaña a lo sublime —a esa belleza irrefrenable de las bailarinas clásicas en el imaginario de Cohen, junto a las espléndidas joyas de sus violines—, y la atrocidad que circundó la muerte en los campos de exterminio del Tercer Reich, la sencilla letra de la canción ‘Dance me to the end of love’ (1984), devino en el himno de un incipiente feminismo humanitario: «Dance me to your beauty with a burning violin/ Dance me through the panic till I’m gathered safely in/Lift me like an olive branch and be my homeward dove/Dance me to the end of love/ Dance me to the end of love». Una década después, el autor la dedicaría a las víctimas del otro gran conflicto bélico que vulneró a Europa y que visibilizó en el debate penal internacional el genocidio, la violencia contra la mujer en medio de crisis humanitarias y la islamofobia: la guerra en la Ex Yugoslavia.

Dos momentos de perplejidad política y abdicación moral separados por casi medio siglo que evidenciaban, entre otros problemas, el precario rol que se había asignado a la mujer en la narrativa de la memoria y la resistencia, así como en la literatura histórica y en la doctrina internacional contra los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Durante ese tiempo los titulares de las marquesinas de la ONU, de la prensa y del cine solo habían tenido por protagonistas de la estética política de la memoria a magníficos hombres: Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertèsz y Jorge Semprún. Las féminas eran parte únicamente del anecdotario narrado por heroínas románticas que bien podrían ser representadas por una Ana Frank o por una Audrey Hepburn. Mártires o sobrevivientes, en uno y otro caso, ellas escribían, narraban o documentaban sobre un precioso y frágil instrumento cultural llamado memoria del individuo. Ellos, en cambio, construían más que la crónica: lo suyo era el relato con conciencia política e histórica que daba testimonio en juicios emblemáticos y reafirmaba la universalidad de la persecución de los crímenes contra la humanidad. Y fue de ese modo por décadas.

La memoria reciente de las mujeres: Miss Sarajevo

 El punto de no retorno en esta categorización secundaria de las mujeres y la estética política de la memoria, estuvo determinado por un hito periodístico de la época: el concurso de belleza Miss Sarajevo de 1993 y su documental grabado en videocámara para aficionados. Un filme que se convirtió en herramienta de denuncia contra una guerra civil y limpieza étnica que dejaba miles de muertos diariamente, encubierto todo bajo el manto del discurso liberalizador de la caída de los socialismos reales. Celebrado en un sótano que se derrumbaba, las participantes se fotografiaron con una humilde pancarta que llevaba escrito un mensaje inglés: “No dejen que nos maten”. Su ganadora Inela Nogić, se convirtió de inmediato en un símbolo de la resistencia que aparecía en los noticiarios de CNN o en los programas de MTV. Aquella rubia de 17 años de edad, musulmana, estudiosa e imagen vívida del ideal occidental de belleza, —a quien Bono de U2 y Luciano Pavarotti le dedicaran posteriormente la canción Miss Sarajevo—, solo deseaba exponer al mundo el horror del genocidio y la ira del nacionalismo que incluso justificaba la ejecución ilegítima de lactantes, como también la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas de religión musulmana: “No sé si mañana estaré viva, pero ustedes, espectadores, están a un click de conocer a través del videotape o la TV por cable lo que sufrimos y de ver también los rostros de los mercenarios que nos acosan”, declaraba en su primera entrevista televisiva.

El fenómeno mediático que fue la cobertura de los primeros años de conflicto redefinió los límites del debate sobre la urgencia de crear un tribunal con jurisdicción global para investigar y sancionar los gravísimos atentados que evocaban la peor herencia del régimen nazi y su técnica jurídica para asegurar la impunidad de los criminales. Asimismo, surgieron la doctrina de la responsabilidad internacional de proteger y las tesis que relevaban el papel de la mujer, no solo como víctima, sino también como criminal de lesa humanidad.

En este sentido, hacia mediados de los años 2000 los nombres de dos serbobosnias, de distinta jerarquía política, se convirtieron en símbolos del terrorismo de Estado practicado por otrora decentes personas, mostrando la contracara del feminismo humanitario: Biljana Plavsic y Azra Basic. Mientras la primera, que fue vicepresidenta y presidenta de la república de Serbia, ha sido la única mujer en ser condenada por el Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia por genocidio; la segunda fue la llamada “novia de la vida y la muerte”, agente de la policía secreta condenada por una treintena de casos de tortura, vejámenes sexuales contra hombres y mujeres, y ejecuciones sumarias contra civiles. Sin embargo, miles de víctimas aún esperan que la justicia ordinaria resuelva sus casos y parte de las nuevas generaciones siguen apelando al ultranacionalismo para restablecer el sistema político y dictar una ley de punto final.

El reconocimiento del derecho a la memoria: las mujeres vÍctimas de los totalitarismos y la guerra

Dos décadas después del estreno de la canción de Cohen, la memoria ya no sería solo un ejercicio historiográfico únicamente de hombres, sino un bien jurídico universal propio de los derechos sociales y culturales. La memoria se erigiría —en una todavía inacabada lucha de reconocimiento—, en objeto de protección preferente y fundamental, pues era la esencia del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de las atrocidades que cometían los regímenes autoritarios. También era un deber: correspondía a la sociedad civil y política erradicar la impunidad, aplicar justicia y tomar conciencia de los efectos del odio y su criminalidad asociada, cuando esta obedecía a estructuras y planificaciones del Estado. De esa forma, el derecho y el deber de la memoria —en perspectiva mundial— eran la representación efectiva de los principios de imprescriptibilidad y universalidad de los derechos humanos, y de la premisa que los crímenes que atenten contra ellos no conceden amnistías ni institución legal alguna que procure la impunidad. Eso significa que la aún interminable búsqueda de las víctimas desaparecidas, por ejemplo, y los pactos de silencio de autores, cómplices y encubridores tampoco se someten a plazos legales que limiten la búsqueda de la verdad, la determinación de responsabilidades penal y políticas. La penalización del negacionismo, en otros casos, o la aceptación de la tesis de la conexión entre civiles y agentes militares o policiales en crímenes graves, constituyen igualmente una forma de reparar el daño causado.

En la valoración de esta prerrogativa, el año 2005 fue emblemático, pues la ONU abría la puerta al salto de conciencia moral de las nuevas generaciones que ya no se fiaban de la justicia transicional y menos tolerarían el silencio ante los horrores, fuera en Alemania, América Latina, Myanmar o un país subsahariano. La Asamblea General, entonces, da a conocer los primeros informes sobre lo que constituye la memoria como derecho humano, atendidos los avances de la Corte Interamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de las dictaduras que asolaron a este lado del mundo en los 70 y 80’. Asimismo se reabren casos emblemáticos de los escuadrones de las muerte en los territorios de la ocupación Nazi, ya no sólo por autoría sino por complicidad de ejecuciones y torturas, sin importar la edad de los inculpados ni su lugar de permanencia, incluyendo agentes mujeres. Incluso, personalidades de la política alemana, entre ellos su Presidente, aceptan públicamente la responsabilidad de desarrollar una política del deber de la memoria que no reconozca únicamente el Holocausto, sino también el genocidio contra las tribus Herero en Namibia (1904-1907) en los inicios de los campos de concentración y experimentación biológica: Auschwitz remontaba sus orígenes al África.

Un lustro después Naciones Unidas aprueba el 27 de enero como el Día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto, fecha que coincide con la liberación de Auschwitz-Birkenau (1945) y, al año siguiente, la Unesco comienza a desarrollar una campaña permanente para rescatar la memoria de las mujeres víctimas de la Shoa y, sucesivamente, de otros genocidios. La antropología y la geología de la memoria pasaron a ser disciplinas de estudio de los derechos humanos con un enfoque de género preferente dadas las condiciones de desigualdad de las mujeres. De ahí, en más, serían equivalentes en su condición de objeto y bien jurídico protegido los testimonios y la memoria de una indígena de Guatemala, el de una nativa de Cambodia, el de una madre de Ruanda y Sudán, el de una judía de la Shoa o el de una palestina de la ocupada Gaza. Ninguna de ellas merece ser silenciada ante el peso de una judicatura de derechos humanos, a veces, adversa; y otras, sujeta a los vaivenes políticos de la justicia de transición. En esa línea, ese 2011, el premio Nobel de la Paz fue concedido a tres mujeres líderes de la diplomacia humanitaria y voces de los padecimientos del África, unidas todas por el mismo anhelo de la política como derecho fundamental: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee y Tawakkul Karman.

La memoria también la escriben las mujeres: las primeras, las víctimas de los Nazis

En la actualidad, hay coincidencia en aceptar que la participación de la mujer en la historia y la política, o bien su relegación al anonimato y la invisibilidad de sus padecimientos, siempre ha estado asociado al arte de la escritura. Por eso, aquellos nombres emblemáticos de los tiempos precedentes y posteriores a la II Guerra Mundial, hoy recobran sentido sobre los efectos de las ideologías totalitarias.

Más allá de la identificación religiosa, la reafirmación o no de la búsqueda de Dios, el enjuiciamiento a sus captores y su legado de resistencia, dichas voces tienen valor porque capturaron la heterogeneidad de la catástrofe, desafiando el terror y la política de deshumanización a las que fueron sometidas. Algunas desarrollaron una visión de diálogo ecuménico y de ejercicio de la libertad política con un sentido pionero, como Edith Stein y Simone Weil. Mientras la primera fue una destacada filósofa de origen judío, convertida al catolicismo al ordenarse monja carmelita, cuya muerte en las cámaras de gas y testimonio de fe le valió ser canonizada; la segunda, fue una mística del catolicismo vinculada a la izquierda que transitó hacia el movimiento pacifista, muriendo a los 34 años. Ambas dejaron una obra literaria póstuma, cuyos admiradores van desde Albert Camus a Hans Kung. Otras fueron avezadas diaristas en cuyas bitácoras ofrecen no solo clarividencia, sino reflexiones de profunda misericordia: Ana Frank y Etty Hillesum, son las más reconocidas y cuyos textos pasaron de ser lectura de adolescentes a literatura de la memoria universal.

La posguerra y los regímenes comunistas en Europa, a su vez, nos ocultaron hasta hace muy poco la realidad de los dolores indecibles del terror de Estado que se siguió cerniendo sobre hombres y mujeres. Tanto que sólo en el último decenio figuras como Milada Horáková, abogada y política checa condenada a la pena capital en un proceso político orquestado por comisarios soviéticos en 1949, han tomado protagonismo en la memoria postsoviética y universal. Ella se ha convertido en el símbolo de la resistencia, desde la izquierda, en contra de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que profirieron los gobiernos satélites de la URSS. A ella Zygmunt Bauman y Václav Havel le dedicaron más de alguna mención en sus textos, porque ser mujer de ideas y de Sus discursos como parlamentaria, como agente diplomática y como ex presa de diversos campos de concentración, interpretan a cualquier activista mujer y conocedora de los derechos, ya en Siria, ya en Chile o Argentina.

Desde la revolución que significó el personalismo humanista cristiano y su vocación ecuménica, tras la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) —cuando la comisión redactora fue formada y presidida por Eleonor Roosvelt, única integrante femenina— los roles de poder en el circuito de gobernanza global de la ONU y su realpolitik han encontrado en las mujeres grandes aliadas. Ergo, la tesis del feminismo humanitario pone de manifiesto que la lucha de reconocimiento de éstas no es unidimensional ni es contraria a la estética política o a la belleza de quienes la defienden. Hablamos, por cierto, de las outsiders, de las pobres sean de Colombia o de Mali; de las que llevan hijab o se niegan a hacerlo en el mundo árabe; de las indígenas de Paraguay; de las bangladesíes esclavas de la producción textil low cost o de las chinas; y de las de países con legados dictatoriales, como el nuestro. La degradación de la identidad cultural e ideológica o simplemente política, la destrucción del tejido social y el olvido que se procura acompañen a la impunidad no son iguales para los hombres que para las mujeres. No pueden servir solo de ‘leit motiv’ para un drama cinematográfico o para la poesía, eso no cambia la visión paternalista del violín ardiendo que necesita ser protegido como el relicario de lo santo contra lo abyecto.

Por ello, se hace necesario ampliar la mirada del feminismo. Este no comienza ni termina en el legado de Simone de Beauvoir, ni pertenece únicamente al marxismo y sus derivadas. No se basa en la consigna de los derechos a la salud reproductiva o, para las más conspicuas ejecutivas, en la erradicación del techo de cristal en materia laboral. Cada una son facetas de la búsqueda de una sociedad de derechos garantizados y libertades fundamentales que den a la mujer un espacio relevante, al punto de distinguir aquellos casos en que sus acciones son las propias de un criminal de lesa humanidad.

Finalmente, como escribiera Ana Frank en su diario de vida —más allá de la crítica a la veracidad o no de sus palabras—, el feminismo humanitario es una expresión de la misericordia laica: «Resulta increíble que mantenga mis ideales… parecen tan absurdos y tan poco prácticos. Sin embargo, me aferro a ellos porque sigo creyendo que a pesar de todo, en el fondo de su corazón la gente es buena».

 

SILENCIO Y CONSPIRACIÓN CONTRA LA MEMORIA

Fritz Bauer - Verdict On Auschwitz

Fritz Bauer fue el primer jurista en denunciar la conspiración del silencio que sustentaba la moralidad de la nueva Alemania liderada por Konrad Adenauer en 1958, provocando un cisma político y judicial que redefiniría los límites del incipiente derecho penal internacional. Fiscal de Hesse y connotado activista socialdemócrata, su doctrina sobre la imprescriptibilidad de los crímenes del nazismo significó un punto de no retorno sobre dos materias. Una, la impunidad en la que permanecían los partícipes de las fuerzas de defensa —en crímenes profusamente documentados―, constituía una grave denegación de justicia de un Estado democrático hacia las víctimas y sus naciones. Otra, las difíciles condiciones de restablecimiento de la paz y el proceso de desnazificación alemana exigían una adecuación del sistema judicial, inaugurando el primer ejercicio de justicia transicional tras la Declaración Universal de DD.HH.

Así, comenzando por los juicios de Auschwitz contra guardianes de ambos géneros;  y siguiendo con la persecución de los escuadrones de la muerte en las fronteras de la ocupación nazi; como también con el apoyo brindado a la justicia extranjera en los casos del doctor Mengele y del  coronel Eichmann, su acusación penal siempre fue la misma: los pactos de silencio constituían una conspiración contra el Estado alemán, cuyos efectos —pese a no estar tipificados— eran equivalentes al de un crimen de lesa humanidad o de guerra.

Ya fuera por omitir información o por obstruir las investigaciones, los centenares de procesos que inició por homicidios y apremios ilegítimos sancionados expresamente por la legislación común, representaban —en realidad—, al genocidio, al sistema de eugenesia y a las demás atrocidades vinculadas a la supremacía del Tercer Reich. Aquello, pese al eufemismo del lenguaje técnico usado, fue una verdadera punta de lanza contra la abdicación moral y judicial que implicaba la tesis de la obediencia absoluta en el ejército (Wehrmacht) y el supuesto desquiciamiento de las altas jerarquías. Lo contrario habría mantenido en una nebulosa no solo a los autores de tales hechos, sino que a sus cómplices y encubridores. La prueba de ello es la correspondencia exacta entre la terminología de la planificación de la Solución Final en Wansee en 1942 y las expresiones vertidas en las cartas de los soldados a sus familias: en ellas se autoeximían del horror de las evacuaciones, liquidaciones, limpiezas, erradicaciones, gaseos y cremaciones basados en las leyes dictadas al efecto por conspicuos juristas que protegían la decencia y el orgullo alemán.

La cruzada del fiscal Bauer (1958 y 1968), entonces, fue una lucha de reconocimiento del derecho a la verdad y a la reparación muy denostada, pero coronada exitosamente cuarenta años después.

Hoy el negacionismo está tipificado como delito federal y el silencio no es una mera omisión común o la infracción a un deber político, sino que es un acto conspirativo e imprescriptible —incluso en la justicia transicional—, cuya impunidad debe ser derribada en nombre, no del revanchismo ni del odio, sino del legítimo derecho a la memoria de las víctimas.

En Chile este periplo recién comienza.

http://www.diarioconcepcion.cl/opinion/2017/09/19/silencio-y-conspiracion-contra-la-memoria.html

 

TANGENTOPOLIS Y LA IMPERFECTA COMPETENCIA POLITICA

«Había un país sostenido por lo ilícito. No era que faltaran leyes, ni que el sistema político no estuviera basado en principios que más o menos todos declaran compartir. Pero este sistema, articulado alrededor de un gran número de centros de poder, necesitaba desmesurados recursos financieros…»
                  Italo Calvino, La Conciencia Tranquila.

«Había un país sostenido por lo ilícito. No era que faltaran leyes, ni que el sistema político no estuviera basado en principios que más o menos todos declaran compartir. Pero este sistema, articulado alrededor de un gran número de centros de poder, necesitaba desmesurados recursos financieros…», decía Italo Calvino en ‘La conciencia tranquila’. Anuncio que se adelanta una década a la abismante crisis de 1992 en Italia: el Tangentopolis y la tesis del proceso judicial de ‘Manos Limpias’ que dirigió principalmente Antonio di Pietro.

Aquel ensayo ahondaba en la carencia de una ética de la probidad en una nación perpleja: la impúdica connivencia del empresariado, la mafia, parte de las Iglesias y ciertos líderes de las fuerzas políticas tradicionales. Tras los años de plomo, muchos habían sido cooptados por la dádiva, ‘la tangente’. Ya no era una excepcional asociación ilícita o la conspiración —donde cada individuo tiene responsabilidad penal en un delito colectivo—, sino un hecho político en el cual las venalidades del poder se ocultaban en pos del bien común. Era la normalidad, era el paradigma moral.

Una espiral de descomposición del sistema político que alcanzó hasta el propio jefe de Gobierno, Benedetto Craxi, quien —antes de fugarse a Túnez— sin perturbación en su defensa argumentaba: “Todos hemos sido culpables. Siempre estuve al corriente de la naturaleza irregular e ilegal del financiamiento a los partidos, a mi partido y a la actividad política en general. Lo comencé a entender cuando usaba pantalones cortos”.

Más de 4.000 empresarios, 500 mafiosos y 2000 dirigentes políticos, funcionarios públicos y diplomáticos investigados y procesados. Menos de un quinto fueron condenados a presidio e inhabilidades públicas por cohecho, lavado de activos, asociación mafiosa y fraudes varios. Aquello provocó un cisma que terminó con la primera República y destruyó al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana, transformándose en el caso emblemático de cómo la cleptocracia se instaló en Europa. Luego vino la debacle del PSOE de Felipe González, la caída en desgracia de Kohl y la CDU en Alemania, y la deriva de la izquierda democrática francesa.

Las reformas que se siguieron en el G8 y la Unión Europea incluyeron la creación de categorías de fiscalización de la actividad financiera de las personas expuestas políticamente para evitar el tráfico de influencias y la creación de un mercado político. Asimismo, con sentido pionero, la OEA fue la primera entidad internacional en acordar la Convención sobre Corrupción y Crimen Organizado en 1996; en tanto, la ONU y la OCDE se han sumado, perfeccionando las figuras delictivas contempladas según nuevas doctrinas. La corrupción política, el narcotráfico y el terrorismo están en el mismo nivel: todas destruyen el tejido político y la esfera de derechos humanos en un Estado Democrático.
Aunque todavía el sistema es imperfecto, y las tramas delictivas de las corruptelas se develan como el principal escollo contra la competencia igualitaria y libre de la política, el legado del Tangentopolis es innegable: difícilmente el estándar Craxi puede abrir la puerta a la sociedad de derechos garantizados que exigen las nuevas fuerzas de izquierda.

Hoy Chile tiene en Penta y Soquimich el espejo donde mirar cuán legítima es su conciencia tranquila

http://www.diarioconcepcion.cl/2017/02/28/#5/z

SEPTIEMBRE: MEMORIA Y RÉQUIEM POR UN CAMPESINO CHILENO

Mosén Millán, el cura, y ‘Paco el del molino’, su antiguo monaguillo, quizá sean las figuras literarias más emblemáticas de las atrocidades que se cometieron contra los campesinos en la España de Franco. Cada uno, en su precariedad rural, simboliza los albores de la lucha de ideas −tiempos de una reforma agraria que la Falange vería traicionada− y que sería aplacada por las armas fascistas y su dictadura, la más larga de Europa.

En ese caserío aragonés, Réquiem por un campesino español (R.J. Sender), describe la masacre de labradores cometida por una caravana falangista y los terratenientes que clamaban el fin del comunismo. La guerra civil y su justicia de los vencedores cimentaron la abdicación moral de quien buscara la redención o la verdad de tales delitos. Aún no se avizoraba el holocausto, pero el humanismo cristiano y el derecho humanitario ya planteaban la doctrina de los crímenes contra la humanidad.

Mientras prepara la misa del fusilado Paco, en sus cavilaciones se suceden la legitimidad de la amnistía y del olvido para reconciliar a un pueblo fracturado; pero también el imperativo ético de preservar la memoria de las víctimas. Nadie llega a la parroquia; salvo los hacendados, los dueños de los muertos. Él no lo sabría, pero las cuatro décadas de tiranía y los años de impunidad en democracia que le siguieron, resultaron en más de 100.000 desaparecidos y ejecutados políticos, y cerca de 20.000 fosas comunes de obreros agrarios sin identificar fehacientemente. Las leyes de jurisdicción universal de los crímenes de lesa humanidad y de memoria histórica serían las únicas herramientas de una opaca justicia transicional, cuya discriminación del campesinado constituye el mayor reclamo del derecho penal global contra España.

Desde el 2006, cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU propuso el concepto de la memoria como un derecho imprescriptible e inalienable, su aceptación ha progresado gracias a la Corte Interamericana de DD.HH. De una parte, es el derecho individual de las víctimas de violaciones de lesa humanidad y de sus familias de conocer la identidad de los autores y de las circunstancias relacionadas, sin límite de tiempo ni consideración a la jerarquía militar o no de los hechores. De otra, es el derecho colectivo que se manifiesta en un deber de la memoria para evitar la reproducción de dicha criminalidad, como parte de su patrimonio cultural. Paul Ricoeur, llama a ésta la memoria obligada, que representa la obligación de recordar los horrores y las injusticias cometidas contra un colectivo de personas, y de recordárselas a los que no formaron parte de ese tiempo, como un disuasivo penal y una reparación a la dignidad.

España es un espejo ante el cual Latinoamérica exhibe vergonzantes similitudes. Mientras las dictaduras militares ponían en marcha los genocidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones ilegítimas y la tortura por agentes del Estado; los hacendados aplicaban la misma justicia contra sus trabajadores amparados en la autodefensa que franquea ser el señor, ser el propietario. Guatemala, El Salvador, Brasil, Uruguay y Argentina han sustanciado procesos emblemáticos más allá del revanchismo y de la propaganda.

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Marcha de obreros campesinos en Santiago de Chile, agosto de 1970.

En Chile, el infame 13 de septiembre de 1973, marca el inicio del festín de los crímenes contra el inquilinaje y los obreros campesinos. Lonquén y sus hornos; Paine y Neltume; y la topografía de la criminalidad de Bío Bío, con Santa Bárbara-Quilaco, Laja-Yumbel, Mulchén, Chacayal y Negrete, son casos donde la reforma agraria cobró a sus víctimas en sangre y a manos de civiles: los patrones. Hoy, se discute si se trata de crímenes de lesa humanidad, pero la aceptación del derecho a la memoria y del deber de protegerla, disipan cualquier duda: esos crímenes no prescriben. Sus autores y partícipes los cometieron en el contexto de operaciones planificadas y ejecutadas por agentes del Estado, y esa conexión de criminalidad es la que construía su impunidad.

Réquiem por un campesino chileno, en tiempos de bullentes cambios sociales, exige más de nuestra generación que de las pasadas y, tal vez, ya sea tiempo de asumir el desafío de su reconocimiento constitucional: la memoria como derecho humano y el fin de la justicia transicional.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CHILE: EL GRAN AUSENTE EN LAS NORMAS DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS

La entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Etiquetado Nutricional de Alimentos, este 26 de junio, ha generado múltiples críticas sobre su contenido, jerarquía normativa y eficacia en contra de la obesidad infantil en Chile. Polémica que se suma a la provocada hace cuatro años por la Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, conocida como la ‘ley del Súper ocho’ y respecto de la cual viene a complementar varios aspectos para su aplicación efectiva. Ello, pues tanto el gobierno, los parlamentarios, como algunos expertos nutricionales y sobre todo la industria alimentaria, están enfrentados entre sí en un debate que adolece de caricaturas ideológicas capaces de velar aquello que realmente importa a la política pública: la esfera de derechos de las personas.

Dos visiones: seguridad alimentaria vs libertad alimentaria

La vigencia conjunta de la ley y su reglamento no es, como se ha querido minimizar el problema ante la prensa, el mero efecto regresivo de una medida contra la libre competencia o una arbitraria intervención del Ejecutivo en el profuso marketing de la industria. Al contrario, en juego están dos paradigmas antagónicos sobre la responsabilidad del Estado en el control de la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas, así como la regulación del mercado y de la seguridad alimentaria.

De una parte, está el modelo social de derecho alimentario, defendido con matices y de forma incipiente por ciertos expertos y senadores al inicio de la discusión de la ley, y después en la consulta abierta del reglamento, que aborda la obesidad como un problema de inseguridad alimentaria y de vulneración de derechos —más que una cuestión de autocontrol dietético —, cuya responsabilidad recae en el Estado y la industria, tal como en los países de la UE y la OCDE. En España, Francia e Italia las instituciones encargadas del tema, tienen rango ministerial o de subsecretaría y son agencias de seguridad alimentaria y obesidad. Para dicha tendencia jurídica, tanto la ley como su actual reglamento serían todavía insuficientes, pues requiere de políticas con enfoque de derechos: la tipificación de delitos alimentarios; la consagración legal o constitucional del derecho a la alimentación y nutrición saludables, la creación de planes públicos de educación alimentaria y la perspectiva colaborativa de los agentes del mercado.

De otra, está la mantención del sistema normativo vigente que, basado en una mínima regulación sobre el contenido de la publicidad y de baja jerarquía jurídica, centra su objetivo en la libertad alimentaria del consumidor. Así, deja a la ética de industriales su autorregulación en aquellos aspectos que no sean los de la información nutricional más básica, desentendiéndose del enfoque de la seguridad alimentaria, ya como objetivo de salud pública o como un derecho. Este sería el caso, por ejemplo de EE.UU., que solo a partir de 2009 tiene un programa de alimentación saludable y que se incluye en el ‘Obamacare’. Defensor de este sistema, bien diría el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich —durante el gobierno del Presidente Piñera — que “ésta era una ley de policía alimentaria con vocación izquierdista que atacaba un mercado ya consolidado”.

Obesidad, expectativas de vida y la ley

La problemática alimentaria nacional ha mutado en los últimos 35 años, pasando desde la subnutrición a altísimos niveles de obesidad en todos los rangos etarios, en especial entre los pobres. Según el informe Health at a Glance (2015) de la OCDE, Chile detenta el sexto lugar de las naciones con mayor obesidad mórbida de su conglomerado —después de EE.UU., México, Nueva Zelandia, Australia y Canadá—, lo que significa que 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso o son obesos, mientras que en los adultos dicha enfermedad alcanza a 1 de cada 4. Asimismo, una de cada 11 muertes ocurridas cada 60 minutos está asociada a alguna enfermedad derivada de la obesidad.

En tanto, la última Encuesta Nacional de Salud (2010) estimó que casi nueve millones de personas padecían exceso de peso, equivalentes al 67 % de la población y de ellos más del 10 % eran menores de 6 años. Ahora el Simce de Educación Física del 2014 aplicado a alumnos de octavo básico del país determinó que un 41 % sufría de sobrepeso u obesidad, concentrándose en los sectores más vulnerables. Finalmente, un panorama más completo y especializado lo ofrece la primera Encuesta Nacional Consumo Alimentario del Minsal, entre cuyas novedades ha elaborado un Índice de Alimentación Saludable conforme al cual solo 5% de la población tiene una alimentación saludable, 87 %, requiere cambios y un 8% tiene una dieta poco saludable.

La Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, cuyo objetivo expreso es combatir la obesidad infantil, fue un proyecto pionero. En sus orígenes, el 2007, planteaba una normativa más compleja y de mayor jerarquía a la existente que buscaba transparentar los componentes de las ‘golosinas’, la comida envasada y el marketing asociado, modernizando el derecho alimentario con un enfoque de seguridad alimentaria acorde a las tendencias globales. Ello, pues son los sectores pobres los que padecen desórdenes nutricionales, accediendo a productos hipercalóricos, de escaso contenido saludable y bajos costos. Cuestión que excede el ámbito de la libertad individual, relacionándose con la seguridad alimentaria y sus dimensiones de accesibilidad, estabilidad y uso biológico.

Críticas a la ley y su reglamento

El texto definitivo de la ley posee una técnica muy imperfecta a la luz de la fiscalización más estricta que imponen las normas del Codex Alimentarius, la FAO, la OCDE y la práctica exportadora que tanto distingue a Chile. Así, mientras la ley pretende regular toda la cadena de abastecimiento industrial, instaurando un amplio ‘deber legal de entregar información íntegra y veraz’ —sobre proporciones de energía, azúcares, sodio, grasas y otras especificaciones en casos de suplementos alimenticios para enfermos —; esto no necesariamente combate las causas de la obesidad.

Menos aún si deja en manos del reglamento —cuerpo legal que reformula el anterior reglamento sanitario de alimentos—, cuya dictación y elaboración ha dependido del Ministerio de Salud, lo relativo a rotulación, cantidades y recomendaciones al consumidor. Sin duda, lo más desaprobado, por su obviedad y simpleza, no es el uso de la tipografía o sello de un disco ‘Pare’ en color negro que expresa las calificaciones de “alto en grasa saturada, alto en azúcares totales y alto en sodio y calorías”, sino los elevados estándares permitidos en cada una de esas categorías.

Otro aspecto reprochable es que ambos cuerpos normativos pretenden desincentivar la demanda de ‘niños-sujetos consumidores’ y no de ‘niños titulares de derecho humano a la alimentación o a la seguridad alimentaria’: se restringe la publicidad de sucedáneos de leche materna, se prohíbe la venta de ciertos alimentos en establecimientos educacionales y la entrega de obsequios a menores de 14 años, lo mismo que limita los horarios de publicidad televisiva; pero no les reconoce acciones especiales y las sanciones las remite al Código Sanitario, donde las multas no son relevantes. Tampoco el articulado contiene definiciones o mención de conceptos como los de derecho alimentario o derecho a la información, ni consagra figuras delictivas con carácter civil o penal como el fraude alimentario o el delito de daño alimentario.

Con todo, la promoción de la educación alimentaria y los hábitos saludables en los establecimientos de educación pública y la medición periódica del Simce de educación física son un avance en la responsabilidad del Estado con enfoque en los derechos y no en la libertad individual.

Una ley y su reglamento no ayudarán por sí solos a reducir los índices de obesidad y sobrepeso en Chile. La mera reforma legal que varios parlamentarios proponen no es suficiente a la luz de sus propuestas. La obesidad no es únicamente una enfermedad por malos hábitos, sino el resultado de la inseguridad alimentaria. Por eso, una estrategia nacional de alimentación o de seguridad alimentaria permitiría mejorar la calidad de vida de los chilenos, haría exigibles sus derechos y fomentaría el emprendimiento y la investigación alimentaria.

La mantención democrática e informada de un modelo técnico más estricto que el actual o la definición de uno con enfoque de seguridad alimentaria exige de un debate amplio y con miras al desarrollo del país en las próximas décadas. Estamos a tiempo, en especial ante la posibilidad de su consagración en el catálogo de derechos fundamentales de nuestra próxima Constitución.

EL MAPA ROTO: JUSTICIA Y MEMORIA ANCESTRAL

«Mi sangre es un puente arruinado para siempre, y desde su alto escombro me siento liberado, por fin, de esa vergüenza… Por eso me he fugado del retrato apacible de la tierra; en su óleo está el veneno de la pervivencia… Y este mapa roto que pugna en mis genes como un rezo que atora a los pájaros». Estos son versos del libro ‘El Mapa Roto’ de Wenuan Escalona, joven poeta mapuche, cuya mirada crítica nos sitúa en las fronteras de una cartografía escindida de la memoria y la palabra: la de los herederos de la cuestión indígena en Chile.

Su voz –al igual que la de otros intelectuales menores de 40 años–, convierte a esta época en un punto de inflexión en la lucha de reconocimiento de las minorías étnicas, incluso de aquellas ya extintas. En juego están una estética política y una justicia universal que antes parecían ilusorias. Ello, porque el derecho a la memoria de los indígenas chilenos tiene el mismo valor de las prerrogativas de las víctimas del genocidio armenio, del desplazamiento de los saharauis o de la ocupación del pueblo palestino. Y es aquí donde emerge el rescate de la memoria y la revalorización de los antiguos genocidios como categorías culturales y jurídicas esenciales para los derechos humanos y la democracia, precisamente en tiempos de globalización y movimientos de indignados.

La diferencia con las últimas dos décadas de políticas del Estado radica en el agotamiento de las tesis de la multiculturalidad y la superación de la pobreza, elementos propios de la responsabilidad social empresarial y que el Convenio 169 de la OIT intenta mitigar. Entonces, las mayores vulneraciones en contra de los pueblos originarios, no serían de clase, sino de raza. Atentados contra la memoria, el lenguaje y la ética que impiden la reconstrucción del tejido social, de su imaginario y de su cultura, renegando del patrimonio de Chile. Así lo explica el jurista Jorge Aillapán, quien afirma que ha sido la retórica paternalista de nuestra izquierda la que más ha contribuido a la caricatura del indio subordinado y al desdén por su pretensión autonomista, sin entender que es la justicia de raza y no la justicia de clase la que ha perpetuado las brechas sociales y atentados contra los pueblos originarios.

No puede ser solo un dato histórico o un amargo recuerdo el genocidio contra los Selk’nam y la extinción de los Kawésqar. La expectativa que entraña para cada persona el derecho a la memoria ancestral –más allá de ser indígena– es la mínima garantía de derechos humanos que es necesario contemplar en nuestra próxima Constitución.

El debate está abierto y la promesa de una sociedad de derechos garantizados exige que reflexionemos sobre la democracia que queremos.