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Giovanna Flores Medina

Política internacional, derecho humanitario y seguridad alimentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CHILE: EL GRAN AUSENTE EN LAS NORMAS DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS

La entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Etiquetado Nutricional de Alimentos, este 26 de junio, ha generado múltiples críticas sobre su contenido, jerarquía normativa y eficacia en contra de la obesidad infantil en Chile. Polémica que se suma a la provocada hace cuatro años por la Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, conocida como la ‘ley del Súper ocho’ y respecto de la cual viene a complementar varios aspectos para su aplicación efectiva. Ello, pues tanto el gobierno, los parlamentarios, como algunos expertos nutricionales y sobre todo la industria alimentaria, están enfrentados entre sí en un debate que adolece de caricaturas ideológicas capaces de velar aquello que realmente importa a la política pública: la esfera de derechos de las personas.

Dos visiones: seguridad alimentaria vs libertad alimentaria

La vigencia conjunta de la ley y su reglamento no es, como se ha querido minimizar el problema ante la prensa, el mero efecto regresivo de una medida contra la libre competencia o una arbitraria intervención del Ejecutivo en el profuso marketing de la industria. Al contrario, en juego están dos paradigmas antagónicos sobre la responsabilidad del Estado en el control de la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas, así como la regulación del mercado y de la seguridad alimentaria.

De una parte, está el modelo social de derecho alimentario, defendido con matices y de forma incipiente por ciertos expertos y senadores al inicio de la discusión de la ley, y después en la consulta abierta del reglamento, que aborda la obesidad como un problema de inseguridad alimentaria y de vulneración de derechos —más que una cuestión de autocontrol dietético —, cuya responsabilidad recae en el Estado y la industria, tal como en los países de la UE y la OCDE. En España, Francia e Italia las instituciones encargadas del tema, tienen rango ministerial o de subsecretaría y son agencias de seguridad alimentaria y obesidad. Para dicha tendencia jurídica, tanto la ley como su actual reglamento serían todavía insuficientes, pues requiere de políticas con enfoque de derechos: la tipificación de delitos alimentarios; la consagración legal o constitucional del derecho a la alimentación y nutrición saludables, la creación de planes públicos de educación alimentaria y la perspectiva colaborativa de los agentes del mercado.

De otra, está la mantención del sistema normativo vigente que, basado en una mínima regulación sobre el contenido de la publicidad y de baja jerarquía jurídica, centra su objetivo en la libertad alimentaria del consumidor. Así, deja a la ética de industriales su autorregulación en aquellos aspectos que no sean los de la información nutricional más básica, desentendiéndose del enfoque de la seguridad alimentaria, ya como objetivo de salud pública o como un derecho. Este sería el caso, por ejemplo de EE.UU., que solo a partir de 2009 tiene un programa de alimentación saludable y que se incluye en el ‘Obamacare’. Defensor de este sistema, bien diría el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich —durante el gobierno del Presidente Piñera — que “ésta era una ley de policía alimentaria con vocación izquierdista que atacaba un mercado ya consolidado”.

Obesidad, expectativas de vida y la ley

La problemática alimentaria nacional ha mutado en los últimos 35 años, pasando desde la subnutrición a altísimos niveles de obesidad en todos los rangos etarios, en especial entre los pobres. Según el informe Health at a Glance (2015) de la OCDE, Chile detenta el sexto lugar de las naciones con mayor obesidad mórbida de su conglomerado —después de EE.UU., México, Nueva Zelandia, Australia y Canadá—, lo que significa que 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso o son obesos, mientras que en los adultos dicha enfermedad alcanza a 1 de cada 4. Asimismo, una de cada 11 muertes ocurridas cada 60 minutos está asociada a alguna enfermedad derivada de la obesidad.

En tanto, la última Encuesta Nacional de Salud (2010) estimó que casi nueve millones de personas padecían exceso de peso, equivalentes al 67 % de la población y de ellos más del 10 % eran menores de 6 años. Ahora el Simce de Educación Física del 2014 aplicado a alumnos de octavo básico del país determinó que un 41 % sufría de sobrepeso u obesidad, concentrándose en los sectores más vulnerables. Finalmente, un panorama más completo y especializado lo ofrece la primera Encuesta Nacional Consumo Alimentario del Minsal, entre cuyas novedades ha elaborado un Índice de Alimentación Saludable conforme al cual solo 5% de la población tiene una alimentación saludable, 87 %, requiere cambios y un 8% tiene una dieta poco saludable.

La Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, cuyo objetivo expreso es combatir la obesidad infantil, fue un proyecto pionero. En sus orígenes, el 2007, planteaba una normativa más compleja y de mayor jerarquía a la existente que buscaba transparentar los componentes de las ‘golosinas’, la comida envasada y el marketing asociado, modernizando el derecho alimentario con un enfoque de seguridad alimentaria acorde a las tendencias globales. Ello, pues son los sectores pobres los que padecen desórdenes nutricionales, accediendo a productos hipercalóricos, de escaso contenido saludable y bajos costos. Cuestión que excede el ámbito de la libertad individual, relacionándose con la seguridad alimentaria y sus dimensiones de accesibilidad, estabilidad y uso biológico.

Críticas a la ley y su reglamento

El texto definitivo de la ley posee una técnica muy imperfecta a la luz de la fiscalización más estricta que imponen las normas del Codex Alimentarius, la FAO, la OCDE y la práctica exportadora que tanto distingue a Chile. Así, mientras la ley pretende regular toda la cadena de abastecimiento industrial, instaurando un amplio ‘deber legal de entregar información íntegra y veraz’ —sobre proporciones de energía, azúcares, sodio, grasas y otras especificaciones en casos de suplementos alimenticios para enfermos —; esto no necesariamente combate las causas de la obesidad.

Menos aún si deja en manos del reglamento —cuerpo legal que reformula el anterior reglamento sanitario de alimentos—, cuya dictación y elaboración ha dependido del Ministerio de Salud, lo relativo a rotulación, cantidades y recomendaciones al consumidor. Sin duda, lo más desaprobado, por su obviedad y simpleza, no es el uso de la tipografía o sello de un disco ‘Pare’ en color negro que expresa las calificaciones de “alto en grasa saturada, alto en azúcares totales y alto en sodio y calorías”, sino los elevados estándares permitidos en cada una de esas categorías.

Otro aspecto reprochable es que ambos cuerpos normativos pretenden desincentivar la demanda de ‘niños-sujetos consumidores’ y no de ‘niños titulares de derecho humano a la alimentación o a la seguridad alimentaria’: se restringe la publicidad de sucedáneos de leche materna, se prohíbe la venta de ciertos alimentos en establecimientos educacionales y la entrega de obsequios a menores de 14 años, lo mismo que limita los horarios de publicidad televisiva; pero no les reconoce acciones especiales y las sanciones las remite al Código Sanitario, donde las multas no son relevantes. Tampoco el articulado contiene definiciones o mención de conceptos como los de derecho alimentario o derecho a la información, ni consagra figuras delictivas con carácter civil o penal como el fraude alimentario o el delito de daño alimentario.

Con todo, la promoción de la educación alimentaria y los hábitos saludables en los establecimientos de educación pública y la medición periódica del Simce de educación física son un avance en la responsabilidad del Estado con enfoque en los derechos y no en la libertad individual.

Una ley y su reglamento no ayudarán por sí solos a reducir los índices de obesidad y sobrepeso en Chile. La mera reforma legal que varios parlamentarios proponen no es suficiente a la luz de sus propuestas. La obesidad no es únicamente una enfermedad por malos hábitos, sino el resultado de la inseguridad alimentaria. Por eso, una estrategia nacional de alimentación o de seguridad alimentaria permitiría mejorar la calidad de vida de los chilenos, haría exigibles sus derechos y fomentaría el emprendimiento y la investigación alimentaria.

La mantención democrática e informada de un modelo técnico más estricto que el actual o la definición de uno con enfoque de seguridad alimentaria exige de un debate amplio y con miras al desarrollo del país en las próximas décadas. Estamos a tiempo, en especial ante la posibilidad de su consagración en el catálogo de derechos fundamentales de nuestra próxima Constitución.

EL MAPA ROTO: JUSTICIA Y MEMORIA ANCESTRAL

«Mi sangre es un puente arruinado para siempre, y desde su alto escombro me siento liberado, por fin, de esa vergüenza… Por eso me he fugado del retrato apacible de la tierra; en su óleo está el veneno de la pervivencia… Y este mapa roto que pugna en mis genes como un rezo que atora a los pájaros». Estos son versos del libro ‘El Mapa Roto’ de Wenuan Escalona, joven poeta mapuche, cuya mirada crítica nos sitúa en las fronteras de una cartografía escindida de la memoria y la palabra: la de los herederos de la cuestión indígena en Chile.

Su voz –al igual que la de otros intelectuales menores de 40 años–, convierte a esta época en un punto de inflexión en la lucha de reconocimiento de las minorías étnicas, incluso de aquellas ya extintas. En juego están una estética política y una justicia universal que antes parecían ilusorias. Ello, porque el derecho a la memoria de los indígenas chilenos tiene el mismo valor de las prerrogativas de las víctimas del genocidio armenio, del desplazamiento de los saharauis o de la ocupación del pueblo palestino. Y es aquí donde emerge el rescate de la memoria y la revalorización de los antiguos genocidios como categorías culturales y jurídicas esenciales para los derechos humanos y la democracia, precisamente en tiempos de globalización y movimientos de indignados.

La diferencia con las últimas dos décadas de políticas del Estado radica en el agotamiento de las tesis de la multiculturalidad y la superación de la pobreza, elementos propios de la responsabilidad social empresarial y que el Convenio 169 de la OIT intenta mitigar. Entonces, las mayores vulneraciones en contra de los pueblos originarios, no serían de clase, sino de raza. Atentados contra la memoria, el lenguaje y la ética que impiden la reconstrucción del tejido social, de su imaginario y de su cultura, renegando del patrimonio de Chile. Así lo explica el jurista Jorge Aillapán, quien afirma que ha sido la retórica paternalista de nuestra izquierda la que más ha contribuido a la caricatura del indio subordinado y al desdén por su pretensión autonomista, sin entender que es la justicia de raza y no la justicia de clase la que ha perpetuado las brechas sociales y atentados contra los pueblos originarios.

No puede ser solo un dato histórico o un amargo recuerdo el genocidio contra los Selk’nam y la extinción de los Kawésqar. La expectativa que entraña para cada persona el derecho a la memoria ancestral –más allá de ser indígena– es la mínima garantía de derechos humanos que es necesario contemplar en nuestra próxima Constitución.

El debate está abierto y la promesa de una sociedad de derechos garantizados exige que reflexionemos sobre la democracia que queremos.

ADOLFO VELOSO Y EL DEBER DE LA MEMORIA

 

dust of time
Fotograma del film ‘The Dust of Time’ (Angelopoulus, 2008): en la escena aparece el personaje de A, director de cine muy afamado que se conmueve con la pintura del ángel caido y la tercera ala.

Un vals por el río, así llamaría el director a la bella pieza musical que inundaba el salón de grabaciones de Cinecittà, y que sería el tema principal de su propio ejercicio del deber de la memoria: la película The Dust Of Time (2008). Una referencia nerudiana que inspiraría en su universalidad a este drama amoroso de posguerra.

Allí no solo se develan los padecimientos que el totalitarismo de la URSS había dejado caer sobre Europa –análogos al terrorismo de Estado de derechas–, sino las nuevas heridas abiertas por las guerras desencadenadas tras la caída de los socialismos reales. El espectro del Manifiesto entonces se conjugaba con el mito poético del Otoño de las Naciones y la tercera ala del ángel caído: la esperanza de que la memoria fuere una prerrogativa universal tan valiosa como el derecho humanitario.

Esa era la visión de Theo Angelopoulus, quien abandonó el ejercicio del derecho para dedicarse a un cine comprometido con las claves culturales que la represión estatal había instalado en Grecia y Rusia. Misma impronta que el jurista Adolfo Veloso, en la Región del Biobío y en la Universidad de Concepción, fue capaz de defender durante la transición democrática, no sólo respecto de Chile, sino de los horrores de las dictaduras de izquierda.

Dueño de una gran imaginación poética, su perspectiva invitaba al análisis con vocación global. Así, a fines de los años 90’, el derecho y el deber de la memoria se abrieron paso en su discurso –cuando algunos consideraban prematuro su carácter de ius cogens–, pues el recuerdo de las víctimas era el mayor antídoto contra la impunidad histórica, moral y judicial de quienes se prevalieron del Estado para infundir terror y aplicar justicia vulnerando los DD.HH. Mas, lo suyo no era una entelequia, sino la aspiración a una lucha de reconocimiento de este derecho de última generación.

Su elegante figura de internacionalista, su prudencia, su crítica a la realpolitik y su buen humor hicieron de él un ícono: ahí, en sus conversaciones, estaba el apretón de manos de Aldo Moro y Enrico Berlingüer, las cartas de Václav Havel y Mandela, o Vlad Putin cruzando Berlín.

El 20 de febrero de 2006 nos dejó, mismo día que Angelopoulus anunciaba el proyecto The Dust Of Time.

PP: AD PORTAS DE LA DEBACLE

Mariano Rajoy es la cara visible de una cúpula partidaria que se resquebraja en sus cimientos por la pérdida ineludible del poder y las venalidades que éste entraña. La otrora fortaleza de su implacable discurso de oposición a Rodríguez Zapatero y su deficiente manejo macreconómico entre el 2005 y 2008, o su éxitoso arribo a La Moncloa en época de crisis el 2010, son imágenes de una gracia perdida. Hoy, la mayoría, le mira con incertidumbre y le compadecen: nunca antes un político estuvo más solo y más mal acompañado. No es su culpa, es la realidad de su Partido Popular.

Así, mientras su investidura por el rey se ve cada vez más lejana, dos mujeres son sus peores enemigas internas: Esperanza Aguirre y Rita Barberá. Ambas erigidas desde muy jóvenes en íconos de la centroderecha que creció bajo el molde de Fraga y cuyas operaciones precipitan la debacle, arrastrando a todos en su paso.

En efecto, no puede haber carismas y discursos más enemistados entre sí, pero Rajoy es el que más pierde: logra pálidos y tibios triunfos morales.

Al tiempo que Aguirre, presidenta del partido en Madrid, renuncia por las investigaciones parlamentarias y el allanamiento de la sede por una orden judicial que responsabiliza a la estructura corporativa y no a un individuo, pudiendo conducir los procesos hacia su directa imputación; Barberá, en cambio, sumida en las denuncias por delitos económicos, se hace la desentendida, perjudicando la escasa credibilidad  de sus pretensiones electorales futuras y acrecentando la deslegitimación del partido.

El descalabro popular y la cleptocracia

Nunca antes la coyuntura fue peor: el camino al descalabro del Partido Popular español vuelve a tener un capítulo que enfrenta a su dirigencia con su militancia más fiel. Pareciera que este nuevo escándalo abrirá definitivamente la puerta a la hecatombe: cleptocracia debiere ser su calificativo más vergonzante. Una crisis que, sumada a la imposibilidad de un acuerdo de investidura de gobierno, amenaza con liquidar las pocas reservas morales de sus liderazgos y dilapida la confianza de un electorado que aún cree en la centroderecha.

Desde el año 2009, los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica, han expuesto con detalle forense la maquinaria para defraudar y enriquecerse ilícitamente, montada por sus autoridades −en diversos cargos de elección popular− y ejecutada bajo el alero de las estructuras jurídicas y administrativas del partido.

Delitos electorales y económicos, se funden en un modus operandi que funcionaba con precisión suiza, prevaliéndose sus partícipes de las relaciones de poder gubernamental para manejar el Estado construyendo su propio mercado político. Más de 300 políticos cuyos actos reiterados se interceptan y cruzan entre sí, asumiendo los mismos roles y los mismos grados de ejecución criminal: la lista delictual es larguísima. Desde otorgar boletas falsas por servicios no prestados hasta blanqueo de dineros, negociaciones incompatibles y con personas expuestas políticamente, tráfico de influencias, coimas no registradas, fraudes fiscales, apropiaciones indebidas, simulación de empresas, facilitamiento de delitos económicos, etc.

No era lobby, eran cohecho y lavado de activos ha sentenciado la justicia principalmente en una serie de concesiones públicas para infraestructura social y de turismo que se rifaban, emulando Tangentópolis. No era financiamiento irregular de actos de campaña por empresarios dadivosos, sino corruptelas y delitos económicos agravados por la jerarquía de sus hechores y la evasión de impuestos subyacente, pues han traspasado las arcas del partido a sus propias cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo esto, mientras España se repletaba de indignados, de miles de víctimas de la inseguridad alimentaria y de la nueva pobreza de la eurozona.

Cada caso ha sido paradigmático. Gürtel es la corrupción de los regalos lujosos a concejales y alcaldes. Bárcenas es la contabilidad perfecta: la legal, por una parte, y la sumergida, por otra: dos décadas de enriquecimiento criminal y clientelismo de alto nivel. Púnica es el modelo de negocios de los estertores: publicidad falsa, prensa a sueldo, empresas de papel y los mayores fraudes por concesiones arregladas en Europa, lo que incluso se replica en Latinoamérica.

La ética de la probidad versus la maquinaria de la elite

Cuando hace medio año se conoció la detención, solo por unas pocas horas, de Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y militante activo del PP −el único español en llegar a tan importante testera en el sistema de la ONU− por corrupción y lavado de activos, las redes de internet se volcaron a un solo objetivo: demostrar la falta de ética en los equipos de José María Aznar. La peor señal vino de una crónica que se repitió profusamente: de los 14 ministros que tuvo en su primer gabinete, 11 estaban siendo investigados por corruptelas documentadas y de escasa pulcritud en sus operaciones. Incluso, la aprobación en el 2012 de una amnistía fiscal elaborada a medida de varios de esos personeros le ha valido un descrédito tal a Rajoy y sus cercanos, que pocas posibilidades quedan para el PP de repuntar o mantener su piso histórico.

La renuncia de Aguirre, más allá de la creencia popular de que es ella ‘la madrina’, o ‘la madre’ de los jugadores que controlan las piezas delictivas del ajedrez, no es solo una venganza contra Rajoy por las pugnas de la última década, sino una oportunidad para retomar el discurso de la ética de la probidad que dejara instalado para los sectores de centro, en 1994, Adolfo Suárez. Ello tras la caída de González y el PSOE en los primeros escándalos de la transición.

¿Será toda la militancia parte de la maquinaria de la cleptocracia? No, pero la incipiente doctrina jurisprudencial de que la responsabilidad penal sea de entidades jurídicas políticas ha cambiado el eje del debate sobre los límites del mercado político, los alcances de los deberes de probidad, los niveles de vinculación de personas expuestas políticamente a la corrupción y la creación de una justicia preventiva mucho más eficiente.

Y si bien no fue Fuenteovejuna la que recorrió todo el iter criminis en los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica, las ‘Nuevas generaciones del PP’ asumen un riesgo: pedir justicia y aceptar que esa carga corporativa sea el mejor catalizador para su refundación.

No habrá un manos limpias en España, si no hay una gran voluntad por rearticular el tejido político dañado por una transición que se embebió de tanta Tercera Vía y democracia liberal.

SANDERS: UNA ÉTICA CONTRA LA DECADENCIA POLÍTICA

Berni Sanders

Mientras el grupo de los mandatarios que hicieron gala de la custodia de la tercera vía sigue cosechando críticas, la izquierda internacional mira con particular atención la definición del candidato demócrata a la presidencia de EE.UU.

Desde la aparición de Jimmy Carter hace casi cuatro décadas que el actual partido gobernante no tenía entre sus cartas a un político socialista y con una trayectoria tan larga dedicada a la defensa de los derechos humanos. Su nombre: Bernard Sanders, el primer independiente en llegar al Senado, el más longevo líder de la sociedad de derechos garantizados que encanta como Obama, pero que reprocha a los indignados, a la subpolítica, al neoliberalismo esclavizador y a los terceristas.

La ética contra la decadencia política: ese ha sido el legado de un hombre de más de 70 años que, tras haber luchado siempre contracorriente, por fin encuentra un electorado con una masa crítica capaz de poner en jaque el poderoso influjo mercantil de Hillary Clinton. Su discurso contra las intervenciones en Vietnam, Cuba, Chile, la RDA, Nicaragüa, El Salvador, Irak o Afganistán, ha sido invariable: el socialismo merece ser democratizado, mas no a merced de las políticas de shock y las bayonetas.

Desde Noam Chomsky, hasta el griego Alexis Tzipras y el español Pablo Iglesias, se abanderan con su candidatura, aunque él mantiene la cautela. Su liderazgo no es el resultado de una eclosión en las redes de internet ni representa la voz de los ‘outsiders’ que se amparan en el lema ‘no somos de izquierda ni de derechas’. Es, según él mismo, un líder a la antigua, que cree en la estética política, en la lucha de reconocimiento de los derechos fundamentales, en el diálogo y no en la confrontación.

Este lunes, el punto de no retorno contra el statu quo del Partido Demócrata comienza en el Estado de Iowa: allí se celebrarán las primeras elecciones, donde el universo de tres millones de electores podría ser beneficioso para su causa. Aunque no logre ganar a la fiel maquinaria de votantes pro Clinton, ha logrado instalar un nuevo horizonte ético con sus referencias a Gramsci o al Compromiso Histórico de Berlinguer y Moro.

Berni Sanders ya no será nunca más una ‘stella cadente’ de la izquierda.

WANNSEE Y LA MEMORIA JUDÍA

Casona de Wannsee
Casona ocupada en la Conferencia de Wannsee y que fue elegida por Reinhard Heydrich (el carnicero de Praga) para comunicar la política de Estado que se llamó ‘la solución final de la cuestión judía’.

La solución final, Wannsee, Auschwitz, los coroneles Adolf Eichmann y Reinhard Heydrich, y el doctor Mengele, son las claves culturales más universales de la estética política del exterminio y los crímenes contra la humanidad que nos han heredado el Tercer Reich y el Holocausto.

Más allá de Hitler, la tiranía que él construyó junto al partido Nazi fundó un paradigma de criminalidad que sigue irrumpiendo en el debate del derecho penal internacional.

Nunca antes hubo un verdadero Leviatán con su temeraria simbología social y moral tan poderosamente defendida por una nación y la aceptación de la impunidad de las atrocidades del terrorismo de Estado.

Cierto es que los cerca de 6 millones de judíos, gitanos, eslavos, discapacitados y homosexuales que murieron tras la limpieza étnica entre 1933 y 1945 no constituyen el primer genocidio del siglo XX, ni siquiera el que cobró mayores víctimas, pero su testimonio abrió la puerta a la discusión sobre los límites del Estado de derecho capaz de albergar esta ideología, y la urgencia de la universalidad de la persecución de los crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Fue el 20 de enero de 1942 que la Conferencia de Wannsee marcó un punto de inflexión en la política estatal de la cuestión judía. Una reunión -dirigida por Heydrich y secundada por Eichman- en que los 15 representantes de las divisiones administrativas de Alemania se transformaban en facilitadores de la solución final: la muerte de más de diez millones de judíos, desde Noruega a Italia, en Europa y, desde Libia a Marruecos, en África.

Una tarea que debería tomar poco más de un año y donde la ingeniería de las cámaras de gas y grandes incineradores evitarían la responsabilidad directa de soldados o de cualquier mano homicida.

Ese fue también el estreno de Auschwitz como la más valiosa joya de la maquinaria genocida, cuyos nonagenarios operadores aún son investigados por la justicia, y cuya liberación por los soviéticos el 27 de enero de 1945 develó además los oscuros métodos de experimentación genética de Mengele.

Seis décadas después, la ONU ha acordado que sea el 27 de enero el día mundial de la memoria del pueblo judío como un recordatorio de que el odio y los totalitarismos merecen ser tipificados como crímenes internacionales.

http://www.elmostrador.cl/tv/archivo-tv/2016/01/19/miradas-el-holocausto-wannsee-y-la-memoria-judia-por-giovanna-flores-medina/

AL ASSAD Y LA HAMBRUNA DE MADAYA

Niña de Madaya

Estremecedor e inhumano, un video con el doloroso relato sobre la agonía de una familia siria víctima del hambre y del terror se difunde en todos los medios, y es apenas una muestra del averno en Madaya. Antes fueron Homs y el campo de refugiados de Yarmouk las ciudades que acapararon la prensa por las atrocidades que uno y otro bando han cometido en esta guerra de media década.

Sin embargo, la tragedia de hoy es una hambruna profusamente documentada que evoca las deplorables imágenes del holocausto. Niños y adultos famélicos, centenares de muertos que a diario ocupan las calles y ruinas, y una pestilencia que se cierne sobre la otrora ciudad de lujos y hortalizas veraniegas como la mayor indignidad para los civiles y su fe.

Infames 175 días de asedio, devastación y carestía que han dado el golpe final de la famosa serie de Los Juegos del Hambre o de alguna megaproducción holywoodense. Mas, esto no es ficción ni propaganda política, y no cabe otra calificación para ello que el de crimen de guerra, cuyos responsables debieren ser investigados y sancionados. Una justicia penal internacional que parece ilusoria ante el poder de los aliados de Bashar Al Assad. China y Rusia —interesadas en la reconstrucción y el control energético— apoyan el cierre total de fronteras a la ayuda humanitaria, pese a que no existe amenaza terrorista alguna, ni fuerzas de Estado Islámico y menos presencia de militares, mercenarios o sicarios occidentales. Un discurso que se torna vergonzante e ilegítimo, pues hace gala de las miserias del negacionismo y cuyo vocero, el gobernante sirio, llega a afirmar que las bajas de Madaya son las propias de un conflicto; mientras los activistas de derechos humanos denuncian —parangón del nazismo— los crímenes de su triunfo de la voluntad.

Los sobrevivientes, más de 40 mil habitantes y mayoría suní, claman por una verdadera paz —junto a los millones de víctimas— y no el limbo de indefensión de la hoja de ruta pactada entre las naciones amigas de Siria y validada ante el Consejo de Seguridad de la ONU a fines del 2015.

La reparación, la memoria y la verdad procesal son derechos humanos universales y Madaya, aunque tarde décadas su justicia, necesita de nuestro debate y atención.

Save Madaya

http://www.theguardian.com/world/2016/jan/11/madaya-more-starvation-deaths-as-aid-convoys-head-to-besieged-syrian-town

EL GENOCIDIO DE RUANDA: JUSTICIA Y UNIVERSALIDAD

Ruanda

800.000 muertos reconoce la justicia penal internacional como la cifra infame del odio y las atrocidades que avergüenza a la ONU y enluta a Ruanda desde 1994: el primer genocidio que conoció el mundo tras el holocausto. Entre el 6 de abril de ese año y agosto, sistemáticamente, la histórica violencia tribal devino en una guerra civil y en la implementación de un plan de exterminio de la minoría tutsi por los gobernantes de la población hutu.

Aquella tarde, el magnicidio del presidente ruandés y su par de Burundí, quienes viajaban juntos en un avión derribado por misiles —cuya autoría jamás ha sido investigada—, abrió la puerta al terrorismo de Estado, disponiéndose ilegítimamente de las ayudas humanitarias para el pago de mercenarios que ejecutaran ‘la solución final’.

De inmediato la prensa extranjera dejó testimonio del averno que se extendía por aquel país sumido en la extrema pobreza del 70% de su población —de un total de 8 millones—, cuya esperanza de vida promediaba los 44 años y cerca de 250.000 adultos padecían los efectos del SIDA. En cuestión de semanas, las iglesias y escuelas se convirtieron en centros de esclavitud y tortura, incluyendo mutilaciones, violaciones colectivas y ejecuciones. Todo ello ante el inmovilismo y el debate vacuo de Naciones Unidas sobre el derecho o no a intervenir militarmente y la urgencia de otros conflictos post-soviéticos.

Meses después, la única salida fue la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene amplias atribuciones para perseguir a los responsables de genocidio y otras violaciones del derecho humanitario cometidas en 1994. Una instancia criticada por el reducido número de condenas, la escasa independencia de sus jueces y fiscales al compartir funcionarios con el Tribunal para la Ex Yugoslavia, y un supuesto secretismo con otras jurisdicciones nacionales, como la francesa que en virtud del principio de la universalidad ha logrado condenar a varios criminales excluidos por la corte.

Este 31 de diciembre cierra su funcionamiento y, pese a la deuda con el derecho a la memoria de las víctimas, constituye un hito que legitima el imperio de la justicia penal internacional y la responsabilidad de proteger.

Infografía Ruanda
Infografía, Fuente: INFOBAE.COM

PARÍS: REALPOLITIK Y JUSTICIA CLIMÁTICA GLOBAL

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Ante las crisis humanitarias que está provocando el cambio climático, hoy Francia es considerada la cuna de una nueva doctrina: la incipiente justicia climática internacional y de los Derechos Humanos.

Por primera vez, desde la Conferencia de Rio 92 y tras varios fracasos, los 195 estados miembros de la Convención Marco contra el Cambio climático logran un pacto de mínimos, sometiéndose a deberes de autorrestricción de emisiones contaminantes y su revisión quinquenal, además de aprobar un fondo común de inversiones para el desarrollo de energías limpias.

Todo ello, considerando prerrogativas y bienes jurídicos colectivos de última generación: seguridad alimentaria, bioseguridad, salud y agua.

El Acuerdo de París del pasado 12 de diciembre y su escueta mención al concepto de justicia climática fijan entonces un punto de no retorno en el limbo de indefensión que durante dos décadas ha creado una geopolítica del abuso sobre la soberanía de los recursos naturales, dentro y fuera de los límites nacionales.

El apocalipsis chino de nubes tóxicas que acechan a Beijing; el Leviatán de las mafias pesqueras que asedian el patrimonio marítimo de ciertos países; la debacle de la fauna marina por el deshielo de los glaciares; la crítica deforestación del Amazonas; el uso indiscriminado y sin medidas de mitigación de la economía de los combustibles fósiles; la agonía de la soberanía alimentaria de etnias de Centroamérica y del Sudeste Asiático, así como las crisis de desplazamiento de centenares de miles en Bangladesh y Medio Oriente, son todas resultado de un mismo fenómeno que atenta contra la vida humana y perpetúa la pobreza.

Más allá de la realpolitik de los conversos climáticos –EE.UU, Rusia, China, India, y Canadá, entre otros–, preocupados como nunca antes del cambio hacia la matriz de energías limpias y su control, lo relevante es que se ha abierto la puerta a una justicia climática centrada en los derechos humanos.

La tipificación de crímenes medioambientales como figuras de lesa humanidad y la creación de una corte internacional sobre la materia son parte de una lucha de reconocimiento que recién comienza.

Chile es uno de sus suscriptores y está obligado a asumir una posición que vele por su derecho al desarrollo y una justicia climática propia.

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node/3444

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